Archivo de Etiquetas: manuel gil antón

Incertidumbre en el rumbo educativo

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Cuando no vemos con nitidez el rumbo por el que nos lleva un camino; si hay “polvo en el viento” de tal manera que el contorno de la calzada no se alcanza a ver del todo; en el caso que ante la pregunta sobre el proyecto que un gobierno tiene sobre algo importante la respuesta no sea precisa, estamos en los linderos de la duda: nos encontramos en el terreno de la incertidumbre. ¿Para dónde vamos? ¿Qué proponen?

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Diamantina en la escuela mexicana

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¿Sabía usted que, en México, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que asisten a la escuela son cerca de 34 millones y medio? En números redondos, 5 van diario al preescolar, 14 a las primarias, 6.5 llegan diario a secundaria (la educación básica, entonces, conjunta a 25.5 millones de personas). Si se añaden 5 y 4 millones en media superior y superior, respectivamente, llegamos a la cifra total. La suma de profesoras y profesores que laboran en las decenas y decenas de miles de escuelas, públicas y privadas, no es menor: 2 millones.

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El día que regresé al kinder

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El lunes, establecieron las reglas para llevarse bien y respetar a los demás: saludar, pedir permiso cuando quisieran pasar, dar las gracias… cuestiones así, sencillas, acordadas en la Asamblea del salón. Con cuatro años de edad. La educadora las anotó y, cada día, al final de la jornada, daban cuenta personal de su observancia. Yo no más tres; a mí me tocó no hacer bien la cinco; creo que no me falló ninguna, ah sí: le di un empujón a Jaime.

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¿Es gratuita la educación pública?

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Pienso, luego insisto: la Constitución, en el artículo 3, luego de armar que la educación es un derecho, establece que el Estado “impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”. Además, señala que la impartida por éste, además de obligatoria, “será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

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¿Cualquiera puede enseñar?

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Sí. No hay duda: tome usted un objeto y muéstrelo a la primera persona que tenga a la vista. Dígale: ¡mira! y espere a que lo vea. Ya le enseñó, digamos, sus lentes. En eso no hay dicultad alguna. Pero si se entiende la pregunta en el sentido que quién sea, independientemente de su preparación, puede ser docente, entonces la respuesta es no, y rotundo.

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La ventana de la SEP

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No lo sé de cierto, pero me dicen los que han andado por los laberintos de la Secretaría de Educación Pública que, además del famoso escritorio de Vasconcelos, en la oficina del secretario hay una ventana muy peculiar: no da a la calle, sino a una plaza imaginaria que permite ver al magisterio nacional. Si como dice Piaget: “uno no sabe lo que ve, sino ve lo que sabe”, la imagen del inmenso conjunto de docentes y trabajadores asociados a las tareas del aprendizaje en el país, está condicionada por quien mira y, entones, la percepción resultante no es ajena, sino posible, a partir de los juicios previos de quienes observan. En 2012, las élites políticas y económicas –a las que siempre acompañaron la mayoría de los medios de comunicación– se reunieron para tener acceso al ventanal.

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Educación: paliar carencias o asegurar derechos

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Si millones están privados de un bien o servicio, establecido en la Constitución como derecho para todos los mexicanos, es imprescindible actuar para resolverlo. Exigencia política: cumplir la ley, e imperativo ético de un gobierno que se comprometió a que sus acciones estarían guiadas por la equidad, reflejada en la inclusión plena de los excluidos, de los que durante muchas décadas fueron invisibles o considerados, por las élites soberbias, rémora para el desarrollo del país, salvo que se unieran a la concentración de la riqueza en unos cuantos, inaceptable, como mano de obra ni siquiera barata: cuasi gratuita. Si se trata de un imperativo, una obligación que consta en la ley y es jurídicamente vinculante, no optativa, se abren, a mi entender, dos enfoques: el que se orienta desde la noción de las carencias, o el que encara el problema a partir de la concepción de los derechos

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¿Idóneos o adecuados?

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La Reforma Educativa de la actual administración o, más bien, las adiciones, ajustes y modificaciones realizadas al artículo 3º. y aledaños que en 2013 realizó el Pacto por México, ha sido promulgada. ¿Cambio y permanencia? Sí. A ninguno de los extremos, creo, le asiste la razón: ni a quienes dicen que todo ha cambiado y entramos a la nueva historia, ni a los que arman que es la misma reforma, idéntica, con otras formas de decir lo mismo.

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Educación: los límites del pragmatismo

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La incierta situación que se vive en cuanto a la Reforma Educativa, más allá de los vericuetos legislativos que enfrenta, tiene, a mi juicio, su origen en las características de la propuesta que el equipo de educación del presidente López Obrador elaboró, él hizo suya y la envió a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2018.

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No tienen lugar cuestiones laborales en el Tercero Constitucional: Manuel Gil Antón

El Artículo Tercero de la Constitución mexicana se “torció” cuando se le introdujo contenido laboral y administrativo en el reforma de 2013, de acuerdo con el análisis de Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Gil Antón dictó la conferencia magistral Reformas Educativas: Cambio y Continuidad entre 2013 y 2019, dentro del Tercer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal (CONISEN), realizado del 9 al 12 de abril en Playas de Rosarito, Baja California, donde sostuvo que los verdaderos profesionales de la educación son los normalistas, al contar con la formación pedagógica. El investigador hizo un recorrido rápido por el Artículo Tercero desde 1917 a la fecha, pasando por las adecuaciones de 1934, que dictaban una educación socialista; las de 1946, que establecían el desarrollo armónico de todas las capacidades del hombre; los cambios de 1980, cuando se señalaron las atribuciones de las instituciones autónomas; la inclusión de la secundaria como educación obligatoria en 1993 y del preescolar en 2002; la inserción de los derechos humanos en 2011; la obligatoriedad de la educación media superior en 2012, y el Pacto por México en 2013, donde el 62% del contenido fue administrativo y laboral, contra 38% de lo que tiene que ser un artículo constitucional.

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