La dirección general del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), perteneciente a la Oficialía Mayor de la SEP, informó que entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2018 los estados han aplicado descuentos a 69 mil docentes de educación básica que, por razones injustificadas, dejaron de asistir a cumplir con sus labores docentes y administrativas.
Los descuentos aplicados equivalen a 46 millones 300 mil pesos.
Los estados que acumularon mayor número de faltas injustificadas y por consecuencia de descuentos, de acuerdo con la información enviada a la SEP, son Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz. Destacan en particular los estados de Chiapas con 14 mil 203, y Oaxaca con 11 mil 220 docentes.
Por otra parte, es importante reiterar que de conformidad con la normatividad vigente, los estados son los titulares de la relación laboral con los docentes federalizados pertenecientes a educación básica y, en tal capacidad, están obligados a comunicar a la SEP, cada quincena, los datos de los trabajadores docentes que de manera injustificada incumplieron con el desempeño de la función educativa, en virtud de que la dependencia federal paga por cuenta y orden de los estados.
En ese sentido, los artículos 26 de Ley de Coordinación Fiscal y 75 de la Ley General de Educación establecen con toda claridad que “… no proporcionar información veraz y oportuna” relacionada con la función docente a efecto de garantizar el pago de la nómina educativa es una infracción que podrá ser sancionada tanto administrativa como económicamente. Igualmente las “Disposiciones específicas que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina” precisan en su numeral 62 que las autoridades educativas locales son las únicas responsables de la información que sobre este particular presenten a la SEP de manera veraz, verificable, exacta y transparente.
La SEP estará muy atenta a la observación de las anteriores disposiciones y, en su caso, a informar a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y demás órganos fiscalizadores federales y estatales sobre su posible incumplimiento.
