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Los gobiernos estatales y la educación

Con frecuencia se nos olvida que los gobiernos estatales son actores centralísimos en la educación nacional. El Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE) de la organización civil Mexicanos Primero, empieza por recordárnoslo. Un primer mensaje clave de este trabajo es así, que si bien importa mucho lo que haga o deje de hacer la SEP a nivel nacional, los avances, retrocesos o estancamientos en lo educativo –incluyendo, desde luego, la instrumentación en la práctica de las iniciativas, reformas o programas federales– involucran centralmente a las entidades federativas. Desde 1992, los gobiernos de las entidades federativas del país son, por ley, los responsables de administrar las escuelas y proveer los servicios educativos, de contratar y gestionar la relación laboral con los maestros del sistema público, así como de ofrecerles formación, capacitación y acompañamiento. Importa recordarlo, pues con frecuencia lo soslayamos y terminamos atribuyéndole más méritos o más fracasos (según sea el tema, la pluma o el momento) al gobierno federal en lo educativo de los que en realidad le corresponden.

Segundo e igualmente importante, el ICRE 2018 aporta evidencia que indica que las diferencias entre entidades federativas en el cumplimiento de sus responsabilidades educativas (tomando en consideración que su nivel de desarrollo es diferente para la parte de aprendizajes y permanencia) son muy considerables. Algunos estados muestran avances significativos, pero muchos se mantienen estancados o, de plano, retroceden en resultados (nivel de aprendizaje y permanencia) y/o en condiciones educativas (personas, relaciones y procesos, condiciones materiales y red de apoyo), que son los dos conjuntos de factores que evalúa el estudio. Lo que estas diferencias nos dicen es que, más allá de las disfuncionalidades de nuestro arreglo federal en materia educativa, así como de los aciertos o errores del gobierno federal en turno, los gobiernos estatales importan y mucho en hacer realidad o no el que la escuela sea un espacio para que los niños y jóvenes desarrollen aprendizajes significativos y relevantes para sus vidas.

Contar con información e indicadores comparables entre entidades resulta fundamental para poder empezar a identificar aquellas condiciones y prácticas que nos ayuden a explicar los casos que registran mayores avances y que pudiesen adoptarse o servir de guía para la mejora educativa en los estados más rezagados. Los datos generados por el estudio también resultan claves para dotar a los ciudadanos de herramientas para exigirles a los gobiernos estatales rendición de cuentas.

A nivel nacional, el ICRE 2018 muestra algunos avances importantes. En la edición anterior de ese índice (2016), siete entidades mostraban resultados que “van por buen camino”, mientras que, en 2018, 14 estados obtuvieron esa calificación. También destaca en la mayoría de las entidades el avance en permanencia escolar. Por otra parte, sin embargo, subsisten muy serios problemas generales en niveles de aprendizaje y fuertes disparidades entre estados, tanto en resultados educativos como en condiciones requeridas para mejorarlos. Así, en el indicador global para 2018, que agrega ambos conjuntos de factores, solamente ocho entidades registraron “progreso destacado” (Sonora, Campeche, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Yucatán, BCS y Sinaloa); 11 se mantuvieron estancadas; seis mejoraron levemente vis a vis 2016, pero presentan riesgos de retroceso (entre estas, CDMX y Nuevo León); y siete van para atrás en lugar de para adelante (San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Tabasco, Colima y Guerrero).

El ICRE 2018 visibiliza y dimensiona tendencias generales, entre las que destacan la persistencia de fuertes déficits en aprendizaje, mejoras en permanencia y condiciones materiales, así como también, aunque en menor medida, en relaciones y procesos, redes de apoyo y personas. En paralelo, nos ofrece información especialmente valiosa sobre las notorias disparidades entre estados en el grado de progreso, tanto en resultados educativos como en condiciones y procesos.

Los datos generados por este trabajo no arrojan patrones claros sobre las condicionantes de distintas trayectorias de desempeño a nivel estatal. Tenemos así, por ejemplo, que los estados con mejores resultados en aprendizaje no registran avances comparables en muchos de los otros indicadores en los que se basa el estudio. Ocurre algo similar con las entidades con los peores resultados en aprendizaje.

El contar con información rigurosa sobre la situación y evolución de los resultados, las condiciones y los procesos vinculados con la gestión educativa a nivel estatal aporta, sin embargo, elementos y pistas muy valiosas. En especial, para empezar a desentrañar factores clave para el avance educativo y, con ello, generar evidencia para orientar la toma de decisiones a nivel local.

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