• Abelardo Carro Nava
• 2 marzo, 2024
• Opinión
• Abelardo Carro Nava

Hace unos días, una maestra de cuarto grado de primaria me platicaba sobre una situación que recién había vivido con sus alumnos, particularmente con un niño, cuando éste fue sorprendido “trepado” en una silla con celular en mano y tomando algunas fotografías hacia el interior de los baños de las niñas. Al ser descubierto por un maestro, el estudiante fue conducido a la dirección de la escuela con la finalidad de que el director tuviera conocimiento de la situación y, probablemente, se tomaran algunas decisiones. Como parece obvio, el pequeño desde que fue interrogado negaba lo que el profesor había observado y por lo cual lo había conducido con la autoridad escolar (tomar fotografías). Ante esta reacción y ante la imposibilidad de revisar el celular del infante (la escuela ya tenía una denuncia en derechos humanos porque una practicante de una escuela normal sorprendió a un niño tomándole fotografías al interior del salón cuando ella estaba de espaldas y, al darse cuenta de ello, tomó el celular de niño y lo revisó), fueron citados sus padres de familia para que en este momento se presentaran al plantel educativo. Los padres no llegaron, solamente acudió el abuelo y, con la autorización del éste se revisó el celular y, en efecto, se observaron imágenes del interior del baño. Acto seguido se retiró el abuelo con el niño, con la promesa de que hablaría con sus padres y con el infante.