Fortalecer o ampliar la educación superior: obligatoriedad, equidad y financiamiento

• Pluma invitada
• 4 noviembre, 2019
• Opinión
• Sylvie Didou Aupetit

Sylvie Didou Aupetit

La educación superior está en crisis. Recientemente, actores, sindicatos universitarios y autoridades institucionales urgieron el gobierno a resolver las carencias de financiamiento y los retrasos en la canalización de  los recursos. Realizaron paros y denunciaron declaraciones polémicas sobre el rol, social e intelectual, de las instituciones del campo y las descalificaciones padecidas en tanto miembros del colectivo universitario.

En ese contexto, el 29 y 30 de octubre de 2019, la XLIV Legislatura de la Cámara de Diputados, la ANUIES y otros organismos organizaron el “Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior”, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Además de tender puentes entre sectores distanciados, buscaron recabar propuestas sobre cómo concretar la reforma de la educación superior, cifrada en el concepto de obligatoriedad. Este había sido incluido en la fracción X del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado por el Diario Oficial de la Federación, en Mayo 2019. 

En la sesión plenaria, intervinieron los  presidentes de las comisiones de Presupuesto (Dip. Ramírez Cuellar) y Educación (Dip. Adela Piña)  de la Cámara y el Presidente de la Comisión de Educación del Senado (Sen. Rocha Moya). Advirtieron que, para garantizar el acceso con gratuidad, era necesario contar con aportes financieros para elevar la cobertura (inferior en México a la de América Latina), resolver problemas estructurales en el sistema (pensiones y jubilaciones, entre otros) y construir infraestructuras. Para ello, se requería el respaldo concurrente de los tres órdenes de gobierno.

El Dr. Concheiro, Subsecretario de Educación Superior, invitó  los sectores interesados a sumarse a un modelo de gobierno fundamentado en un “Estado ampliado” y a un proyecto ético de educación superior. La Dra. Álvarez-Buylla, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- CONACYT, formuló  los siguientes ejes de política: fomentar el conocimiento de frontera, vincular la investigación con las prioridades nacionales, lanzar programas nacionales de formación de jóvenes investigadores, construir horizontalmente el conocimiento y difundirlo. El Dr. Valls, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior – ANUIES, advirtió que el aumento promedio de la tasa bruta de cobertura disimulaba sesgos crecientes entre las entidades federativas. Señaló que los porcentajes de matriculación de los jóvenes variaban considerablemente según los déciles de ingreso  familiar. El Lic. Colmenares, Auditor Superior de la Federación, expuso que la fiscalización de las instituciones públicas de educación no era un procedimiento punitivo, sino orientador para la rendición de cuentas. El Dr. Graue, Rector de la UNAM, al declarar abierto el evento, recordó que la autonomía era un atributo sustantivo de las universidades públicas.  

En ese artículo, dado la multiplicidad de las líneas de reflexión surgidas del evento, analizaré sólo los comentarios que los participantes en la mesa 1 (fueron 4 en paralelo) hicieron sobre cómo garantizar cupos a quiénes solicitan ingresar a la educación superior, preservando la calidad de la enseñanza. Por la premura de la consulta, las diferencias en sus condiciones institucionales y en sus roles, rectores, académicos, sindicalistas y representantes estudiantiles no fraguaron un posicionamiento unificado respecto de la ampliación de la matrícula pero identificaron estrategias para hacerle frente. 

Partieron de que, aunque la obligatoriedad fuese planteada como un procedimiento gradual, existía el riesgo de que su anuncio mismo desencadene una explosión en la demanda de ingreso, susceptible de afectar la estabilidad y viabilidad de sus establecimientos. Ante esa eventualidad,  solicitaron que se consoliden infraestructuras y construcciones, se reclute profesores, en todas las categorías de la profesión académica, acorde con las disciplinas y se dupliquen prácticas exitosas de inclusión de grupos vulnerables. En contraste, pasaron por alto otros pendientes cruciales, tales la adaptación de los métodos pedagógicos a las trayectorias escolares de los primo-ingresantes, la incorporación de tecnologías para incluir a alumnos no tradicionales o la necesidad de criterios sobre dónde, cómo y en qué disciplinas recibir a  más aspirantes. 

Pese a que mencionaron experiencias positivas  de optimización de capacidades físicas y de disciplina financiera, consideraron que hacer más con lo mismo o  con menos no bastaba para solventar el probable “boom” de matrícula, habida cuenta de las crisis sufridas por varias IES públicas. Para subsanar las limitaciones financieras, sugirieron remover los candados en la asignación del presupuesto por capítulos del ejercicio fiscal y resolver los atrasos en su suministro. Coincidieron en que era relevante constituir un Fondo Federal Especial para la obligatoriedad de la educación superior y urgente complementarlo por otros mecanismos: destacaron entre esos la instalación de esquemas plurianuales de financiamiento, la publicación de los indicadores utilizados para  asignar recursos a cada sector e institución, la obligación legal de que los organismos responsables de proveer presupuestos y fondos concursables lo hagan cumplida- y oportunamente.   

El dialogo fue interesante. Ignoramos en qué medida las sugerencias vertidas serán retomadas en las leyes secundarías de educación superior y de ciencia y tecnología y si  servirán para cimentar consensos efectivos y armar compromisos programáticos. Queda por definir e implementar la hoja de ruta, anunciada el 30 de octubre 2019 en la clausura del evento, y dotar de contenidos específicos el Acuerdo Nacional para la transformación de la Educación Superior.

En una perspectiva de investigación, sin embargo, hace falta profundizar varias discusiones. Una corresponde al concepto de obligatoriedad y a su aplicación a la educación superior. Otras versan sobre las aristas del “Nuevo Proyecto Educativo” o sobre la pertinencia de manejar una equivalencia entre equidad y acceso  versus una entre equidad, retención y egreso. Unas más, polémicas pero inevitables, conciernen la reformulación de los requisitos académicos y sociales de admisión a la educación superior y el supuesto de que, mediante la universalización de la educación superior, se fortalecerá el sistema y se mejorará la justicia social. Lograr esa interacción virtuosa no depende de convicciones, sino de la disposición de medios y recursos, de una planeación ad hoc y de la superación de  la precariedad e incertidumbre, prevalecientes en los pasados meses. No dudo de que, en un futuro cercano, tengamos ocasiones múltiples de abundar en esas cuestiones.