Ojalá que la simpatía por la figura presidencial o hacia la toma de decisiones políticas sin un fundamento médico o de salud, influyeran, de manera decisiva, para que los contagios por el SARS-CoV-2 no se propagaran a la velocidad en que lo hace en los seres humanos. Ojalá que las declaraciones presidenciales que, al inicio de esta contingencia, invitaban a “abrazarse porque no pasaba nada” o bien que, con estampillas en mano, se pusieran como ejemplo “protector” contra el virus, pudieran haber evitado el fallecimiento de más de 230 mil personas y los más de 2 millones 400 mil casos confirmados (El Financiero, 2021).

Momentos álgidos se vivieron en los últimos días del ciclo escolar 2020-2021; por un lado, diversas expresiones se observaron en diferentes medios de comunicación derivado del mensaje que, la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, dirigió al magisterio nacional en el video para la Octava Sesión del Consejo Técnico: “por instrucciones del Presidente de la República, se siguió cubriendo el salario y prestaciones del personal educativo durante la pandemia”

Con la Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB) implementada en preescolar en 2004, secundaria en 2006 y primaria en 2008, se dio vida a lo que el magisterio conoció como el Plan de Estudios 2011; no obstante, años después, este mismo magisterio transitó al tan renombrado modelo educativo y propuesta curricular Aprendizajes Clave para la Educación Integral justo a un año de que el gobierno peñanietista dejara Palacio Nacional. 

Trasladar la escuela a la casa no fue la mejor decisión que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó al inicio de la pandemia pues, como se sabe, la escuela es por excelencia el espacio en el que ocurren una serie de interacciones de gran valía para la generación y adquisición de aprendizajes formales en los estudiantes. ¿Por qué fue tan necesario e indispensable que, tanto profesores y alumnos, agotaran los contenidos de un plan de estudios durante el ciclo escolar 2020-2021 o, mejor dicho, porqué no se propuso, desde la propia Secretaría, la dosificación de contenidos o el desarrollo de actividades relacionadas, por ejemplo, con la lectura y escritura situadas en el propio contexto de los educandos para favorecer dichos aprendizajes puesto que las condiciones de vida de los padres de familia de los niños, niñas y adolescentes (NNA) son tan diversas?, ¿acaso no se contaba con un diagnóstico de esas condiciones cuando el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica continuamente indicadores sobre ese rubro?

A mi mente vienen las diversas manifestaciones de rechazo e indignación magisterial que produjo la mal llamada reforma educativa de 2013. De la noche a la mañana, las maestras y maestros fueron catalogados como idóneos y no idóneos, dependiendo de los resultados de un concurso de oposición que no daba cuenta de lo que sucedía, o podía suceder, en un salón de clases. 

Desafortunadamente las maestras y maestros no conocieron los lineamientos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendría que haber emitido para establecer un sistema de seguimiento y apoyo para estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de procurar su permanencia y continuidad académica tal y como lo estableció el Acuerdo 12/06/20 por el que se informó de diversas disposiciones oficiales para evaluar el ciclo escolar 2019-2020, mismo que se vio afectado por la contingencia sanitaria. 

Corrían los primeros meses del 2012 y se anunciaba con bombo y platillo el estreno del documental absurdamente llamado “De Panzazo”, mediante el cual, según sus directores Carlos Loret de Mola y Juan Carlos Rulfo, se abordaba el tema de la crisis de la educación de México. 

De la reforma a la reforma educativa de 2013 se desprendieron sus leyes secundarias, entre ellas, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) cuyo objeto, de acuerdo al artículo 1º de dicha ley, consiste en: I. Establecer las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión, con pleno respeto a sus derechos; II. Normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza función docente, directiva o de supervisión, y; III. Revalorizar a las maestras y los maestros, como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos. 

Un tema que, de alguna forma fue eclipsado por el reciente proceso electoral que vivimos en México, fue el que denunció en los últimos días del mes de mayo la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI), a través de un informe en el que se “reveló la persistencia de abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 escuelas en agravio de decenas de infantes de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca” (Díaz, 2021). 

Y luego “el reporte de incidencias”; un documento que, como lo he dicho y afirmado, confirma el estado de indefensión en el que se deja a quien participó en este proceso de admisión por dos razones: a) la misma Unidad resolverá esas incidencias ¿con base en qué? y b) el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) difícilmente levantará un dedo para intervenir puesto que, con seguridad, afirmará que no es ámbito de su competencia al ser un proceso de admisión, pero eso sí, cuando sea llamado por los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales derivados de la emisión de la convocatoria respectiva (Art. 39, numeral IV), con seguridad sí se hará presente, ¿para qué? En consecuencia, los afectados en este proceso ¿tendrían que demandar a este órgano administrativo y a la propia Secretaría para que se reponga el proceso?