Imanol Ordorika*
En el contexto del foro Reforma y futuro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2050, la discusión sobre el porvenir de la Universidad Nacional corre el riesgo de quedar atrapada en la simulación.
La UNAM es hoy una institución radicalmente distinta a la que fue a mediados del siglo XX. Su crecimiento ha sido extraordinario: de poco más de 23 mil estudiantes en 1945 a más de 373 mil en la actualidad. Sin embargo, esta expansión no ha estado acompañada de transformaciones sustantivas en su organización ni en sus formas de gobierno. La UNAM ha crecido en tamaño y complejidad, pero permanece inmóvil en lo esencial.
Las grandes reformas que definieron su rumbo –la autonomía de 1929 y 1933, la Ley Orgánica de 1945, la construcción de Ciudad Universitaria y los cambios de las décadas de 1960 y 1970– contrastan con más de medio siglo de ajustes menores. Desde entonces, la conducción institucional ha administrado la universidad sin un proyecto de transformación, refugiándose en la inercia y en una narrativa autocomplaciente que celebra su grandeza mientras elude sus problemas estructurales.
No se trata de ausencia de diagnóstico, sino de persistente negativa al cambio.
Uno de los efectos más claros de esta inercia es el profundo desequilibrio entre las funciones sustantivas. La investigación ha sido elevada a prioridad indiscutible, impulsada por sistemas de evaluación que premian la productividad académica y la inserción en circuitos internacionales. La docencia, en cambio, ha sido sistemáticamente devaluada. No es un efecto colateral: es el resultado de decisiones institucionales que han subordinado la enseñanza.
El crecimiento del profesorado de asignatura –hoy mayoría en la planta académica– es la expresión más evidente de esta lógica. Se trata de un modelo que descansa en la precarización del trabajo docente, mientras se preservan estructuras de privilegio asociadas a la investigación y a la administración universitaria. Esta configuración no es accidental: ha sido tolerada y reproducida desde las estructuras de poder universitario.
A ello se suma la marginación sistemática del estudiantado. Aunque se le invoca como centro de la vida universitaria, su participación en las decisiones es mínima. Las condiciones socioeconómicas de amplios sectores, así como los problemas de acceso y permanencia, han sido atendidos de manera fragmentaria. La falta de iniciativa frente a la crisis pedagógica actual no es una anomalía, es consecuencia de un modelo que ha desplazado la formación como eje central.
Las desigualdades internas y la violencia de género muestran el mismo patrón. A pesar de la presión de la comunidad, la respuesta institucional ha sido tardía y orientada a la contención. La persistencia de ambientes discriminatorios revela la profundidad de relaciones de poder que las autoridades no han querido modificar.
En el terreno del gobierno universitario, el problema es aún más evidente. Los órganos colegiados operan con atribuciones limitadas y con representatividad sesgada. La sobrerrepresentación de autoridades y profesores frente a los estudiantes, junto con el control ejercido desde la rectoría y las direcciones, restringe la participación y debilita la legitimidad de las decisiones.
En este contexto, el propio foro Reforma y futuro de la UNAM 2050 será sólo un ejercicio de simulación si no se traduce en mecanismos reales de participación y decisión. La experiencia universitaria muestra que los foros y consultas que no modifican las estructuras de poder terminan legitimando decisiones previamente tomadas.
El discurso sobre la “democracia deliberativa” universitaria es una formulación retórica. La concentración del poder, la opacidad en la gestión de recursos y la limitada rendición de cuentas siguen siendo rasgos dominantes de un modelo de gobierno que se resiste a cambiar.
La asignación presupuestal confirma esta lógica. Los salarios del profesorado de asignatura son limitados, mientras el de funcionarios es mayor. No se trata sólo de números: es una definición de prioridades que subordina la docencia y reproduce desigualdades.
La conducción universitaria ha optado por preservar el orden existente. Frente a los conflictos, ha respondido con inmovilismo, opacidad y prácticas autoritarias. La ausencia de un proyecto estratégico es, en sí misma, una forma de gobierno.
El mayor riesgo es la inmovilidad. Cuando las instituciones no son capaces de transformarse, se generan conflictos más graves o se imponen proyectos desde fuera.
Sin embargo, el cambio sigue siendo posible. Pero no vendrá de decisiones tomadas desde la cúspide del poder universitario. Requiere una reconstrucción profunda de la vida institucional, basada en la participación efectiva de estudiantes, académicos y trabajadores. Implica requilibrar las funciones sustantivas, colocar la docencia en el centro y transformar las formas de gobierno para hacerlas verdaderamente democráticas.
La UNAM no necesita más simulación ni más retórica. Necesita asumir que su modelo actual es insostenible.
El debate abierto en el foro Reforma y futuro de la UNAM 2050 sólo tendrá sentido si rompe con la inercia y se traduce en cambios reales. De lo contrario, será un episodio más en una larga historia de simulaciones sin consecuencias.
La universidad está en disputa. Y evadir esa disputa no es neutral: es optar por la continuidad de un orden que reproduce desigualdades, limita la participación y debilita el sentido público de la universidad.
*Texto publicado originalmente en La Jornada
