Después de un largo periodo de transición, marcado por la incertidumbre, estamos a días de conocer el proyecto educativo de la nueva administración federal. Esto es, en muchos sentidos, el momento que hemos esperado.
En los últimos meses hemos escuchado un discurso público que equipara borrar con solucionar, de un lado, y con derrota del otro. En esto, los dos lados se equivocan. El derecho a la educación, como cualquier derecho humano, exige progreso, una garantía cada vez más amplia y profunda, que implica cada vez mejores políticas educativas que impulsan cada vez mayores niveles de desarrollo para cada vez más niñas, niños y jóvenes.
¿Cancelar asegura este progreso? No, pero tampoco implica necesariamente retroceso.
Para progresar, la nueva propuesta legislativa debe contemplar tres puntos fundamentales:
Primero: frente a la ya anunciada abrogación de la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD), se debe presentar una nueva ley que promueva y garantice los derechos profesionales de las y los maestros.
Cada docente en México tiene derecho a una trayectoria profesional basada en perfiles claros y públicos que establezcan las expectativas para su labor, una formación inicial que asegure que llegue al aula con las actitudes y herramientas para promover el aprendizaje incluyente, procesos de selección y promoción justos y equitativos, así como acompañamiento y formación continua que apoye su desarrollo a lo largo de su carrera.
Segundo, y como hemos argumentado en este espacio, llámese Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) o no, cualquier proyecto educativo debe contemplar un instituto autónomo que asegure que los gobiernos en turno (federal, estatales y municipales) tomen decisiones e implementen estrategias que garanticen el derecho a aprender de cada niña, niño y joven.
Tercero, profundizar la participación social en el proyecto educativo significará ampliar la transparencia en el sistema educativo.
Aunque es un tema poco tratado en la conversación pública, la construcción y publicación de sistemas de información sobre la educación permitiría a docentes, estudiantes, familias, supervisores y jefes de sector, medios de comunicación, organizaciones sociales, académicos, funcionarios intermedios en las secretarías federal y estatales, así como a autoridades en todos los niveles, desempeñar más efectivamente su papel en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política educativa del país.
Ha llegado el momento de la verdad.
Más allá de declaraciones ya bien conocidas en sus múltiples versiones de “cancelar” la “ReformaEducativa”, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador presentará su propuesta de qué y cómo sí.
Estemos todos atentos a la respuesta a la pregunta central:
¿Cómo se garantizará que cada niña, niño y joven en México puede estar, aprender y participar en la escuela?
JENNIFER L. O’DONOGHUE
DIRECTORA GENERAL,
MEXICANOS PRIMERO
@JENNODJOD
