El pasado 29 de mayo del 2015, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a cargo de Emilio Chuayffet, anunció la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, anuncio que representó, sin duda, uno de los acontecimientos político educativos más importantes del año.
Sin dar mayor explicación y en una decisión unidireccional y sin consultarlo con la máxima autoridad en materia de evaluación: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente dependiente de la SEP, señaló, a través de un escueto comunicado de prensa, que buscarían nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación, por lo cual, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización.
Ante ello, la Junta de Gobierno del INEE exigió al Gobierno Federal dejar sin efecto la “suspensión indefinida” de los procesos de evaluación docente, pues esta acción atentaría contra el interés superior de la niñez mexicana y el desarrollo profesional de los profesores.
El anuncio de la SEP sobre la cancelación de la evaluación docente, ocurrió al mismo tiempo que en la Secretaría de Gobernación mantenía negociaciones con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para evitar el cumplimiento de la amenaza de boicot a las elecciones del siete de junio.
Ante la escasa información y gran incertidumbre, Enrique Peña Nieto, Presidente de México, aseguró que la SEP daría respuesta a todas las inconformidades registradas ante el anuncio de la suspensión indefinida de la evaluación docente. Peña rechazó que su gobierno claudique en la implementación de la evaluación docente.
Después de días de silencio, Chuayffet señaló que la suspensión de la evaluación docente se dio a raíz de problemas técnicos y de estrategia política y no como un capricho de la SEP.
Fue tan grande el escándalo, que diversas organizaciones civiles encabezadas por Mexicanos Primero promovieron un amparo contra la suspensión, donde, finalmente, un juez declaró ilegal esta medida, sin embargo, antes de que se dictaran las consecuencias legales, la SEP ya había reanudado los procesos.
Esto, incluso, mereció que la Cámara de Senadores mandara llamar al Secretario para que compareciera por estos hechos. Durante la sesión ante los legisladores, Chuayffet Chemor señaló que se se suspendieron los procesos para garantizar la certeza de los concursos.
Para el funcionario publico, “el ser evaluado debe entenderse como una nueva protestad de los derechos humanos”.
Finalmente Chuayffet explicó que la SEP estaba facultada a realizar las convocatorias de ingreso y promoción y que no hubo consecuencias jurídicas derivadas de dicha suspensión
