¿Cuántos políticos, secretarios de educación, intelectuales, legisladores, académicos e investigadores “defendemos” la educación pública siendo clientes de la escuela privada? ¿No será que el compromiso con la justicia social queda en entredicho cuando hacemos elecciones que implican el ensanchamiento de la brecha entre pobres y ricos? Esta pregunta puede incomodar y dejarnos confundidos y perplejos; por ello, hace diez años, el profesor Adam Swift de la Universidad de Oxford escribió un libro cuyo título es ejemplo de lucidez: How not to be a hypocrite. School choice for the morally perplexed parent (Cómo no ser hipócrita. Elección escolar para el padre moralmente perplejo) (Routledge, Londres-Nueva York).

Swift trata con su libro de reconciliar ciertos principios políticos (e.g. igualdad) con una natural preocupación por la vida y trayectoria de nuestros hijos. Si algo le responderían los políticos y académicos increpados al diputado Belaunzarán sería: “Mandamos a nuestros hijos a las mejores opciones académicas pues queremos que destaquen” (¿a costa de los demás?, preguntaría yo).

Vale la pena aclarar que el libro de Swift está escrito para el contexto británico en donde el mérito ha sido un valor central en las políticas orientadas a alcanzar mejores niveles de progreso individual y social. En Gran Bretaña hay elitismo pero éste puede o no estar ligado con la riqueza familiar. La forma en cómo se estructura la sociedad y el nivel académico de las escuelas públicas en Inglaterra es muy distinto a lo que tenemos en México, pero no por ello tenemos que sacarle la vuelta y dejar de cuestionarnos a qué nivel somos hipócritas por elegir opciones escolares de paga cuando mucho nos gusta hablar de equidad, igualdad y justicia social en el campo educativo

El libro de Swift no sólo incluye estimulantes discusiones sobre aspectos teóricos como la igualdad de oportunidades, exámenes sesgados, estándares educativos, derechos, obligaciones, competencia y la educación como un bien posicional o intrínseco; sino que construye 20 justificaciones que agrupa en cuatro grandes categorías: (1) parcialidad legítima y elección escolar, (2) qué tan bueno es lo bueno, (3) ¿no tiene importancia la elección individual? y (4) asuntos del hogar. Por si esto fuera poco, al final del libro se presentan dos cuestionarios para el padre de familia. Uno sobre escuelas particulares y otro sobre escuelas “selectivas”. Ojalá los padres-legisladores, investigadores-activistas, intelectuales “comprometidos” y adalides de lo público pudieran leer el libro de Swift, responder a esas preguntas y fijar una posición a la luz del contexto mexicano. El tema entre elección escolar y justicia social no es trivial y, hasta donde se sabe, poco se ha estudiado en México.

El segundo tema que adquirió notoriedad y que generó polémica fue la propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto de aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las colegiaturas. Como era lógico, los representantes de las escuelas particulares ya se rebelaron en contra de esta medida. Rápidamente, hicieron cálculos y expresaron que de aprobarse  habría una “migración” de cerca de 400 mil jóvenes de educación media superior y superior a las instituciones públicas y que éstas, según ellos, no tendrían la capacidad de recibirlos (La Jornada, nota de Ariane Díaz, 11/09/13). Ante el riesgo de perder mercado, era esperable una reacción así. Lo que sorprendió fue que algunos representantes de la izquierda y del PRD balbucearan al respecto. ¿Apoya si o no el PRD la propuesta del gobierno priísta de aplicar el IVA a colegiaturas? Pareciera que sus medios periodísticos y comentaristas afines ven en esta propuesta como una grave afectación a los pobres mientras que Acción Nacional dice defender a la “clase media”. Se avizora entonces otra cuarteadura al Pacto por México.

Dentro de este mar de confusión, el senador Miguel Barbosa del PRD argumentó que “no solamente la gente que tiene recursos paga colegiatura”. Sin ofrecer mayor evidencia, dijo que hoy “muchísima gente” con pocos recursos, manda a sus hijos a escuelas privadas. No soy sé mucho de asuntos fiscales, pero si esto es verdad, ¿por qué entonces el PRD no sugiere una tasa diferenciada de IVA en colegiaturas? ¿Es esto factible? Si en verdad a la izquierda le importa la gente más desfavorecida, ¿por qué no propone regular, por ejemplo, el mercado informal de la educación (MIE)? El MIE está constituido de servicios de tutoría y asesoría privada que ofrece cursos y regularizaciones para que el estudiante salga “bien” en las pruebas de ingreso al bachillerato y a la universidad. Este tipo de servicios afecta la equidad, pues la familia que tiene más dinero para contratar este tipo de servicios aumenta las probabilidades de lograr un lugar en la prepa o en la universidad ¡pública! ¿De qué lado está el partido de la llamada “izquierda” mexicana?

Alcanzar la justicia social por medio de la educación ha sido una bandera histórica de ese lado del espectro político; pero sus representantes en el poder legislativo parecen no querer entrar a discusiones intelectuales y filosóficas. Cuando dicen que desean debatir, llaman solamente a los “académicos” que les dirán lo que quieren escuchar, son parciales y selectivos y así la justicia social nunca podrá ser realizable.

Uno de los libros más destacado sobre esta relación es el de Harry Brighhouse, School Choice and Social Justice; 2000, Oxford: Oxford University Press.

Publicado en Campus Milenio.