Los fideicomisos emanados del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33 y los Bonos de Infraestructura Educativa, del Programa Escuelas al CIEN, sí son deuda, y deben someterse a todas las leyes de transparencia y rendición de cuentas, pues existe el riesgo de que se registren prácticas corruptas al no hacerlo, señalaron especialistas.
Durante la sesión del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mariana Campos, Coordinadora de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa, señaló que el dinero generado de las emisiones en la Bolsa de Valores, debe considerarse público, y tener todo el seguimiento de transparencia para evitar posibles actos de opacidad y corrupción.
Explicó que, hasta ahora, esos recursos se mantienen en un fideicomiso considerado como privado, por lo que bajo esta figura, pueden estar exentos de transparentar todas sus operaciones, lo cual representa un gran vacío en la ley de transparencia. Sin embargo, insistió, se trata de dinero público, pues la deuda se pagará con el FAM del gobierno federal y los estados.
Mariana Campos consideró que la ley debe establecer acciones concretas respecto a las responsabilidades públicas del uso de estas herramientas económicas. Por ejemplo, señala que en la mayoría de los casos, los altos mandos gubernamentales o empresariales autorizan y manejan los recursos, pero quien firma y asume la responsabilidad, es algún funcionario o empleado menor.
Finalmente, pidió a la sociedad en general tener una mayor cultura de vigilancia y exigencia de transparencia, pues no se pueden permitir más triunfos de la opacidad y corrupción mediante disfraces legales.
