La educación en el Congreso de la Unión

• Pluma invitada
• 8 noviembre, 2018
• Opinión
• Oscar Rodríguez Mercado

Oscar Rodríguez Mercado*

La reforma educativa marcó la administración de Enrique Peña Nieto. Diversas disposiciones se elevaron a rango Constitucional con el objetivo de elevar la calidad del servicio educativo que brinda el Estado en sus niveles obligatorios, es decir, básico y medio superior. Las manifestaciones de descontento con el nuevo andamiaje jurídico y los procesos que se implementarían, fueron patentes en toda la República. Si bien el sector con mayor propensión a la movilización fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), particularmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las manifestaciones tuvieron lugar en todos los estados.

Los reclamos de los maestros fueron encaminados a la evaluación ligada a la permanencia, la falta de consulta para la realización de la Reforma y la necesidad de capacitación docente. Con todo y los avances durante el sexenio, el descontento entre los docentes no desapareció, por lo que derogar y abrogar las disposiciones que dieron vida a la Reforma Educativa, fue una de las principales banderas de campaña del hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La propuesta educativa del nuevo gobierno surgiría de los Foros de Consulta Educativa, a realizarse en las 32 entidades federativas, entre el 27 de agosto y el 27 de octubre de 2018.

Sin embargo, buena cantidad de Diputados Federales y Senadores, provienen de sectores magisteriales opositores a la Reforma Educativa. Los presidentes de las comisiones de educación en ambas Cámaras, Adela Piña Bernal en la de Diputados y Rubén Rocha Moya en el Senado, son maestros pertenecientes a la CNTE, de la Ciudad de México y Sinaloa, respectivamente. Por ello, la actividad legislativa en torno a la legislación educativa ha sido constante, con polémicas de todo tipo incluidas.

La actividad legislativa en torno a la abrogación, derogación y reforma de la Reforma Educativa, será materia del presente texto. En principio, se analizará el contenido de las propuestas de reforma al artículo tercero Constitucional y sus leyes reglamentarias, así como el ambiente que ha envuelto la nueva legislación en materia educativa. También, se pretende poner en evidencia las tensiones que han surgido dentro de Morena respecto al tema, derivado de promesas de campaña y los intereses y posiciones de los distintos grupos que acompañaron al hoy presidente electo.

Abrogar, derogar y/o reformar la Reforma Educativa

Debido a que el paquete de reformas en materia educativa esperaba el mes de diciembre para ser presentadas, una vez concluidos los foros de consulta, el senador Martí Batres, únicamente presentó una propuesta de reforma para avanzar en la obligatoriedad de la educación superior.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa de reforma al artículo tercero Constitucional para eliminar el punto más polémico de la misma: la permanencia de los docentes en servicio. Sin tocar más elementos, la propuesta presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, consistió en eliminar la palabra “permanencia” de la fracción III del artículo tercero constitucional.

Sin embargo, el 11 de septiembre de 2018, diputados la bancada de Morena enviaron un exhorto al Ejecutivo Federal, a la SEP, particularmente a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), al INEE y las autoridades educativas locales, con la finalidad de suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación en el marco del Servicio Profesional Docente hasta que dichos procesos no sean revisados y, en su caso, reformados. La respuesta de la SEP, al día siguiente, fue contundente y consistió en señalar que, por mandato Constitucional, los procesos de evaluación continuarían. El INEE emitió su respectivo comunicado el mismo día 12 de septiembre, en el que reconocía que hay aspectos de mejora en materia educativa, mostrando apertura al diálogo de todos los actores, pero dentro del marco de derecho vigente.

Apenas a unas horas de emitidos los comunicados, el jueves 13 de septiembre, apareció en el orden del día un proyecto de reforma del senador Martí Batres “por el que se deroga la fracción IX; y se reforman las fracciones III, VII y VIII, todas del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. A pesar de que no existía el texto de la propuesta del senador Batres, la amenaza sobre la abrogación de las disposiciones que dieron lugar a la Reforma Educativa de 2013 era clara. La derogación de la fracción IX implicaba la desaparición del INEE, la fracción III contiene lo relativo al Servicio Profesional Docente, mientras la VIII faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes necesarias para distribuir la función social educativa entre los distintos órdenes de gobierno. La fracción VII, relativa a las Universidades e instituciones de educación superior, no se tenía claro cuál sería su relación con las fracciones previas.

Sin embargo, al subir a tribuna, la propuesta de reforma consistía en la derogación de la segunda parte de la fracción III del artículo 3° Constitucional, que perfila al Servicio Profesional Docente. El desconcierto por la propuesta presentada por el también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, suscitó toda clase de rumores y suspicacias, pues el anuncio en el orden del día tenia alcances muy fuertes. En entrevista con medios de comunicación, Batres negó en todo momento tener intensiones de desaparecer al Instituto. Durante la misma sesión, Blanca Esthela Piña, senadora de la misma fracción parlamentaria, replicó el exhorto presentado dos días antes en la cámara baja para suspender las evaluaciones en el marco del Servicio Profesional Docente, en tanto no haya replanteamiento de la reforma educativa.

El tema no terminó, pues el senador Casimiro Méndez Ortiz, también de Morena, presentó en la misma sesión del 12 de septiembre una proposición en la que exhorta a la SEP y al INEE a hacer una revisión integral de la legislación conocida como “Reforma Educativa” y eliminar los elementos punitivos que afectan los derechos de los maestros, así como a reinstalar de manera inmediata a todo docente que haya sido cesado por motivo de la Reforma Educativa. Al siguiente día, la diputada de Morena, Idalia Reyes Miguel, lanzó un exhorto a la SEP y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), para proceder a la reinstalación inmediata de profesores que fueron cesados en el contexto de la evaluación educativa. En el mismo tono, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero y la diputada Adela Piña Bernal, presentaron la misma proposición a la SEP y las autoridades educativas locales, pero con fecha de 27 de septiembre y 9 de octubre de 2018, respectivamente.

La discusión respecto de la Reforma Educativa se centró básicamente en suspender las evaluaciones de ingreso, promoción y permanencia programadas en noviembre, por lo que el siguiente martes 18 de septiembre, el Dip. Reginaldo Flores junto con otros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, lanzaron un proyecto de decreto que abroga reforma a la Ley General de Educación; y abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE, todas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013. En su artículo segundo transitorio, el proyecto mandata al Congreso de la Unión a expedir una nueva LGSPD, una nueva Ley del INEE y las reformas necesarias a la LGE. Finalmente, el tercero transitorio mandata al Ejecutivo Federal, la SEP, el INEE y los gobiernos estatales a suspender las evaluaciones educativas hasta que se cuente con la nueva legislación reglamentaria.

Otro proyecto de reforma Constitucional, fue presentado por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Morena, y propone reformar la fracción III y IX del artículo tercero, así como la fracción XXV del artículo 73. Lo anterior implica modificar el concepto de “calidad”, inscrito en el inciso d) de la fracción III, así como eliminar lo relativo al Servicio Profesional Docente de la fracción III. A pesar de que en el enunciado que intitula el proyecto contempla una reforma de la fracción IX, que dota de autonomía constitucional al INEE, en la propuesta continúa sin modificaciones.

El día 11 de octubre de 2018, el diputado Irán Santiago Manuel, de Morena, presentó dos proyectos de Reforma destinados a eliminar prácticamente todo lo relativo a la Reforma Educativa. El primero, es para derogar y reformar diversas disposiciones del artículo tercero Constitucional y el segundo, para reformar y derogar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, así como abrogar la Ley del INEE y la Ley General del Servicio Profesional Docente. La propuesta del diputado Santiago Manuel, que incluyó la reforma a la Ley General de Educación, implicaba “revertir la reforma educativa que ha dañado tanto al gremio magisterial, por lo que se pretende regresar al texto normativo que estaba vigente, antes de que fuera publicado el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013” (sic).

Finalmente, el 20 de septiembre, la diputada Dolores Padierna, solicitó a Otto Granados, titular de la SEP, se transparente la asignación de plazas en los concursos de oposición el ingreso al Servicio Profesional Docente. La solicitud incluye publicar en el portal de internet del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente la base de datos de los concursos que hayan tenido lugar hasta este momento, con al menos la siguiente información para cada sustentante: puntajes y nivel de desempeño en los exámenes, posición en el orden de prelación y asignación de plazas cuando sea el caso.

Asimismo, el dos de octubre de 2018, el Congreso del Estado de Zacatecas, emitió una comunicación en la que exhorta al Congreso de la Unión para que los cambios que se perfilen en el terreno educativo, no afecten los derechos laborales de los maestros. Finalmente, la Secretaría de Educación de Guanajuato respondió con fecha 20 de septiembre de 2018 de manera negativa a la Cámara de Diputados el exhorto a suspender las evaluaciones docentes. A nombre del gobernador Miguel Marquez y la administración 2012-2018, que concluyó seis días después, el documento señala que se apegarán a lo dispuesto en la legislación reglamentaria y llevarán a cabo los procesos de evaluación programados.

De salida

Las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su gira de agradecimiento los días 17 y 18 de octubre, fueron contundentes respecto a desaparecer el INEE. Sin embargo, en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el diputado Mario Delgado (quien dijo, “no quedará ni un coma de la Reforma Educativa”), contiene en su Art. 38, Fracc. III, una tarea para el INEE en conjunto con la SEP: “establecer un sistema destinado a obtener, sistematizar, procesar, automatizar, analizar, estudiar, difundir y poner al alcance de la sociedad la información sobre la operación, cobertura, equidad, calidad y demás atributos y condiciones estructurales del sistema educativo nacional”.

Según parece, la información que produce el INEE es apreciada por el gobierno entrante, pues como lo mencionan diversos investigadores, es de suma importancia para conocer el estado del sistema educativo nacional. Por tanto, todo apunta a que el INEE no desaparecerá y probablemente tampoco se le quite la autonomía Constitucional, pues también es un importante contrapeso a la SEP, necesario para legitimar su acción. La desaparición del Instituto, en los términos que plantean las propuestas de reforma Constitucional antes referidas, supondrían fuertes señalamientos sobre el carácter autoritario del gobierno entrante, lo cual impactaría negativamente en su legitimidad.

Habrá que esperar las reformas en materia educativa del nuevo gobierno para conocer el destino del Instituto, así como la aprobación del presupuesto del próximo año, pues sus atribuciones y competencias determinarán su papel durante el sexenio. Además, la senadora Geovanna Bañuelos del Partido del Trabajo, envió una iniciativa de reforma constitucional para adicionar la fracción V del artículo 71, con la finalidad de que los organismos constitucionalmente autónomos puedan iniciar leyes o decretos exclusivamente en su materia o función. Esto, debido al alto nivel de especialización con que cuentan.

A modo de conclusión

Los primeros dos meses de la nueva legislatura, ha generado mucha actividad y convulsión en el ámbito legislativo, particularmente en el tema educativo. Esta actividad, en apariencia desordenada, muestra la naturaleza fragmentaria de los grupos parlamentarios del partido mayoritario. Una prueba de ello son los conflictos entre el presidente de la Mesa Directiva del Senado y el Coordinador Parlamentario, ambos de Morena, desde la primera sesión cuando se votó la licencia del senador Manuel Velasco, quien pretendía concluir su gestión al frente del gobierno de Chiapas sin perder su escaño legislativo.

Buena cantidad de legisladores provienen de sectores opositores a la Reforma Educativa, incluyendo a ambos presidentes e integrantes de las comisiones de Educación, por lo que la derogación y abrogación de las disposiciones legales en la materia parece ser su principal objetivo. En principio, la CNTE amenazó con volver a las calles de no ser cancelada la Reforma Educativa. A pesar de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ha reiterado la firme convicción hacerlo, solicitó a los maestros no ausentarse de las aulas.

La serie de reformas constitucionales, a partir de los exhortos a suspender la evaluación, evidenciaron las fisuras naturales de una alianza heterogénea de que se compone Morena. También se muestra una alarmante falta de seriedad, profesionalismo y desconocimiento del proceso legislativo por parte de los propios legisladores de ambas cámaras. Tanto el proyecto de reforma propuesto por Martí Batres sin texto que lo sustentara, así como el de Cora Cecilia Pinedo Alonso, que no incluye la reforma a la misma fracción, a pesar de contemplarlo en su enunciado inicial. La exposición de motivos de la mayoría de las iniciativas no se sustenta en datos e información oficial, sino en juicios de valor que no superan los lugares comunes. Inclusive, las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de las exposiciones de motivos, muestran artículos de opinión publicados en prensa o sitios web con ligas rotas.

No es un dato menor el señalar que, en el afán por derogar algunos aspectos que consideran nocivos de la Reforma Educativa, olvidan modificar otros que tienen estrecha relación, pero se encuentran en otros apartados del texto constitucional. El caso más claro es el del Servicio Profesional Docente. A pesar de que se encuentra la fracción II del tercero Constitucional, la fracción XXV del artículo 73 Constitucional, otorga la atribución de establecerlo al Congreso de la Unión. También al INEE, pues el inciso b) de la fracción IX del tercero Constitucional, señala claramente la atribución para expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación correspondientes.

Las reacciones a la negativa de la SEP y el INEE a suspender las evaluaciones, muestran un síntoma alarmante de autoritarismo entre ciertos grupos de legisladores, pues no hubo intensiones de promover el diálogo, por el contrario, amenazaron con no dejar “ni una coma” de la Reforma Educativa. En días recientes, las fisuras entre el gobierno electo y sus aliados electorales, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CTEG), se hicieron más que visibles. En el Foro de Consulta organizado en la entidad, irrumpieron miembros de la CETEG e impidieron la realización del foro, en claro desacuerdo por el posible regreso a la escena política de Elba Esther Gordillo, quien busca recuperar el control del SNTE.

Sin embargo, el enfrentamiento no terminó ahí, pues los líderes de la CETEG demandan el regreso de la administración de la nómina educativa a los gobiernos de las entidades federativas. La respuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue contundente señalarlos como “radicales de izquierda” y defender la centralización de la nómina educativa; hasta propuso una consulta a los maestros para que decidan si regresa a las entidades federativas o es administrada centralmente.

El problema es de dimensiones importantes, pues la CNTE en sus diversas expresiones, no aceptará algo distinto a recuperar el control de la autoridad educativa, la nómina, las plazas y el escalafón en sus respectivos estados. Los diversos mecanismos de la Reforma, entre ellos el SPD, la centralización de la nómina, el programa Escuela al Centro, entre otros, han demostrado su eficacia para mantener controlada a la CNTE, tema, por lo que se ve, prioritario para el futuro presidente. Ello perfila un escenario bastante convulso durante los siguientes meses y, probablemente, dificultades para el Ejecutivo cuando envíe al Congreso su proyecto de Reforma, pues difícilmente podrá tener satisfechos a todos los grupos magisteriales que lo apoyaron en campaña.

La gobernabilidad del sistema educativo no se agota en la CNTE, pues además de Juan Díaz, existen fuertes liderazgos prolongados con ciertos grados de autonomía en varias secciones del SNTE sin relación con la disidencia. Aún durante el presente sexenio, estos poderes locales fueron actores con poder de veto y capacidad de condicionar la operación de la Reforma Educativa. Además, el regreso de Elba Esther Gordillo y sus intentos por retomar la dirigencia del SNTE, generarán una confrontación directa con Juan Díaz, actual presidente nacional, quien ya fue respaldado abierta y públicamente por varios seccionales.

El largo periodo de transición gubernamental y la heterogénea alianza electoral que supuso la composición de Morena, muestran signos de desgaste, con conflictos y confrontación. Aunque era previsible la dificultad de mantener cohesión entre semejante diversidad de grupos e intereses, el presidente electo apela al capital político ganado durante la jornada electoral. Sin embargo, habrá que esperar los primeros meses del gobierno y las acciones que se tomen en temas prioritarios para el grueso de su electorado, pues demostrado está que los cambios definitivos los enviará (ordenará) el próximo Ejecutivo Federal.

*Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Nayarit y maestro en Sociología Política por el Instituto Mora. Sus investigaciones han tratado sobre el SNTE, particularmente en la forma en que se construyen sus liderazgos y se cultiva su legitimidad entre las bases magisteriales. Interesado en temas educativos, desde sus actores e instituciones en el ámbito local.