El Pacto convertido en Reforma, Ley y episodio de neurosis

• Alma Maldonado
• 26 noviembre, 2013
• Opinión
• CNTE, INEE, reforma educativa, SNTE

 Con la presentación de su reforma educativa, el 10 de diciembre del 2012, Enrique Peña Nieto inauguraba formalmente el arranque de las reformas que se impulsarían desde el Pacto por México que habían firmado una semana atrás, con bombo y platillo, los tres principales partidos políticos en el país: PRI, PAN y PRD. La decisión de comenzar por la reforma educativa estuvo plenamente justificada: Primero, por la importancia que la población y la opinión pública, en general, atribuyen a lo educativo; en segundo lugar, por el evidente abandono que la agenda educativa sufrió con los gobiernos del PAN, lo cual ponía al PRI en el mejor escenario para diferenciarse de sus antecesores y tercero, porque la presentación de la reforma vino acompañado del primer golpe político del sexenio, nada menos que en contra de Elba Esther Gordillo (la histórica líder del SNTE) quien sin duda es uno de los personajes más impopulares de toda el ámbito nacional. Por lo tanto, parecía que a todos los integrantes del Pacto les resultó muy conveniente, política y mediáticamente, arrancar las reformas con el ámbito educativo.

La intensidad política de todo este proceso de reforma ha variado, desde la publicación de los cambios al Artículo Tercero Constitucional en el Diario Oficial de la Federación —el 26 de febrero de 2013—a la entrada en vigor —el 12 de septiembre de 2012—de las tres Leyes Secundarias que conforman dicha reforma: las Leyes General de Educación, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la General del Servicio Profesional Docente (LGSPD). Si bien, las tres Leyes fueron aprobadas por amplias mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores, la historia de la Ley del Servicio Profesional Docente fue distinta. Mientras que las Leyes General de Educación y del INEE se aprobaron el 22 de agosto, la de Ley del Servicio Profesional Docente tomó más tiempo (7 días hábiles adicionales). A todas luces se trataba de la Ley más polémica y por lo mismo, la Ley que iba a requerir de las negociaciones más complicadas entre los sectores interesados.

Uno de los grandes temas en el debate actual es si la citada Ley debe considerarse primordialmente como una reforma laboral para los trabajadores de la educación, o si es ante todo una reforma educativa de gran envergadura que afecta indirectamente otros ámbitos. Claramente cualquiera de las dos posturas resulta insuficiente para comprender el alcance de la citada reforma. Si bien Ley del Servicio Profesional Docente plantea cambios que afectarán derechos laborales esenciales de los trabajadores de la educación, también incluye otros temas que impactarán  la manera como se conducirá el sistema educativo nacional de aquí en adelante. Por ejemplo, cambios en su organización, en la reestructuración del trabajo en las escuelas y fundamentalmente, cambios derivados de incorporar plenamente la evaluación en el sistema educativo.

Si tuviéramos que resumir el principal planteamiento de la reforma educativa actual no hay ninguna duda que el eje central de la misma es la incorporación de la evaluación. El principal argumento a favor de la instauración de procesos de evaluación en la educación básica y media superior es que con ello se responde a una demanda de la sociedad mexicana, sin embargo, lo cierto es que a nivel mundial el establecimiento de políticas de evaluación —que comienza a mitad de la década de los ochenta y se consolida en la década de los noventa— ha fungido como mecanismo de control de los sistemas educativos y sus instituciones. Llegar a una conclusión sobre si ejercer mayor dominio administrativo, político, financiero o del tipo de que sea, ha sido benéfico para los distintos sistemas educativos, para los alumnos, para los docentes, o para los gobernantes, requeriría otro análisis. Pero lo que se debe dejar claro es que no existe un consenso al respecto y en cambio sobran las interpretaciones y existen evidencias empíricas a favor y en contra.

Si bien la LGSPD aprobada tuvo algunos cambios interesantes con respecto a la primera versión, tales como el papel que se les estaba otorgando a los directores de las escuelas, aspecto que afortunadamente se matizó (ver Maldonado, 2013), otros temas se mantuvieron intactos. De la Ley aprobada destacan los siguientes puntos preocupantes:

a. Las ambigüedades que incluye la Ley dejan lugar para prácticas cuestionables tipo discrecionalidad, corrupción y revanchismos. Por ejemplo, la Ley señala que es muy importante en la evaluación de los maestros no contar con una “nota desfavorable en su expediente”. ¿Con base en qué elementos se definirá qué es una “nota desfavorable”? ¿quién será el responsable de emitir esa nota? ¿qué mecanismos de apelación existirán respecto al contenido de la misma? Igualmente, se señala que “la adscripción de la plaza tendrá vigencia durante el ciclo escolar en que sea asignada y el docente podrá ser readscrito, posteriormente a otra Escuela conforme a las necesidades del Servicio” (Poder Legislativo Federal, 2013, p. 19). ¿Cómo se tomará la decisión respecto a la pertinencia de la plaza? ¿cómo se garantizará que no se quiera usar este apartado de la Ley para chantajear políticamente a los maestros? ¿o para ser usado como mecanismo de presión de algún tipo?

b. La Ley señala que la “Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado evaluará el desempeño del Personal Docente para determinar si en la práctica favorece al aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias propias de la función docente” (Poder Legislativo Federal, p. 19). Las consecuencias de unir el desempeño de los maestros al aprendizaje de los alumnos medido, comúnmente, a través de exámenes estandarizados han generado situaciones de exclusión hacia los alumnos con bajo desempeño en sistemas educativos como el chileno. Son comunes las historias sobre tratar de evitar que los alumnos con más bajo desempeño no participen de los exámenes para evitar afectar el desempeño del profesor. Ese tipo de consecuencias en un contexto como el mexicano puede ampliar la desigualdad en las escuelas. Al mismo tiempo la Ley está incluyendo un apartado donde señala que dentro del programa de estímulos económicos que sustituirá a Carrera magisterial se “dará preferencias al personal que trabaje en zonas que presenten altos niveles de pobreza” (Poder Ejecutivo Federal, 2013, p. 24). La pregunta es ¿cuál será la relación entre el desempeño de los alumnos y la ubicación de las escuelas, en este caso?

c. La desarticulación que existe entre el tema de la formación de maestros y la actual reforma es evidente en la LGSPD. El artículo 24 señala que en la educación básica el perfil relacionado con tal nivel corresponderá al “académico con formación docente pedagógica o áreas afines” y que se privilegiará el “perfil pedagógico docente de los candidatos; también se considerarán perfiles correspondientes a las disciplinas especializadas de la enseñanza” Poder Ejecutivo Federal, 2013, p. 19). Y en los transitorios se afirma que en los siguientes 2 años los concursos de oposición serán únicamente para los egresados de la Normales, a menos que no se cubran todas las vacantes se abrirán los concursos (Poder Legislativo Federal, p. 46). Es decir, los actuales alumnos en su tercer y cuarto año de Normal se encuentran en posibilidades de tener garantizado el concurso exclusivo para normalistas; pero a partir del 2014, todos los egresados de las normales tendrán que competir por plazas de docentes frente a otros profesionistas del área de educación o inclusive provenientes de otras áreas. El caso es que la Ley cierra con el compromiso de que la SEP formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales a nivel nacional de “diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional” (Poder Legislativo Federal, 2013, p. 47). Considerando que la gran aspiración era contar con una reforma integral del sistema educativo, llama la atención (y yendo más allá) es inadmisible, que la parte de formación de profesores haya quedado tan descuidada en todo el proyecto de reforma. Recientemente la UNESCO (2013) ha calculado que se requerirán a nivel mundial cerca de 1.6 millones adicionales de maestros en el mundo para antes del 2015. Bajo ese panorama, el único mensaje claro que ha mandado la presente reforma educativa es de desaliento sobre la importancia de la profesión docente y su futuro. Es absolutamente lamentable la falta de visión a este respecto.

Por último el que posiblemente es el tema crucial de la reforma, el que es el punto más importante de tensión entre la disidencia magisterial y el gobierno federal:

e. La SEP y las secretarías estatales podrán despedir a los maestros sin ninguna responsabilidad en caso de que los maestros contratados—a partir de la entrada en vigor de la Ley— se nieguen a ser evaluados o si fallan en los requerimientos establecidos por la LGSPD. En los artículos transitorios se señala que serán únicamente los maestros que actualmente cuentan con un nombramiento definitivo los que tendrán la posibilidad de, a pesar de no obtener un resultado suficiente en su evaluación, no ser separados de su cargo, sino readscritos (Poder Legislativo Federal, 2013, p. 43). En cambio, los maestros que se incorporen a partir de la nueva Ley no contarán con esta posibilidad y serán separados del servicio público “sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado” en caso de negarse “a participar en los procesos de evaluación”, incorporarse “al programa de regularización” u obtener “resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53” (pp. 43- 44). Es decir, los nuevos docentes son los que se enfrentarán a una ley inclemente ¿acaso se buscaba atemperar las movilizaciones de los normalistas?

Respecto a los aciertos de la Ley, resaltan sobre todo: la penalización de la venta de plazas, el establecimiento de sanciones importantes a los docentes faltistas y la eliminación de la posibilidad de ocupar plazas docentes en otras actividades que no sean las de estar frente a un grupo. Se trata de tres buenas noticias, que deben ser vistas como tres concesiones arrancadas al Sindicato en su conjunto (disidencia incluida).

La pregunta que queda entonces es ¿por qué entonces la LGSPD, y la Reforma Educativa en lo general, dejó tan insatisfechos a propios y extraños? Hubo bastante disgusto con su contenido y muy pocos sectores realmente la celebraron. La insatisfacción puede deberse a los resultados de las negociaciones que se dieron tanto con el SNTE como con la CNTE. Desde luego la mayor concesión para el SNTE fue la discrecionalidad que deja en especial la LGSPD, en todos los apartados donde se encuentra esa discrecionalidad el SNTE debe encontrar mucho alivio. De otra manera, no se explica el porqué el SNTE sólo se ha dedicado a emitir declaraciones de apoyo a la Reforma Educativa, mientras que la CNTE lleva semanas de movilizaciones en varios Estados de la República y, de manera principal, en la Ciudad de México.

Los retos de la Ley son demasiados. Primero, la resolución del conflicto político. Donde no se observan soluciones concretas a excepción de una filtración que señala que una salida que se la ha ofrecido a la CNTE es “revisar aplicaciones de leyes secundarias en los Estados” (Reforma, 2013, p. 4). Sin embargo, no se ve cercana una solución a la actual crisis política entre el gobierno federal y la disidencia magisterial. El otro problema es que además de la crisis política que se enfrenta, los tiempos que marca la Ley son cortos. Por ejemplo, para el 20 de diciembre del presente año —aproximadamente— la SEP y los organismos descentralizados tendrán que haber entregado al INEE, las “propuestas de parámetros e indicadores en términos de los previsto en el Título Tercero de la Ley” (Poder Legislativo Federal, 2013, p. 42). O bien, para el 31 de enero del 2014 —a más tardar— el INEE “deberá publicar un calendario en el que se precisen las fechas, plazos o ciclos escolares durante los cuales se tendrán, conforme a las disposiciones de esta Ley, debidamente implementados y en operación los concursos y los procesos de evaluación para cada tipo educativo” (Poder Legislativo Federal, 2013, p. 42). Al contrario, el tiempo realmente es muy corto. Finalmente, la reforma implicará costos financieros que no parecen estar del todo contemplados en los presupuestos y que dejan más preguntas que respuestas, sobre todo teniendo como escenario las dos reformas que se vienen: la energética y la fiscal.

Finalmente, ¿por qué la neurosis? Una cosa que los especialistas nos dicen sobre la misma es que si bien ahora es considerado un término en desuso, sustituido ahora por el de “desórdenes de ansiedad”; neurosis ha sido útil para describir situaciones de “ansiedad, tristeza o depresión, enojo, irritabilidad, confusión mental, baja autoestima, actos impulsivos y compulsivos, aletargamiento, pensamientos poco placenteros e inquietantes, pensamientos repetitivos y obsesivos, fantasías habituales, negativismo, cinismo. Además de que acarrea problemas de dependencia, agresividad y conductas socio-culturalmente inapropiadas”. Suena muy difícil no relacionar varias de estas situaciones con el impacto que han generado las leyes secundarias, en que en los hechos significan la materialización de la reforma educativa.

El Pacto por México se propuso textualmente: “Aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA”; “aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior” y “que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad” (Pacto por México, 2012). Finalidades, dicho sea de paso, de muy menor alcance comparado con lo expresado en los propósitos de las leyes secundarias. El caso es que la a reforma está quedando como ejemplo de unos acuerdos que en los hechos, dejan más frustración y desaliento (en algunos sectores), pero sobre todo muchas dudas e incertidumbre. Y de la agenda en materia de educación superior ni una palabra. Porque en efecto no existe absolutamente ningún planteamiento al respecto. Pero esa es otra historia.

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Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV y profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Referencias

Boeree, G.C. (2002). A bio-social theory of neurosis. Consultado 4 octubre, 2013. Tomado de: http://webspace.ship.edu/cgboer/genpsyneurosis.html

Maldonado (2013) Ley del Servicio Profesional Docente. Educación Futura. Tomado de: http://www.educacionfutura.org/ley-del-servicio-profesional-docente-siete-temas-y-un-deseo/

Pacto por México (2013) Reforma educativa. La educación es la base para transformar México. Consultado 5 de octubre. Tomado de http://pactopormexico.org/acuerdos/

Reforma (2013, octubre 4). Consulta la CNTE acuerdo con la Segob. Consultado 4 de octubre,  p. 4. Tomado de: http://www.reforma.com/edicionimpresa/vista.asp?seccion=nacional&fecha=20131004&pagina=4&ext=pdf

UNESCO (2013). The global learning crisis. Consultado 5 de octubre. Tomado de: http://visual.ly/global-learning-crisis