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Hacia la Ley General de Educación Superior

En esta colaboración se revisan los antecedentes, el contenido, la coyuntura política y el escenario probable para la aprobación de la Ley General de Educación Superior que fue ordenada por la reforma constitucional en materia educativa aprobada el 15 de mayo de 2019. Se consideran los antecedentes remotos e inmediatos de la misma, las características de la propuesta y se indican algunas posibles insuficiencias del proyecto.

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Tres estrategias: normales, primera infancia e inclusión

El 13 de noviembre la SEP remitió al Senado de la República la documentación que contiene las tres estrategias nacionales ordenadas por la Constitución como parte de la reforma en materia educativa aprobada el 15 de mayo. En el régimen transitorio de esta se dispuso que la autoridad educativa federal debería plantear una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales; una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, y una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Para la presentación de dichas estrategias se fijó un plazo de 180 días, lo que significa que la SEP cumplió, justo a tiempo, con el mandato constitucional, lo que es una buena noticia.

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A cinco años del movimiento “Todos somos Politécnico”

Se cumple en estos meses el quinto aniversario del movimiento de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que, durante varias semanas, principalmente en el periodo de la huelga estudiantil, ocupó el interés público al ser una de las primeras notas discordantes de la implementación de la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, en particular en las áreas de educación media superior y superior. Sin duda, la importancia del Politécnico Nacional como una de las instituciones emblemáticas del sistema de educación superior del país contribuyó a fijar la atención de los medios sobre el movimiento y su desenlace, como también la actuación de las autoridades federales (Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública) en el arduo proceso de negociación involucrado.

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Decepcionante presupuesto

Se está intentando una reforma de gran calado en el sistema educativo nacional. Se pretende modificar a fondo las formas de enseñanza y aprendizaje, actualizar el currículum de la educación básica con nuevos contenidos, más apegados a la realidad nacional y a los contextos locales, orientar la formación hacia el humanismo, procurar la articulación entre los niveles educativos, favorecer la trayectoria regular y el egreso oportuno de los estudiantes, apoyar los procesos de formación inicial y continua de los maestros, crear nuevas formas de evaluación que sirvan para mejorar continuamente los servicios y den lugar a la excelencia académica. Se pretende también dignificar la profesión docente y que ello repercuta en una revaloración de su prestigio social.

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ProCienciaMx y la crítica a la política de ciencia, tecnología e innovación

Este lunes se dio a conocer y comenzó a circular en distintos medios el documento “Por una ciencia sin restricciones. Pronunciamiento de la Red ProCienciaMx”, en el que el colectivo de académicos que participan en esa red plantea un conjunto de observaciones críticas, propuestas y demandas relacionadas con el desempeño de la actual administración en el sector de ciencia, tecnología e innovación encabezado por el Conacyt (documento aquí)

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Ley de Carrera, artículo 35

Este jueves, de madrugada, concluyó el trámite legislativo de tres de las leyes asociadas a la reforma constitucional en materia educativa: la ley general de educación, la ley general del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la ley reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución en materia de mejora continua de la educación. Se trata de un paquete legislativo amplio y complejo. La general de educación consta de 181 artículos y 17 transitorios, la general sobre la carrera docente de 107 artículos y 24 transitorios, y la correspondiente al sistema nacional de mejora continua, también reglamentaria del organismo que reemplaza al INEE, contiene 68 artículos y 14 transitorios. Son casi cuatrocientos artículos (399) en total los que perfilan el nuevo marco legislativo de la educación en México. Y todavía faltan dos leyes que deben ser procesadas: la general de educación superior y la general de ciencia, tecnología e innovación.

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Orquestas, ¿qué tiene de malo?

La SEP está empeñada en incorporar al currículum la enseñanza musical y en la formación de orquestas y coros en las escuelas. Una de las primeras manifestaciones de esa intención se dejó notar en la iniciativa de reforma al artículo 3o. constitucional enviada por el Ejecutivo al Congreso el 12 de diciembre del año pasado, en la que se proponía incorporar a los planes de estudios “las artes, en esencial la música”. Así decía. Al cabo del extenso debate legislativo de la reforma la redacción cambió la palabra “esencial” por “especial” y así quedó.

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¿Qué tanta ciencia y de qué calidad se hace en México?

Ahora que parece estar de moda cuestionar los privilegios, prerrogativas e incluso la actividad misma de quienes se dedican a la actividad científica en el país, es de interés ofrecer alguna aproximación a la pregunta que titula esta colaboración. Para ello acudiremos a algunos datos que ilustran los resultados de la producción científica nacional.

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Autonomía universitaria y órganos internos de control ¿Fallos contradictorios en la SCJN?

En 1980 se elevó al nivel constitucional la autonomía universitaria. Se añadió al artículo 3ro. una fracción con garantías para las universidades autónomas por ley. Estas consisten en la facultad de autogobierno, de formular sus propios planes y programas de estudio, de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, y de administrar su patrimonio.

Desde entonces un número de amparos contra actos de las universidades autónomas, y de estas instituciones en oposición a decisiones de los poderes del ámbito federal y estatal han sido ventilados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que, por un efecto acumulativo, ha integrado un corpus jurisprudencial en materia de autonomía universitaria. Abundan los amparos en temas laborales, algunos enfocados a hacer valer las exenciones fiscales de las que gozan estas instituciones, y otros relacionados con temas estudiantiles.

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