Menores con discapacidad ante la amenaza de la marginación, discriminación y olvido

• Pluma invitada
• 18 abril, 2021
• Opinión
• Blanca Angélica Jiménez Núñez, Silvia Ruiz Maruri

 Silvia Ruiz Maruri y Blanca Angélica Jiménez Núñez

El giro circunstancial de la emergencia sanitaria global por el SARS-CoV-2 (Covid-19) ha resquebrajado profundamente derechos básicos a la salud, educación y alimentación por la alarmante crisis mundial que estamos atravesando de forma aún más agudizada y profunda, ya que parece que existiera un campo minado en donde aún no se alcanza a dimensionar la magnitud de las repercusiones que nos dejará la pandemia todavía vigente.

Lo que ha implicado un desafío titánico para los profesionales de la educación, porque jugamos un papel fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de valores éticos, estéticos, políticos, culturales y sociales de nuestros estudiantes. Además, de que bajo las condiciones de la emergencia sanitaria, debemos estar trabajando en severas condiciones de irregularidad y desigualdad, en la que debemos proporcionar asesoría y contención con recursos propios y precarios.

 A esto hay que agregar que ante las circunstancias actuales, nos vemos contra la pared y dentro espacios de acción excesivamente reducidos para un desempeño realmente óptimo tanto de estudiantes como de docentes. 

Es preciso subrayar que la docencia está ante una institución que detenta un sistema educativo que nos ignora y excluye. Un sistema que gradualmente ha sido y está siendo desmantelado debido a las políticas educativas neoliberales cuya tendencia es la privatización que a hurtadillas ya se ha instalado cómodamente en nuestros hogares, porque para tener acceso a la educación a distancia es menester tener dispositivos, electricidad e internet. Y a pesar de que en el discurso político se ha pronunciado tan categóricamente como falaz, que “el neoliberalismo llegó a su fin” en 2018, lo cierto es que está más vivo y rebosante que nunca. 

De ahí que el techo financiero para la educación especial se ha reducido considerablemente, por ello, cabe mencionar, que hacen un manejo discursivo amañado sobre categorías y conceptos como: inclusión y especial, como si ambas fueran opuestas, ya que con ello, han justificado de forma aberrante los recortes financieros para la formación de docentes en educación especial y dar la atención educativa a las poblaciones de infantes, adolescentes y juventud cuya condición es diferente o con discapacidad. 

“La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), establece que las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial” (CONAPRED,2014).

En México existe una población infantil y adolescente en condición de discapacidad que debe ser atendida a través de los servicios de educación especial. Y el modelo de la inclusión comienza en procurar  atención y formación en todos los sentidos, hacer válidos los derechos humanos e inalienables de forma imperativa, por ende se requiere de una educación tanto especial como inclusiva, porque dicho sea de paso, la educación inclusiva implica a la sociedades en su conjunto con su pluralidad, sin embargo, falta mucho trabajo educativo para lograr las sociedades en las que todas las personas estemos incluidas.

Según la Organización Mundial de la Salud al 2020, más de 1,000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, aproximadamente el 15 % de la población mundial (OMS, 2020).  

Mientras que en México de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres (INEGI,2020).  

Aquí también es importante poner en relieve que muchas mujeres y niñas sufren la doble exclusión, (una por ser mujeres y dos por tener discapacidad) violencia y menor acceso a sus derechos fundamentales, entre estos, la educación.

Según los datos que nos proporciona el ENADIS (Encuesta Nacional sobre Discriminación)  “revelan que 2 de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir […]   solo el 3.7% de los hombres y 5.1% de las mujeres no saben leer ni escribir, esta carencia es mayor en personas con discapacidad donde 20.0% son hombre y 24.0% son mujeres”. 

Es por ello, que bajo las falacias que encierran optimistas discursos políticos, yace en lo profundo de los mismos una realidad fáctica de profunda discriminación, omisión, marginación y olvido de la infancia y adolescencia con doble o triple vulnerabilidad. Y como consecuencia lógica, seguir el desmantelamiento del sistema educativo nacional y delegar en las familias el cuidado y educación de esta población de menores de edad,  mientras el Estado mexicano gradualmente se deslinda y se escabulle de puntitas y pegado a la pared de forma lastimosa, para que la evasión de su responsabilidad sea menor y pase inadvertida. 

A nivel discursivo se lucra política y económicamente con la infancia y adolescencia en general respecto al tópico educativo, y en la realidad se le discrimina y excluye. Porque no han llegado a ser sustanciales y prácticas (para las diversas realidades del país en cada espacio geográfico que lo conforma con su multiculturalidad) las políticas y estrategias implementadas desde el gobierno, lo que provoca un desafío aún mayor para la docencia responsable, ya que no se logra resguardar el derecho a la educación sino que se violenta de forma sistemática, sobre todo, cuando se trata de la educación para la infancia y adolescencia con diversas discapacidades, neurodiversidad y condiciones diferentes. En otras palabras, cuando se trata de educación especial e inclusiva, es un reto hacer real y genuina la formación de una cultura de inclusión para las sociedades presentes y futuras, es por ello que los programas que ha propuesto la SEP con su estrategia Aprende en Casa son insuficientes e insatisfactorios, tanto para los estudiantes en general como para quienes poseen condiciones diversas, necesidades especiales y/o enfrentan barreras para el aprendizaje. 

Y lo son también para la docencia como para las familias, porque estamos ante una crisis sin precedentes, con la penosa realidad aplastante provocada por la desigualdad socioeconómica que a escalas global  y nacional, es cada vez más escandalosa, ya que se calcula que “la pandemia de COVID-19 tiene el potencial de aumentar la desigualdad económica en prácticamente todos los países del mundo al mismo tiempo” (Oxfam, 2020). Lo que implica que la desigualdad se ha profundizado, razón  por la que podemos afirmar categóricamente que la agenda 2030 de la ONU es un fracaso inminente, por la metas que se fijaron en la misma, respecto a la reducción de la pobreza y desigualdad, así como lograr la inclusión, equidad y educación para todas las personas. 

Todo apunta a que no se concretarán como se había planeado, porque según expertos en materia económica, ante el grave problema sanitario del SARS-CoV-2, habrá rezago y demora, así como grandes dificultades de acceso a mejores niveles de vida, pues se calcula que la humanidad tarde como mínimo 14 veces más en reducir la pobreza hasta el nivel previo a la pandemia, que el tiempo que han tardado las mil personas más ricas del mundo (en su mayoría hombres blancos) en recuperar su riqueza (Oxfam,2020). Esto sin tomar en consideración que aún no se han dimensionado en su totalidad las consecuencias de la pandemia.  

No está de más reiterar que la fragilidad colectiva ante la circunstancia imperante, le está dejando a la humanidad un futuro incierto y retos enormes con limitadas herramientas y recursos para salir avante en las resoluciones a las severas problemáticas que históricamente hemos arrastrado por siglos y que en consecuencia se han agravado con la sofisticación de un sistema socioeconómico cuyas políticas neoliberales han empeñado en gran medida el futuro de las generaciones menos favorecidas. 

El desequilibrio provocado por la forma desproporcionada de acaparar recursos naturales, medios de producción y riqueza en general, por parte de una grotesca minoría, (que además amenaza con secuestrar las democracias en desarrollo en los países periféricos, semiperiféricos e incluso de los países centrales) causa un serio desbalance que puede llegar a ser catastrófico en general para las poblaciones del mundo. 

Todo lo mencionado hasta el momento influye contundentemente en los micro espacios (aulas escolares y familias de nuestros estudiantes) por la subsistencia que como personas precisamos y que profundizan las crisis familiares con algún integrante con discapacidad o condición de vida diferente.

Sin embargo, quienes convivimos a diario dentro de las aulas escolares e interactuamos con estudiantes que cursan la educación básica, estamos conscientes del gran ingenio, potencial, inteligencia, creatividad y sensibilidad que poseen, es por ello que un acontecimiento que llegó a nuestras vidas de forma intempestiva y la trastocó con tal impacto, no debe omitir a la infancia, adolescencia y juventud con algún tipo de discapacidad o neurodiversidad, porque el giro de 180° puso a la humanidad de cabeza y contra la pared ante una crisis que amenaza con un terrible retroceso en educación en general, pero que se agrava al tratarse  de especial e inclusiva, puesto que puede llegar a obstaculizar de forma violenta el óptimo desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud que tendrá que interrumpir su educación para dedicar gran parte de su tiempo a trabajar para su subsistencia y de sus familiares.

Asimismo muchas familias de nuestros estudiantes están enfrentando pérdidas y la orfandad  que aún no se está contabilizando con precisión. 

Las familias con uno o más integrantes con discapacidad u otra condición de vida diferente, son de las más afectadas durante la pandemia, sí tomamos en consideración que la infancia y adolescencia en edad escolar oscila desde que tienen meses de nacidos hasta su juventud.     Por ende para esta infancia, adolescencia y juventud, (antes del desastre epidemiológico) la escuela (en el caso que estén escolarizados) representa el lugar donde sociabilizan entre la diferencia e igualdad, en un espacio del que se apropian para su desarrollo,  porque conviven con sus compañeros, compañeras y con un cuerpo docente preparado para darles acompañamiento. Docentes que además les dan aceptación y que respaldan en gran medida a sus familias. En otras palabras, hacen de la comunidad escolar un espacio propio, con la diversidad de integrantes que la conforman, un espacio de importancia relevante para su desarrollo cognitivo, psicoafectivo, cultural y social.

Cualquier persona con discapacidad u otra condición de vida no es igual a una persona sin esta circunstancia, ya que tener una discapacidad o neurodiversidad, suele ser una limitante dentro de una sociedad que no acepta la diferencia. 

Y en un país como el nuestro, donde la educación, trabajo, salud y esparcimiento no contempla a  la infancia y adolescencia cuya condición es diferente, tiende a marginar, excluir y discriminar. Es por ello que ante esta realidad tan lastimosa debemos plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Las personas con discapacidad representan un estigma para la sociedad?  ¿La discapacidad u otra condición, orilla a las personas a quedarse alejados de la sociedad y de su familia? ¿La educación que otorga el Estado es la pertinente y realmente satisface las necesidades de esta población? ¿Cómo viven y enfrentan las familias el proceso de duelo ante la discapacidad u otra condición al tener un integrante bajo tal circunstancia? ¿Se le da el mismo valor a las personas con discapacidad, neurodiversidad  u otra condición de vida de manera general en nuestra sociedad? ¿la discapacidad u otra condición de vida es conocida y aceptada por alguna parte de la población en nuestro país? ¿Las estrategias que el Estado mexicano ha implementado, permiten sensibilizar a la población sobre el reconocimiento de las personas con discapacidad u otra condición de vida? 

Planteamos las preguntas para invitar a la reflexión seria y profunda sobre el tópico que aquí ocupa, así como por la necesidad de sensibilizar a la sociedad en general sobre una población que a lo largo de la historia humana ha padecido atroces injusticias. 

Empero, en este tiempo presente es indispensable replantearnos el cómo tratamos la discapacidad y otras condiciones de vida que son diferentes a lo que consideramos “normal”, dentro de nuestra sociedad, y establecer diálogos, desnudarnos como sociedad y trabajar en las formas en que se debe tomar en cuenta para su atención, educación y acompañamiento para este porcentaje de la población que nos requiere. Porque lo que no se debe hacer es continuar ignorando y dejar a las familias con uno o más integrantes con discapacidad, neurodiversidad u otra condición de vida diferente, en el abandono.

Las familias de la población estudiantil de educación básica con carácter de discapacidad, neurodiversidad u otra condición, al interior de las escuelas públicas del país, son atendidas en los Centros de Atención Múltiple, (CAM), Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER) en los estados que integran la República mexicana y en la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI) en la Ciudad de México. Y es Justamente en estos espacios, donde sus hijos e hijas experimentan su vida cotidiana, pero desde hace más de un año, estudiantes, docentes y familias, estamos viviendo la pérdida de dichos espacios. Peor aún, estamos bajo la amenaza latente de que se pierdan definitivamente, porque estamos ante la incertidumbre del futuro, a partir de la crisis que llegó inesperadamente y que está modificando radicalmente las formas de vida que se tenían antes de la pandemia.  

Como ya lo mencionamos a grandes rasgos, el desmantelamiento gradual del Sistema Educativo Nacional ha golpeando de diversas maneras a la educación en general, y en lo que respecta a la Educación Especial, como un nivel dentro del mismo sistema, no  ha sido la excepción. Porque los cambios graduales que ha experimentado y cuya justificación aparente, presumen de una pretensión de favorecer a la población infantil y juvenil que la requieren, no ha logrado avances significativos, debido a que con la excusa de la inclusión,  se ha reducido presupuesto con el pretexto de los tratados internacionales en los que México   se ha comprometido para hacer posible la inclusión. 

No obstante, estos acuerdos, convenios  y tratados han contribuido a que las escuelas de Educación Especial estén desapareciendo o diluyéndose en la trasformación de sus servicios. De ahí que las preguntas planteadas  representan la necesidad de ahondar en  la reflexión y análisis para saber los alcances y trascendencia que se ha tenido hasta la fecha, porque este tema es muy sensible, profundo y serio. Por ello, es preciso no omitir ni volver  invisible la discriminación que pervive y amenaza con crecer y por ende, habría inevitablemente un severo retroceso agravado por la pobreza y falta de oportunidades para las mayorías, así como el abandono y marginación para la población con alguna condición diferente. El problema no está aislado sino que está concatenado con múltiples elementos y factores que requieren ser subrayados para no seguir en la omisión, como ejemplo podemos citar el aspecto psicoemocional que viven las familias donde vive una persona con discapacidad o alguna otra condición. 

Porque muchas veces se experimenta un profundo sentimiento de soledad aún rodeados de los seres queridos, porque existen sentimientos de culpa, dolor, ira, frustración, duelos profundos e incluso, perpetuos, donde en el fondo yace una inmensa tristeza por el temor al rechazo, y no por la discapacidad u otra condición de vida en sí mismas, sino más  bien por el entorno que los rodea, la falta de apoyo, acompañamiento y comprensión de un mundo que excluye y sólo simula la inclusión e igualdad sustantivas, tal como el sistema educativo lo hace con fallidos intentos para hacerlo fáctico. 

Es indudable que durante la presente pandemia, las familias con  algún integrante con discapacidad, neurodiversidad u otra condición de vida diferente, han tenido que enfrentar la soledad, el abandono y (en no pocos casos) la pobreza que se tradujo en la falta de medicamentos y servicios de atención médica junto a  las dificultades para trabajar con los pocos insumos que  tienen en casa, por ejemplo:  un sólo teléfono celular  o televisión para intentar atender a sus hijas e hijos. 

La pandemia definitivamente golpeó de manera general, pero sin duda, la población con discapacidad, neurodiversidad u otra condición de vida diferente se vio más afectada, porque requieren otras formas de atención y cuidado, precisa de otros acercamientos y modalidades educativas que incluyan a la colectividad para hacer construcciones más adecuadas y no estén sesgadas como las que propuso la SEP. 

Porque a veces “es el mismo sistema educativo la fuente principal de exclusión social. La discriminación puede desarrollarse desde mecanismos implícitos, explícitos y encubiertos, por lo que existe una demanda de reconceptualización, revisión y transformación” Montasanchez (2015). 

Seguramente algunas familias y docentes ya lo están intentado, con sus voces, escritos y diferentes expresiones, así como personas que poseen la sensibilidad, porque en algún momento de su vida algo o alguien les movió sus sentimientos e ideas.

 Quizás un familiar, estudiante, madre de familia, una noticia, un evento inesperado (porque la discapacidad es posible experimentarla en cualquier momento de la vida, pues no precisamente se nace con ella en todos los casos) que contribuyó a modificar la mirada. Sin embargo, el compromiso es colectivo, porque la sociedad en general debe involucrarse, sensibilizarse y comprometerse para hacer posible sociedades inclusivas que se caractericen por tener una dirección intrínseca en principios básicos y esenciales para la vida diaria, como el respeto, amor, solidaridad, tolerancia, pluralidad y trabajo colectivo. 

Porque no podemos detenernos sin que el respeto a la dignidad se vuelva una arraigada costumbre tanto como la equidad, justicia y una cultura de paz como imperativo categórico que encabece la ética y política sociales.

Referencias:

Ainscow, Mel (2001) Desarrollo de escuelas inclusivas, Madrid, Narcea. 

Alcudia, Rosa (2000) Atención a la diversidad, Barcelona, Graó. 

Arnáiz, Pilar y Ortiz, María del Carmen (1997) El derecho a la educación inclusiva. 

Sánchez, José Antonio y Torres, José Antonio (Eds.) Educación especial I. Una perspectiva curricular, organizativa y profesional, Madrid, Pirámide, pp. 191-206. 

Arnáiz, Pilar (1996) Las escuelas son para todos, Siglo Cero, nº 27, pp. 25-34. 

Ainscow, Mely Booth, Tony (2000) Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Index for inclusión, Bristol, CSIE. 

Barton, Len (1998) Sociología y discapacidad: algunos temas nuevos, Madrid, Morata/ Fundación Paideia. 

Crosso, Camila (2010) El derecho a la educación de personas con discapacidad impulsando el concepto de educación inclusiva, Universidad Central De Chile, nº 4, pp. 1-95. 

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ENADIS (2020)https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/DISCRIMINAC

CONAPRED (2020) https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PcD

INEGI (2020) http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

OXFAM (2020) Privilegios que niegan derechos, Oxfam, 2015.

 https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/reporte_iguales-oxfambr.pdf

OXFAM (2021) El virus de la desigualdad, Oxfam, 2021. https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad.

Montañez Torres, María (2015). La educación como derecho en los tratados internacionales: Una lectura desde la educación inclusiva. Revista de Paz y Conflictos. issn 1988-7221 | Vol. 8 | Nº 2 | 2015 | pp. 243-265  http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/