Regreso a clases a dos meses del sismo: acciones, resultados y pendientes

• Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
• 30 noviembre, 2017
• Opinión
• Seminario de Historia y Política de la Educación, sismo

Seminario de Historia y Política de la Educación*

Universidad Iberoamericana. Ciudad de México

A dos meses de los sismos ocurridos en septiembre, se sabe que hay más de 8 mil escuelas en la Ciudad de México y 95 mil en el resto de las entidades del país que sufrieron daños parciales o totales. Además, hay 16 mil 136 aulas con algún tipo de daño, específicamente 10 mil 797 sufrieron daños menores, 63 requieren de una reconstrucción parcial, mientras que 276 tendrán que ser demolidas o reconstruidas por tener daños severos. De igual manera, hay aproximadamente 463 mil estudiantes que no han podido regresar a clases y necesitan ser reubicados (Román, 2017a; Moreno, 2017b).

Ante este panorama, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, señaló la importancia de realizar un dictamen, con la intención de confirmar que las condiciones de seguridad de los planteles sean las idóneas para regresar a clases (Moreno, 2017b; González, 2017a). Para el 13 de octubre, en la Ciudad de México, se sumaban 7 mil 500 escuelas de todos los niveles que ya habían sido revisadas y dictaminadas favorablemente por un director responsable de obra (DRO), mientras se continuaba hasta revisar el total de las escuelas en la capital del país (Proceso, 2017).

Sin embargo, a lo largo de este proceso, se han presentado irregularidades en los dictámenes de Protección Civil. Los supervisores escolares, así como directivos y padres de familia, han denunciado simulación, influyentismo y corrupción para la emisión de los mismos, principalmente por parte de escuelas privadas, a las cuales les “urge” reanudar actividades (Solano, 2017).

En el Estado de México cerca del 50% de las escuelas continúan sin clases, sin dictámenes y sin que ninguna autoridad rinda cuentas del avance o la situación de los planteles. En esta entidad 3,388 escuelas sufrieron afectaciones, de los cuales 1,035 presentan daños menores; 1,899 daños intermedios y 464 daños estructurales (Velasco, 2017). En esta misma línea, en los estados de Oaxaca, Chiapas y Morelos no se ha registrado un avance significativo, por lo que se han generado protestas de padres de familia y docentes para exigir a las autoridades educativas agilizar la revisión de planteles y determinar si procede su demolición o reparación (Redacción/Reforma, 2017a).

Ante esta situación, no sólo el gobierno ha propuesto acciones, también los padres de familia, maestros y organizaciones no gubernamentales han sumado esfuerzos para la reincorporación de los estudiantes a la escuela.

Por una parte, el gobierno se ha preocupado por el presupuesto a destinar para la reparación y reconstrucción de centros escolares, así como para la reubicación de los alumnos. En este sentido, la Secretaría de Educación Pública, a través de su titular Aurelio Nuño, señaló que el ciclo escolar no se perderá ni sufrirá ajustes, sino que será tarea de las autoridades estatales optar por la mejor estrategia, dependiendo de las circunstancias particulares de cada entidad federativa. (Román, 2017b). A su vez, afirmó que se destinarán 20 mil mdp para la reparación y reconstrucción de los planteles afectados; 12 mdp provendrán de la SEP, por lo que no se requerirá cooperación de los padres ni ajuste presupuestal.

Respecto al cronograma de reparación de escuelas, indicó que en los 10 mil 797 planteles que sufrieron daño menor, a cada comunidad escolar le serán entregados 50 mil pesos. El 25 de octubre Nuño inició la entrega de tarjetas de débito con recursos económicos, el monto será de 25 a 250 mil pesos según el grado de imperfectos. El total de presupuesto para esta fase es de 539 millones de pesos, cuya culminación se estima para el 1º de diciembre del año en curso (Román, 2017b).

Por otra parte, los padres de familia en coordinación con los docentes han optado por construir o buscar espacios que funcionen como aulas temporales. En este sentido, diferentes escuelas que resultaron dañadas reciben clases en las calles o bajo carpas, ante el retraso en su reubicación a edificios seguros (Reforma, 2017a). Esto ha ocasionado una disputa con la SEP, hasta el punto que esta instancia prohibió las aulas temporales por considerarlas espacios no autorizados (Hernández, 2017).

En lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, éstas han contribuido principalmente a través de donación de materiales escolares y de recursos económicos. El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha recaudado dos millones 727 mil dólares, con lo cual ha brindado apoyo en 24 municipios, en beneficio de mil 300 niños. Además, según Christian Skoog, representante de UNICEF en México, también se han instalado 100 carpas escolares beneficiando a 4 mil niños, y han capacitado a 162 docentes con herramientas de apoyo en estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y CDMX (Redacción/Reforma, 2017).

El seguimiento dado a las noticias de los últimos meses permite cuestionar el plan que la SEP propuso para resolver las secuelas del sismo y las necesidades que surgieron del mismo. Como primer punto de análisis existe una diferencia clara, basada en el centralismo: la CDMX muestra un avance mayor en la emisión de los dictámenes de seguridad con respecto a los otros estados afectados. Esto pone en riesgo el cronograma de los demás estados, dado que no se podrá avanzar en la asignación de presupuesto para la reparación o construcción.

Como segundo punto de análisis, Aurelio Nuño señala que no se perderá el ciclo escolar, pero deja a las autoridades estatales la tarea de generar las estrategias pertinentes de acuerdo a sus circunstancias, mismas que no parecen ser favorables ya que para lograrlo depende de la emisión del dictamen, que ellos no generan, e incluso después de la asignación de presupuesto por parte de la SEP.

Además, como tercer punto, la SEP prohibió ciertas acciones de organizaciones no gubernamentales (ONG’s), padres de familia y docentes, orientadas a evitar mayores afectaciones al ciclo escolar, tal como la iniciativa de las aulas en las calles. Esto marca un límite en la participación de actores importantes que beneficiarían la reincorporación de los alumnos a clases y contrasta con la intervención de organismos internacionales como UNICEF al que sí se le permitió instalar carpas y realizar otras actividades dirigidas a la capacitación docente.

El análisis nos lleva a preguntarnos por la congruencia de las acciones de la SEP para favorecer tanto la reconstrucción de las escuelas, como la implementación de estrategias. Pareciera que su enfoque está dirigido a la parte estructural y económica, dejando la responsabilidad de recuperar el ciclo escolar a cargo de las autoridades locales, es decir, estos deben resolver lo que ocurre al interior de las escuelas y de las aulas.

La SEP muestra confianza en su cronograma de acciones para evitar la pérdida del ciclo escolar, pero la falta de estrategias específicas en lo referente al programa escolar hace pensar que los docentes, padres de familia y alumnos serán los encargados de solucionarlo. Ante esto nos preguntamos, ¿qué postura deben tomar dichos actores ante el panorama de soluciones oficiales? ¿cómo éstos pueden crear soluciones propias después de la censura a sus participaciones iniciales?

Finalmente, las repercusiones que el sismo dejó en el sistema educativo no sólo radican en las situaciones inmediatas, como lo son el daño estructural en las escuelas y lo referente al ciclo escolar actual, también hay que pensar en las consecuencias a largo plazo en el proceso educativo de las diferentes generaciones de alumnos en los estados afectados. Por lo que planteamos estos últimos interrogantes, que pretenden abonar a esta discusión: ¿veremos una diferencia en el aprovechamiento académico de los alumnos entre los estados afectados y los que no? ¿existirá una repercusión en la capacitación de los docentes? y ¿serán necesarios ajustes en la implementación del modelo educativo planeado para 2018?

*Ana Laura Arellano, Jazmín Guillén, Sandra Lucía Alvarado, José Roberto Rojas, Liliana Antonio, Lucía Roldán, José Roberto Benítez, Diego Enrique Zenil e Itzel Patricia Farías.

Referencias

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