Para entender la ¿transformación? en la educación pública mexicana
- Pluma invitada
- 23 noviembre, 2020
- Opinión
- Rosalina Romero Gonzaga
Rosalina Romero Gonzaga
twitter: @rrgonzaga23
Hace más de seis décadas el doctor Pablo González Casanova escribió en su libro La Democracia en México:
La transformación del régimen político exige idear formas de democracia interna dentro del partido gubernamental, instituciones parlamentarias en que obligatoriamente se controle el poder económico del sector público, instituciones representativas para la descolonización nacional, instituciones que incrementen la manifestación de ideas de los grupos minoritarios políticos y culturales, incluidos los grupos indígenas; instituciones que fomenten la representación indígena; instituciones que fomenten la democracia sindical interna y las formas auténticas de conciliación y arbitraje, es decir, formas de gobierno nuevas que aprovechen la experiencia nacional y la lleven a delante en un acto de creación política, cuya responsabilidad queda en manos de la propia clase gobernante y sobre todo de los grupos políticos e ideológicos más representativos de la situación nacional (Casanova, 1965: 173, el subrayado es mío).
Para el sociólogo y ensayista el cambio de régimen político pasaba entonces por alterar las condiciones económicas y políticas de un país subdesarrollado, dependiente y colonial y romper la dinámica de desigualdad económica y social. En pleno siglo XXI, esta realidad que muchos quisieron ocultar sigue vigente en este México de economía “en transición” la cual encuentra serios obstáculos y contradicciones para materializar el proyecto político de la Cuarta Transformación (4T).
A dos años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia el entusiasmo y los vientos de renovación se enfrentan a profundas contradicciones traducidas en decisiones de “éxito” que son retórica y verdades a medias para mover conciencias en tiempos electorales y decisiones “realistas” que se toman ayer como hoy en función del poder político y económico de los grupos beneficiarios. Las contradicciones que en el nuevo gobierno se han hecho evidentes e inevitables tienen su máxima expresión en el ámbito de la educación pública. Una serie de decisiones marcan la posición que en los hechos ha tomado el gobierno del presidente. Veamos.
La decisión de éxito de derogar la reforma educativa del gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto se enfrentó con la decisión realista de imponer un Acuerdo Educativo Nacional (AEN) dirigido por el secretario de educación Esteban Moctezuma Barragán y su grupo neoliberal-populista[i]: Enrique Quiroz Acosta ex contralor general en el PRI actualmente Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia (director jurídico), Oscar Flores Jiménez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Juan Ramón Flores Gutiérrez, excoordinador de asesores y actualmente director general de comunicación social.
La decisión de éxito de promover la descentralización de la SEP a Puebla ha sido pospuesta por la decisión realista de concentrar el poder en manos del secretario quien ha promovido cambios organizacionales para racionalizar el aparato educativo, disminuir la capacidad técnica, política y administrativa de las subsecretarías que integran la SEP y reformar la educación a modo de la iniciativa privada. En ese sentido se orientan la reforma educativa de 2019, sus leyes secundarias y el nuevo Reglamento Interior de la SEP (RISEP) de 2020. Con la expedición del RISEP, el grupo neoliberal-populista adquiere el control de la educación colocando en puestos recién creados a personal que trabajaron en Fundación Azteca, asociación del empresario Ricardo Salinas[ii], como es la creación la dirección general de educación musical y orquestas escolares, la unidad de promoción de equidad y excelencia educativa y la dirección general de desarrollo humano integral.
Se elimina la subsecretaría de planeación, evaluación y coordinación, brazo técnico y político del secretario encargado de la planeación y la distribución del presupuesto, pero en su lugar la oficina del secretario se le delegan y asume más funciones para implementar los programas federales. La vieja estrategia responde a los intereses del secretario para concentrar el poder, sin distribuirlo. El uso político del aparato educativo nuevamente se pone a disposición del secretario para quien “eliminar la subsecretaría significó dejar de duplicar funciones y eliminar la plaza del titular que <sólo se dedicaba a firmar>, pero quienes desarrollaban el trabajo estaban en otras áreas”.[iii]
Además, la dirección general de evaluación de políticas públicas fue sustituida por tres direcciones generales encargadas de operar los principios rectores de la reforma de este sexenio apoyados sobre una visión neoliberal y populista: la de análisis y diagnóstico del aprovechamiento educativo; la de planeación, programación y estadística; y de política educativa, mejores prácticas y cooperación.
Otra medida orientada a alinear el aparato educativo a los intereses del secretario fue la fusión de la coordinación general de educación intercultural y bilingüe (CGEIB) con la dirección general de educación indígena (DGEI), reducto de los grupos de poder tradicionales (administrativo y sindical) de la burocracia federal para dar lugar a la dirección general de educación indígena, intercultural y bilingüe (DGEIIB) desde donde se perfilaron dos proyectos educativos para los indígenas: uno encabezado por el ex director Javier López Sánchez[iv] para quien la educación indígena tendría que basarse en el plurilingüismo y el encabezado por el equipo intelectual del secretario con el proyecto de multiculturalismo en el marco de la nueva escuela mexicana. La fusión organizativa fue impuesta por el secretario con una participación a modo de los maestros como “agentes de la transformación” y manteniendo acéfala la dirección.
La decisión exitosa de promover cambios jurídicos para sancionar los conflictos de interés se confrontó con la decisión realista del poder económico y político que ostentan grupos empresariales como el de Ricardo Salinas (grupo Salinas), Miguel Alemán (Interjet), Daniel Chávez (grupo Vidanta) Bernardo Gómez (grupo Televisa), Olegario Vázquez (grupo Ángeles), Carlos Hank González (grupo Banorte) con representación en el Consejo Asesor Empresarial del presidente. En particular, el conflicto de interés establecido entre el titular de la SEP y la injerencia del grupo Salinas en el aparato educativo con la creación de una dirección encargada de la educación musical exhibe la sumisión del poder político al poder económico. El poder del grupo Salinas para conseguir amparos para mantener abierta el colegio privado Humanitree, evadir responsabilidades fiscales, omitir disposiciones sanitarias y laborales responde a lo que afirmó Irma Eréndira Sandoval como investigadora de la UNAM, ahora titular de la Secretaría de la Función Pública: “como Salinas Pliego es el socio mayoritario de TV Azteca, el gobierno le otorga beneficios económicos y fiscales a cambio de imponer la ideología oficial a través de la pantalla de televisión”[v]
La decisión exitosa de priorizar la revalorización del magisterio se enfrentó con la decisión realista del recorte presupuestal a las escuelas normales al asignarles originalmente un presupuesto de 20.5 millones de pesos y como parte de la aprobación de la reserva pactada que presentó la diputada Adela Piña[vi], presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, fueron reasignados 149 millones 402 mil pesos adicionales cuando su presupuesto más alto en la mejor época del peñanietismo fue de 1,245,961,908 (2012) y de 901,825,898 (2016).[vii]
La decisión exitosa de establecer la descarga administrativa para los docentes chocó con la decisión realista de colocar a los profesores al servicio de las empresas y corporaciones como Google for Education o Zoom a través de la educación a distancia, así como de acentuar la carga burocrática que pesa sobre los docentes convirtiéndolos en rehenes de un modelo mercantilizado: “cada mes entrego la planificación diaria del programa anotando contenidos, actividades, aprendizajes esperados, observaciones, evaluación; un apartado que implique las actividades acordadas en cada Consejo Técnico Escolar (CTE)… elaboro una ficha descriptiva por cada alumno con rezago educativo, que contenga los motivos procedimentales, actitudinales o conductuales, así como sus debilidades y fortalezas derivadas de un diagnóstico FODA.. entrego 8 Exámenes: uno de diagnóstico, 4 bimestrales, uno final, uno de recuperación y uno extraordinario, llevo listas de asistencia diaria de los alumnos, registro las evaluaciones continuas, individual o por equipo”.[viii]
Así, con los cambios introducidos en el aparato educativo se establece una nueva relación de poder entre el grupo neoliberal-populista y los grupos burocráticos enquistados en la instancia educativa federal desprovista de toda lógica de comprensión del quehacer educativo. Como estrategia de carácter técnico-organizacional la reconfiguración del aparato educativo federal estará orientada al fortalecimiento del secretario de educación y su grupo político, en detrimento de las subsecretarías académicas.
Notas:
[i] Recupero el término utilizado por Pablo González Casanova para analizar la restructuración del poder con la 4T y su ejercicio traducido en sus reformas o proyectos de reforma institucional. Pablo González Casanova (2019) “A dónde va México”, La Jornada, 7 de abril,
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/04/07/a-donde-va-mexico-pablo-gonzalez-casanova-6475.html
[ii] Nayeli Roldán (2020) “Dan a 5 exempleados de Fundación Azteca puestos recién creados en la SEP”, Animal Político, 14 de octubre, https://www.animalpolitico.com/2020/10/cinco-exempleados-fundacion-azteca-puestos-recien-creados-sep/
[iii] Nayeli Roldán (2019) “Fundación Azteca en escuelas públicas”, Animal Político, 18 de julio, https://www.animalpolitico.com/2019/07/orquestas-fundacion-azteca-sep-escuelas-publicas/
[iv] Renunció en febrero de 2020 y asumió la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
[v] Ibid.
[vi] La reserva presenta por la diputada Piña fue suscrita por todos los coordinadores parlamentarios: de Morena, Ignacio Mier; del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez; del PT, Reginaldo Sandoval; del PES, Jorge Argüelles; de MC, Tonatiuh Bravo; del PRD, Verónica Juárez y del Verde, Arturo Escobar.
[vii] SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000-2020.
[viii] Jorge Salazar García (2020) “La fallida descarga administrativa de Moctezuma”, Al calor político, 16 de noviembre, https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-fallida-descarga-administrativa-de-moctezuma-330665.html#.X7cexWhKjIU
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