El bumerán de la discrecionalidad

Con varias acusaciones sobre conflictos de interés, creciente desconfianza y niveles de aprobación bajísimos del presidente Enrique Peña Nieto, el viernes pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que uno de los pilares de la reforma educativa (el proceso de evaluación) queda suspendido “indefinidamente”. ¿Qué pasó? Ante el escueto comunicado emitido por la Secretaría de la Educación Pública, la especulación y el sospechosismo se echaron a andar. “Fue por las elecciones”, señalaron algunos mientras que la versión oficial nomás dijo que se iban a considerar “nuevos elementos” para el proceso de evaluación de ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior. Estos elementos claramente no son de carácter técnico. Ejerciendo su autonomía, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) cuestionó la decisión de la SEP y de modo abierto expresó que la “razón esgrimida” para cancelar la evaluación no tiene fundamento”, es ilegal, “invade” sus atribuciones y vulnera su autonomía. Se “atenta”, dijo, contra el derecho de 400 mil mexicanos.

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