Justicia curricular y soberanía cognitiva

• Carlos Ornelas
• 20 febrero, 2022
• Opinión
• Carlos Ornelas

Carlos Ornelas

En una entrevista con Javier Solórzano, el jueves de la semana pasada, Eduardo Backhoff Escudero, uno de los miembros de la Junta de Gobierno del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, declaró que la Secretaría de Educación Pública ya elaboró los planes de estudio y libros de texto gratuitos que promueve Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Algo ha de saber Backhoff.

Desde que la SEP convocó a asambleas —no a consultas— para que los docentes, padres de familia, legisladores y otros actores del ámbito de la educación “decidirán” qué y cómo se ensañará en el proyecto de la Cuarta Transformación, floreció un debate en la plaza pública que se apagó pronto.

Con todo y que la convocatoria estableció que las asambleas serían abiertas, sólo las cuatro primeras se trasmitieron en vivo en las redes de la SEP. Las subsecuentes ya son a puerta cerrada y nada más para un público selecto. Si alguien ajeno a ese grupo exclusivo —como la presidenta de la Unión de Padres de Familia de Nuevo León— se acerca, se le prohíbe la entrada y se le pide que llene y entregue un cuestionario.

Dos conjeturas, no antagónicas, quizá expliquen porqué la SEP tomó la decisión de hacer privado lo que se emplazó para ser abierto. La primera: la retórica de Arriaga provoca reacciones adversas en la prensa, los medios y las redes sociales. No sólo de los críticos de la 4T, sino de fieles del obradorismo, como Gibrán Ramírez Reyes (Milenio, 07/02), quien acusó que el propósito es desaparecer los textos de historia y civismo.

La segunda presunción: el magisterio, aún entre los convencidos de la 4T, hace el vacío a las asambleas. En la primera, hubo más de 13 mil participantes, para la cuarta el auditorio había bajado a menos de tres mil. Los maestros no se engullen la consigna de que ellos decidirán. Quizá coincidan con quienes piensan que las asambleas son para legitimar las decisiones que el gobierno ya tomó.

Si las asambleas concluirán el 25 de marzo y se pregona que el nuevo currículo y libros entrarán en vigor para el inicio de cursos, en agosto próximo, ¿en qué cabeza cabe que en ese corto lapso podrán condensarse reglas y acondicionar en armonía contenidos, recursos y procedimientos pedagógicos? 

En la asamblea del 8 de febrero, en Tampico, Marx Arriaga elogió los conclaves que él organiza y expuso el gran propósito de los nuevos textos. Aseguró que ese procedimiento “Es un recorrido de democracia participativa que hace justicia curricular y promueve la soberanía cognitiva”.

¿Justicia curricular? Es fácil deducir que el señor Arriaga no refiere a ninguna teoría pedagógica; tampoco pienso que aspire a fundar un nuevo paradigma educativo. Es grandilocuencia pura, palabras sin contenido, ni aún para iniciados. Pero se marida con la aspiración del presidente López Obrador de que “estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar de la historia de México”.

¿Soberanía cognitiva? Tal vez le quiera decir adiós al conocimiento universal y olvidarse del mandato del artículo 3 constitucional de que la “educación se basará en la conciencia de la solidaridad internacional”. O acaso sea nada más otro giro pomposo.

Retazos

El crimen organizado en Zacatecas ya alcanzó al magisterio, al registrar casos de secuestro, homicidio, extorsión y robo de identidad, denunció Óscar Castruita Hernández, secretario general de la Sección 58 del SNTE (Excélsior, 14/02/22).

La Auditoría Superior de la Federación anunció que no ejecutará la Auditoría de Desempeño 1514-DS. La que corresponde a la Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México (Diario Oficial de la Federación, 11/02/22).

Al sector educativo le llueve sobre mojado.