El Conacyt lanzó la primera convocatoria de las “Cátedras para Jóvenes Investigadores”. No pocas: 500 plazas de tiempo completo. ¿Quién está en contra de ampliar los puestos de trabajo y que muchos jóvenes, formados al máximo nivel, encuentren sitio en el cual desarrollar sus conocimientos? Nadie. Hallar lugar en las universidades es difícil, tanto por la resistencia a la jubilación debido a las condiciones inaceptables en que ocurre, como por una política reacia a generar posiciones académicas. No obstante, más allá de las intenciones, loables, es preciso sostener que el fin no justifica los medios.

¿Es adecuado el proceso? Lleva razón quien lo dude: Conacyt se ha convertido en el patrón de estos catedráticos, quienes ocupan “plazas académicas”, son parte de su “plantilla laboral como personal de confianza y sólo estarán subordinados al mismo”. Conacyt dice que “en una acción sin precedentes, el Congreso autorizó la creación de nuevas plazas para investigadores, denominadas Cátedras Conacyt”. No se dice que quienes las ocupen deban ser empleados del Conacyt, y mucho menos si su ubicación será en las universidades y centros de investigación públicos.

La Constitución señala que es facultad exclusiva de las instituciones establecer procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. Pero la convocatoria dice que ha emitido Lineamientos para la Administración de las Cátedras, “con el objeto de regular la contratación, administración y comisión de estas plazas, así como la relación con los jóvenes investigadores y las instituciones de adscripción”. Los concursos para obtenerlas seguirán “las reglas que aprobó la Junta de Gobierno del Conacyt”. El objetivo es “la incorporación de investigadores a las Instituciones que realizan investigación y formación de capital humano, comisionados con una Cátedra Conacyt”. Las instituciones presentan proyectos en procura de contar con alguna(s) cátedra(s) y quienes aspiren a ocuparla(s) podrán postularse si forman parte del Padrón de Jóvenes Investigadores del Consejo. Las instituciones propondrán al menos tres candidatos por plaza, y “será el Conacyt quien decida” sin apelación posible. Entonces este organismo —no es una institución de educación superior ni de investigación científica— “contratará a los candidatos que resulten “beneficiados” (sic) con un puesto, y los comisionará a la institución para desarrollar el proyecto aprobado (¡por Conacyt también!) en la dependencia correspondiente”.

La institución tiene que declarar que otorgará al catedrático “incorporación plena a las actividades de investigación, docencia, vinculación, y en particular de la dirección de tesis doctorales”. El o la investigadora ha de aceptar las condiciones. Hay temas prioritarios que establece el Consejo. Durarán en el puesto 10 años, renovables, salvo incumplimientos o finalización del proyecto. Ganarán 37 mil pesos al mes, y tendrán acceso a la beca del Sistema Nacional de Investigadores al que deben ingresar en dos años. Conacyt les dará las prestaciones debidas, con derecho a sabático.

La imagen que surge es la de las compañías de limpieza que (sub) contratan instituciones para que se ocupen del aseo, pero en este caso la subcontratación es para realizar lo que las instituciones tienen como tarea central. Esto, entiendo, no se vale ni en una fábrica de jabón.

¿Y la autonomía? ¿Las disposiciones constitucionales y legales? ¿Libertad de investigación? ¿Precariedad laboral? Un fantasma recorre al país: frente a la desconfianza en las entidades o instituciones, en lugar de impulsar regulaciones y mecanismos de transparencia, se opta por un centralismo apabullante, al lado o por encima de la ley. Han vuelto, no cabe duda.

mgil@colmex.mx

Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México

Publicado en El Universal