En menos de un mes, la Cámara de Diputados discutirá la iniciativa que busca reformar el artículo 3º constitucional. El presidente López Obrador caracterizó la presentación de dicha iniciativa como un “compromiso cumplido” con los maestros, pero ¿es ésta la respuesta a sus inquietudes? ¿Garantizará a los docentes sus derechos como profesionales del aprendizaje y agentes de cambio educativos?
Un gran acierto de la iniciativa es la propuesta de reconocer, desde la Constitución, el papel fundamental de los maestros como agentes sociales transformadores; un reconocimiento que ha tardado mucho en llegar, pero que es todavía insuficiente en el planteamiento actual.
Para que la propuesta represente un avance, debe asegurar a cada docente la posibilidad de una trayectoria profesional que promueva su derecho a aprender (así como el de sus estudiantes).
Esto implica, desde la Constitución, garantizar sus derechos profesionales: perfiles claros y públicos, formación inicial y continua de acuerdo con su contexto y sus necesidades, y procesos de selección para el ingreso y promoción justos y equitativos.
La iniciativa sí establece el derecho de los docentes a “acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua”. Sin embargo, la redacción sólo contempla el acceso a la formación, sin establecer la obligación del Estado de garantizar la pertinencia o relevancia de la misma.
Adicionalmente, la fracción III del artículo 3º vigente establece que el ingreso al servicio docente así como la promoción sólo se puede hacer por medio de concursos de oposición.
Al borrar dicha fracción, y no establecer un proceso alternativo, los docentes perderían certeza sobre cómo entrar a su profesión y promoverse dentro de ella.
Asimismo, de ser aprobada la iniciativa, se borraría al día siguiente de su publicación, la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) que establece los perfiles docentes que deben guiar la formación inicial y continua, las características de los concursos de ingreso y promoción, el derecho de los docentes de nuevo ingreso al acompañamiento de un tutor, y el Servicio de Asistencia Técnica a las Escuelas (SATE).
Es cierto que no se han logrado implementar efectivamente estos elementos de apoyo a la vida profesional de todos los maestros, pero si se aprueba la iniciativa en su forma actual, los docentes perderían su derecho a exigir al Estado que cumpla con ellos.
Desaparecería la posibilidad de ir al tribunal y denunciar irregularidades en los procesos de promoción, de ampararse contra el uso discrecional de las plazas docentes, de demandar una formación o acompañamiento adecuado. Los legisladores se encuentran frente a una oportunidad de gran relevancia para el país. Esperamos que aseguren que cualquier reforma constitucional represente un avance para el ejercicio de los derechos profesionales de los docentes, y con ellos, de las niñas, niños y jóvenes en México.
Jennifer L. O’Donoghue
Directora General, Mexicanos Primero
