*Manuel Gil Antón
El 19 de enero, el secretario de Educación Pública anunció que Francisco Garduño Yáñez será el director general de los Centros de Formación para el Trabajo. Indicó que son claves en la implementación del Bachillerato Nacional. Afirmó que es un funcionario ejemplar y que el nombramiento lo hizo la presidenta de la República.
Dos días después, en su conferencia matutina, la doctora Sheimbaum —a partir de una pregunta sobre el tema y diversas inconformidades suscitadas por la designación— argumentó que Garduño ha trabajado muchos años en la administración pública y que siguió un proceso penal que ya ha concluido; además, señaló que es doctor en Derecho y que ese no es un perfil cualquiera. Comentó que junto con Mario (Delgado) analizaron varias opciones, y decidieron que él era el más indicado.
En un momento dado, la presidenta dijo una frase que me importa resaltar: “Que es polémico (el nombramiento), sí, porque la oposición siempre va a decir…”
Me detengo en esas palabras porque, a mi juicio, no es adecuado juntar todos los comentarios críticos a la decisión tomada en el mismo saco de quienes, haga lo que haga la actual administración, estarán en contra porque sí, sin reflexión alguna.
Hay críticas que provienen de personas, y grupos, que distan, y mucho, de quienes cuestionan todo habida cuenta de la pérdida de canonjías o privilegios de los que disfrutaron antes.
Garduño fue titular del Instituto Nacional de Migración (INM) desde 2019 y hasta 2025.
Una vez conocida la decisión, hubo expresiones de desacuerdo. Desde el campo de quienes estudian los procesos migratorios, y activistas que procuran que quienes se desplazan sean tratados de acuerdo con los derechos y la dignidad que corresponde, ha habido inconformidad pues consideran que el ejercicio de su responsabilidad en el INM no fue correcto. Señalaron desaseo en los procesos administrativos y, sobre todo, recordaron el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo de 2013, que causó 40 muertes y muchas personas heridas. Esa fue la causa del proceso legal antes dicho.
Y desde el ámbito educativo, hay a quienes extrañó la designación, y lo expresamos con claridad, al no encontrar, en su trayectoria, experiencia o conocimiento de la complejidad que conlleva la función que se le ha encomendado. Para tener una idea de lo que implica, aporto algunos datos: ha de coordinar 199 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI); 28 Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT); 282 Unidades de Capacitación y 133 acciones móviles, en el contexto de una reforma a la educación media superior en marcha, compleja pero muy importante, en curso. Su puesto requiere comprender lo que está en juego en un mundo en que el trabajo se redefine aceleradamente, y que puede, o no, abrir espacios para el futuro de cientos de miles de jóvenes.
¿Fue ejemplar su desempeño en Migración? ¿Tiene los conocimientos y experiencia para ocupar el cargo?
No hay duda de las facultades legales que tiene la presidenta para nombrarlo, pero pienso que hacerlo no es trivial y, ante estos cuestionamientos, legítimos a mi entender, sería conveniente una actitud que no sea suponer pura mala fe al expresarlas, ni intereses mezquinos de por medio. Se necesita esta distinción. Es vital.
Se trata de un derecho ciudadano que, al ejercerse, fortalece a la democracia. Tomarlas en cuenta —no descartarlas, y distinguirlas de las rabietas— es virtud de un ejercicio del poder que escucha y, al hacerlo, aprende.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México
mgil@colmex.mx @ManuelGilAnton
