El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Juan Pablo Castañón, exigió al Gobierno Federal a no negociar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pidiendo que se regrese la paz a la sociedad y las empresas de las localidades afectadas por los maestros disidentes.
Mediante un comunicado, el representante empresarial señaló que “ya es hora de recuperar la paz, el respeto y la legalidad, es hora de actuar de todos, y desde el sector empresarial y la sociedad, así lo demandamos.”
En este sentido, puntualizó que ha llegado a un punto inaceptable la disrupción en varias zonas del país de la legalidad, el orden y la paz pública por parte de la CNTE y otros grupos afines, que no son representativos de la mayoría de los maestros y que en muchos casos persiguen Intereses particulares: al hartazgo social y riesgos de ingobernabilidad, por la impunidad con que se da, los costos económicos para la población ajena al conflicto y porque no se ve voluntad para resolver el problema pronto y de forma perdurable. “Como nación, no podemos permitir que se siga trastornando así nuestra vida económica, social y política”, agrega.
Ya basta: los derechos y la seguridad física y patrimonial de ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de diálogo o negociación entre un grupo en particular y las instituciones del Estado.
Por tanto, expone, el diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública, y menos aún si quien paga los costos y las pérdidas es la sociedad, son los ciudadanos.
En su mensaje, Juan Pablo Castañón advierte que además de “frenar cambios para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, en especial en algunas de las zonas más castigadas por la pobreza y la exclusión, el conflicto está generando afectaciones muy serias y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población y la sociedad”.
Una sociedad no puede funcionar si no se cumple el requisito mínimo del Estado de derecho: si se viola la ley y no hay consecuencias, si no existe seguridad física y patrimonial, ni justicia efectiva. Más aún, si la intransigencia y la violencia son premiadas con canonjías o claudicaciones, en una palabra, con impunidad. Si en aras de resolver un problema político se concede la no aplicación de la ley y sus consecuencias para quien la infrinja, se generan muy graves precedentes políticos y sociales.
Sobre los diversos diálogos que mantiene la CNTE con la Secretaría de Gobernación, el empresario señaló que
se requiere apertura de ambas partes, pero también, y con urgencia, de plazos y límites precisos en la negociación. No involucrar los derechos de terceros, que no se negocie la ley y que haya transparencia ante la sociedad. No debe haber, de espaldas a la sociedad, concesiones ilegítimas o inviables en el tiempo.
En torno a la reforma educativa, pueden mejorarse aspectos técnicos y de implementación, agrega.
“Pero los principios y objetivos, que cuentan con el aval del Constituyente Permanente, no pueden ser trastocados sólo en función de la visión particular y la presión agresiva de un grupo, importante pero no la única voz que merece y debe ser escuchada en el debate educativo en México”, concluye.
