Los embates contra la educación nacional no cejan. Unos, producto de la fatalidad, la persistencia del covid19, otros, suscitados por gobiernos locales (para no dejar sola a la Secretaría de Educación Pública) y otros más por la inefable Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
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El 19 de agosto de 2011 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica”, documento en que se cristaliza el proyecto de reforma integral de la educación básica, definida sintéticamente, en ese texto, como “una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de Gestión.”
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Es necesario un gobierno de puertas abiertas, hemos podido leer por aquí y por allá. Uno que escuche las necesidades e intereses de las y los ciudadanos de forma permanente y que rinda cuentas de sus acciones con transparencia y honestidad. Una escuela de puertas abiertas, es algo que también hemos escuchado.
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La pandemia llegó y todo se transformó. Actualmente vivimos en la duda, en el miedo, en la incertidumbre. Recuerdo los primeros días de junio del presente, en donde uno de mis profesores preguntó ¿qué es educar? A lo que un compañero y gran amigo contestó: “implica brindar herramientas para que los alumnos comprendan el mundo y a sí mismos”. Al escucharlo, estuve totalmente de acuerdo, pero esto me llevó a cuestionarme ¿nosotros como estudiantes contamos con las herramientas necesarias y/o suficientes para comprender el mundo y a nosotros como parte del mismo? ¿la escuela, los profesores de hoy aportan más allá que la simple reproducción de conocimientos y contenidos?
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El Derecho de la Humanidad abrió la puerta y dio a luz a los otros derechos. El cumplimiento de estos transforma la realidad para lograr el bienestar, la justicia y el desarrollo de las personas, las comunidades y el país. Es necesario diferenciar los conceptos de derecho. Por una parte está el derecho a la educación, que es un precepto constitucional; el derecho en la educación se refiere a los procesos de enseñanza y aprendizaje; y en los espacios educativos, a formas de comportamiento.
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Las escuelas normales juegan un papel fundamental en la construcción de un proyecto educativo de nación. Su funcionamiento, operación y futuro no sólo dependen de las voluntades políticas y económicas de las autoridades, sino de diversos elementos intangibles que tienen un impacto mucho más profundo en el sistema educativo.
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En este sentido, la propuesta de la SEP orilla a que la evaluación se evalúe a sí misma resulta una clara invitación para reflexionar en posturas epistemológicas en evaluación, en ideologías e incluso en procesos técnicos que vayan más allá de la precisión de medida. El reto es muy grande y necesario, ya que permitirá afianzar el valor de la evaluación como medio para generar una sociedad más equitativa, basada en el crecimiento conjunto y no en la segmentación meritocrática, que resulta de poca utilidad en un contexto envuelto en desigualdades.
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Una de las grandes contradicciones del gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, es la continuidad del programa de ingreso, promoción y reconocimiento del magisterio que, desde hace más de tres décadas se implementó en nuestro país, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). Una política, particularmente, la de promoción horizontal, que tenía como propósito estimular la calidad de la educación y establecer un medio de mejoramiento profesional, material y de condición social de la maestra o maestro.
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En la versión más reciente del “Plan de estudios de la educación básica 2022 (Marco y estructura curricular)”, se advierte, con más claridad, lo que la SEP propone para transformar los procesos de aprendizaje en el país. Esto ocurre porque se reducen los adjetivos con que se caracterizaba el alto contraste entre lo anterior y lo porvenir, para dar paso a argumentos sustantivos. Se puede, entonces, debatir tanto la orientación como las formas en que se organizarían los contenidos de lo que, de manera más extensa (aunque no siempre clara) caracteriza a la Nueva Escuela Mexicana.
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A nivel universitario debemos romper con el utilitarismo, con las visiones económicas estrechas, dejar a un lado el hiperconsumo como modelo de vida y de prestigio para formar un nuevo tipo de ciudadano, un agente transformador de su sociedad, una persona con otros valores, comprometida en la lucha contra la crisis ambiental, y la pobreza y la desigualdad social.
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