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Es lógico que tras cada cambio de régimen se planteen reformas educativas, así que el punto no es si habrá o no reformas, sino si estas serán cosméticas o sustanciales, congruentes o contradictorias, valientes o retóricas; sólo normativas o también de implementación, contundentes o titubeantes; si resultarán fallidas por falta de perseverancia y de control democrático o exitosas por su consistencia y su apertura a la rendición de cuentas.

En todo caso, se cumple una regla histórica: la escuela es ella misma un sistema transformacional, y no puede ser conducida con éxito -ni a nivel plantel, ni a nivel estatal, ni a nivel sistémico- con un enfoque conservador, simulador o timorato: los grandes educadores nunca fueron añorantes del pasado, contenedores de conflictos o parsimoniosos administrativos: fueron transformadores.

Los resultados recién revelados de PISA 2012 refrendan la necesidad y la urgencia de implementar reformas que impacten el aprendizaje. En el lapso de 9 años, se observó un avance moderado en el desempeño de los alumnos mexicanos; con respecto de la edición anterior, hubo en concreto un pequeño retroceso. No sólo son referencia las potencias asiáticas o Finlandia; para nuestro caso, hay evidencia que muestra lo rápido que es posible avanzar como ocurre con Polonia y Vietnam. La tragedia educativa mexicana es compartida por Latinoamérica. El país de esta región mejor ubicado fue Chile, en el lugar 50. Eso ayuda a explicar el subdesarrollo regional, así como el hecho de que Latinoamérica es la zona más desigual y con menos movilidad social del mundo. Da pena vivir en el lugar más injusto del planeta.

Tenemos que implementar a cabalidad las recientes reformas legales. Está en puerta el concurso para plazas de maestros, directores y supervisores –hacia junio de este año- y la evaluación universal obligatoria de maestros con consecuencias, en 2015. Tenemos que lanzar una cruzada nacional para mejorar la formación inicial y la capacitación de maestros y hacer realidad el Servicio Profesional Docente. Por otro lado, hay que hacer más eficiente y transparente el gasto educativo, mejorar el modelo pedagógico, otorgarle mayor autonomía a las escuelas y alentar la participación de los padres de familia en cada comunidad escolar del país. Hay que estar puntuales a esas citas. Abren la oportunidad histórica de inyectarle profesionalización, exigencia y mérito al sistema. Pero sólo si vamos a fondo. El tema es implementación.

A diferencia de lo ocurrido en sexenios anteriores, y aún con todas las limitaciones de su procesamiento en los vericuetos del Pacto y del jaloneo legislativo, los cambios aprobados no nacieron de un pacto con el SNTE, sino de un proceso social y público que involucró a académicos, a organizaciones civiles y al Congreso. Quedó asentado en ley –no en convenios ni acuerdos- que la profesión docente es servicio público exigente y evaluable, que las escuelas son el punto crítico del sistema y que la medida del éxito educativo es el aprendizaje. Obviedades en otro lado del mundo, pero aquí nunca sancionadas por ley anteriormente, no exigibles ni justiciables en el pasado.

El cambio al artículo tercero constitucional y los tres ordenamientos que le siguieron requieren de una enérgica y honesta conducción. Tener ahora como criterio que toda incorporación y promoción al servicio docente pasa por concursos públicos con evaluación objetiva de méritos significa que hay actores que se deben activar y otros que deben modificar su acción:

– El INEE debe fijar en última instancia qué perfiles e indicadores son válidos, y qué concursos e instrumentos son los adecuados. De ser mero espectador, se convierte en garante del proceso.

– La SEP debe asumir su papel de coordinador y evitar suplantar a los estados; la nueva Coordinación Nacional debe ser orientada a recuperar la conducción e interlocución con los maestros, que durante décadas se subcontrató en la práctica, con altísimo costo en recursos económicos y en pérdida de autoridad y credibilidad para el gobierno federal, a la dirigencia del SNTE.

– Las entidades deben asumir su responsabilidad como empleadores e impulsores de los maestros, así como responder por el logro de aprendizaje de los alumnos de su demarcación. La legislación local, pero sobre todo una administración profesional en cada estado, debe hacer realidad verificable el contenido de esta primera serie de reformas: formación profesional en servicio continua, gratuita y relevante; concursos transparentes, corte de las comisiones no educativas, recuperación del espacio perdido en los programas nacionales, innovaciones en la prácticas de apoyo para cada escuela, fin a la impunidad y la simulación.

– Los padres necesitan ser empoderados en la práctica con los mecanismos previstos (Consejos de Participación, Jornadas de Transparencia, corresponsabilidad en la gestión) y también con su interacción asidua y cotidiana con los maestros de sus hijos.

– El SNTE necesita reinventarse radicalmente, para no seguir dependiendo de su cambiante cotización como aliado electoral, brindando un servicio digno a sus afiliados, y la CNTE necesita dar un paso de congruencia para establecerse como sindicato independiente y dejar atrás su atrincheramiento ideológico y su clientelismo neotribal.

– Los académicos, los medios de comunicación y las organizaciones ciudadanas necesitamos comunicarnos y contagiarnos nuestras fortalezas recíprocamente, para que la evidencia científica, la oportunidad mediática y la exigencia cívica y frontal a las autoridades no vayan por caminos separados.

Dicho eso de la implementación, falta una segunda serie de reformas, centradas en el aprendizaje. Era fundamental cambiar las señales que se mandan a los jóvenes aspirantes a la profesión docente: su selección, pago y promoción no estarán ya distorsionados por el sindicato, que actuó como autoridad paralela y a veces única. Pero eso no basta. Lo que complementa el cuadro es poner el acento en el proceso real de aprendizaje, en las relaciones en el aula y la vida cotidiana de la escuela. Estos aspectos hoy todavía son resueltos en forma frágil, inconstante, intuitiva y sacrificada por las propias comunidades escolares. Tienen la “autonomía de los problemas” pero no la “autonomía de las soluciones”: cada escuela debe tener procesos sólidos, previstos y alimentados -no impedidos ni desdeñados- por la autoridad local.

Los problemas de la reforma son los de todo cambio de paradigma: la cultura vigente conspira contra la perseverancia y la congruencia. El problema con toda reforma no es que no se emprenda, sino que se inicie pero palidezca porque se titubea o acomoda ante los obstáculos. Toda reforma logra menos de lo que se proponía por el momento, pero lo que distingue las exitosas de las fallidas es que los reformadores asumen que están trabajando por un futuro mejor, al margen de sus beneficios recuperables. Así pasó con las reformas educativas de Finlandia en los años 50 del siglo pasado o las de Polonia, Perú o Nueva Zelanda ya en este milenio. Las reformas exitosas cambian la tendencia y abren el ángulo de la trayectoria.

La tentación, a un año de iniciadas las reformas normativas, es que nos quedemos en la “normalidad mínima”, que haya un cambio de planes de estudio y de libros de texto, que se limpie la nómina y no mucho más; que en aras de una falsa paz, se propicie la impunidad de la Coordinadora y se reviva la alianza charra con el SNTE; que se deje sin cambiar la lógica de las Normales, que se reediten malos programas de estímulo tipo Carrera Magisterial, que nos reduzcamos a la evaluación genérica tipo EXCALE y que esperemos la decepción pedagógica o el escándalo financiero ligado a la entrega masiva de computadoras o tabletas. El mayor problema de la reforma es que los padres no la sientan suya y que las organizaciones de la sociedad civil se cansen de denunciar y mejor se sumen a programitas sin impacto o revivan el papel de edecanes de lujo en los eventos de la Secretaría.

Toda reforma es problemática, porque busca solucionar una injusticia presente; sus opciones son la valentía con costo, o la prudencia con simulación. La resistencia está asegurada de parte de quienes quisieran que las cosas sigan igual. Lo que no está asegurado es que exista la entereza gubernamental y ciudadana para seguir adelante con la aplicación de los cambios. Ahí, en buena medida, nos jugamos el futuro de la educación y el futuro de México. Ya no más eventos, convenios y discursos. Ya no más excusas y dilaciones. Basta de promesas. Lo que se requiere es aplicar la ley; lo que necesitamos es acción y decisión; lo que va es poner a nuestros niños primero; lo que reclamamos es pasión, visión y valor para habilitar las reformas legales.