El conflicto en la Universidad Veracruzana, cuyo actual rector, Martín Aguilar Sánchez, busca mediante un procedimiento irregular la prórroga de su mandato por cuatro años más, sigue escalando tras conocerse la renuncia a la Junta de Gobierno de la institucion de Angélica Buendía Espinosa, académica de la UAM-Xochimilco y reconocida investigadora en educación, y la determinación de ese colegiado de mantener una irregular consulta sobre la posibilidad de otorgar esa prórroga.
Con su renuncia, la también ex presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) se deslindó del conflicto universitario causado por la determinación del rector Aguilar Sánchez de buscar la reelección en el cargo mediante la cuestionada figura de la prórroga, procedimiento que violaría la legalidad universitaria que ordena a la Junta de Gobierno la emisión de una convocatoria general para la renovación del cargo a más tardar el 30 de junio próximo. Sin embargo, el máximo órgano de gobierno universitario busca cumplir el deseo del actual rector.
En la historia reciente de la UV ningún rector recurrió a la prórroga como mecanismo para permanecer en el cargo. Adicionalmente, la pretensión de Aguilar Sánchez pasaría por encima del requisito de edad, por el cual ningún aspirante a la rectoría podría tener más de 65 años al momento de su designación. Aguilar Sánchez cumplió esa edad durante su actual mandato.
La renuncia de la investigadora Buendía Espinosa a la Junta de Gobierno de la UV se suma a las dimisiones que entre 2023 y 2025 presentaron otros integrantes: Alfredo Sánchez Castañeda, Hugo Casanova y Erika Maldonado, por desacuerdos con el rector.
Ex rectores piden a la Junta que no permita la prórroga
Al menos tres ex rectores de la UV rechazaron la posibilidad de la prórroga para Aguilar Sánchez y formularon un llamado a la Junta de Gobierno para que rechace la petición.
En una carta abierta, Sara Ladrón de Guevara González, rectora de 2013 a 2021; Raúl Arias Lovillo, rector de 2004 a 2013, y Víctor Arredondo Álvarez, rector de 1997 a 2004, pidieron al órgano de gobierno que “no se acepte la petición de prórroga ilegal del rector y que se emita la convocatoria para la designación de rector, conforme a lo establecido por la Ley de Autonomía (artículo 8), que exige su publicación con al menos dos meses de antelación a la conclusión del actual periodo”. Aguilar Sánchez termina su periodo como rector el 31 de agosto próximo. La Junta de Gobierno debería emitir la convocatoria para un nuevo proceso sucesorio a más tardar el 30 de junio.
De acuerdo con los ex rectores, la edad de Martín Aguilar Sánchez lo imposibilita para participar en el proceso de selección del próximo rector y “por ello ha intentado usar métodos ilegales”. Esta pretensión, dijeron, implicaría una “severa transgresión” tanto del rector en funciones como de de la Junta de Gobierno, a la Ley de Autonomía y al reglamento de la propia Junta.
Guevara González, Arias Lovillo y Arredondo Álvarez hicieron un llamado a todas las universidades autónomas del país, a los anteriores miembros de la Junta de Gobierno de la UV y a la población en general a “expresar su rechazo al intento del actual rector de permanecer de manera ilegal, cuatro años más en su puesto”.
El tamaño de la oposición a la prórroga
De acuerdo con el profesor Miguel Ángel Casillas Alvarado, investigador de la UV y colaborador de Educación Futura, en el ámito universitario la oposición a la prórroga incluye:
- Decenas de cartas de juntas académicas, colegios de profesores.
- Diversas expresiones públicas de consejeros y representantes estudiantiles.
- Mayoritaria opinión en el CGUen contra de la prórroga y de los procedimientos de la Junta.
- Una manifestación pública en Xalapa con cientos de asistentes de todos los sectores (estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores administrativos y manuales, jubilados).
- Una carta pública firmada por juristas expertos, profesores distinguidos de la Universidad.
- Cartas públicas, entrevistas y comunicados de cuatro exrectores de la Universidad.
- Una carta pública de una veintena de exintegrantes de la Junta de Gobierno.
- Una confluencia entre aspirantes a la rectoría que ven conculcados sus derechos y aspiraciones a participar de la renovación de la rectoría.
- La renuncia de la Dra. Angélica Buendía a la Junta de Gobierno.
Casillas Alvarado dijo que “nadie en la comunidad ha solicitado la prórroga para la gestión del rector: arrogándose un derecho que nadie le dio, él mismo, como un autócrata, se lo ha inventado y se lo ha impuesto a la Junta”.
“La actual crisis institucional que atraviesa a la Universidad Veracruzana deriva de un capricho autoritario y de la irresponsabilidad de la Junta de Gobierno. Es el rector, con su ilegal e ilegítima ocurrencia de perpetuar su rectorado quien ha provocado un embrollo, y al mismo tiempo la conducta dócil, cómplice y pusilánime de la Junta ha dado lugar a que se inventen procedimientos nunca consignados en las leyes, a que se genere un clima de incertidumbre y desconfianza entre los universitarios”, agregó.
Nahle: el poder es prestado
La gobernadora del estado, Rocío Nahle García, que ha mantenido una postura distante respecto del conflicto artificialmente creado por Aguilar Sánchez, dijo el lunes (16/06/2025) que su gobierno será respetuoso de la autonomía universitaria, pero subrayó que la autonomía también supone “cumplir con las reglas internas establecidas” para la sucesión en la rectoría.
El objetivo, dijo en Palacio de Gobierno, es fortalecer a la institución, pensar siempre en el bien de la Universidad, de sus estudiantes, profesores, y trabajadores. “Mi único llamado es a que se respete la ley interna, sin imposiciones, sin beneficiar a nadie; la comunidad universitaria debe tomar la mejor decisión para su futuro”, dijo.
En un mensaje con destinatario claro, la gobernadora afirmó que “el poder es prestado” y el poder “debe ejercerse para el bien, para hacer cosas; termina uno un encargo y el que siga que lo haga hasta mejor. Eso es lo mejor para una sociedad, para una comunidad”.
Por otro lado, grupos organizados de estudiantes de la UV realizaron una conferencia de prensa para demandar a la Junta de Gobierno la cancelación de la consulta para la prórroga, la negativa a las pretensiones de Aguilar Sánchez y la convocatoria a un nuevo proceso para la selección de quien habrá de dirigir la máxima casa de estudios de Veracruz los próximos cuatro años.
Ana Bertha Ramírez, una de las estudiantes, dijo que la ley es clara cuando pone la edad como requisito a cumplir para ser rector de la universidad. “No nos podemos apegar a la norma para unas cosas y no para otras”, señaló.
Las razones del rector
En su solicitud a la Junta de Gobierno, el rector Martín Aguilar Sánchez -Fundador de la facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana de la que es profesor-, argumenta que la prórroga del cargo le debe ser concedida para que pueda continuar con la “transformación” de la institución “en aras de la continuidad y conclusión de los proyectos que hemos emprendido y visualizado”.
En su escrito, el funcionario consideró que el trabajo iniciado hace casi cuatro años “requiere de una continuidad para poder consolidar acciones que hemos iniciado como implementar las modificaciones al Modelo Educativo Integral y Flexible, trabajos que se han iniciado con aportaciones de directoras y directores de facultades”. No menciona ninguna causal de emergencia académica; de enfrentamiento con autoridades educativas estatales o federales, o de defensa de la comunidad estudiantil y académica, como razones para formular su solicitud. El malestar de la comunidad universitaria tiene su origen en la búsqueda de esa prórroga en el cargo.
La Universidad Veracruza es más que un rector: juristas
Más de 40 juristas universitarios se pronunciaron por el regreso a la normalidad en el proceso de sucesión de la Rectoría y pidieron a los integrantes de la Junta de Gobierno que atiendan “con sentido universitario el alcance de sus atribuciones legales, pues ninguna norma universitaria les faculta para designar ni prorrogar directamente al rector al margen del procedimiento legal”.
De acuerdo con los abogados, entre quienes destacan Ana Lilia Ulloa Cuéllar (primera abogada general mujer de la UV en 2021), José Luis Cuevas Gayosso, Manlio Fabio Casarín León y Mireya Toto Gutiérrez, “no corresponde al Rector realizar la petición de una prórroga o ampliación de su mandato, su carácter, no le da potestad para interpretar la norma universitaria ni para inducir a la Junta de Gobierno, pues de hacerlo se violenta el principio de legalidad”.
Que transformación ni que nada, no hizo nada de nada estos 4 años. Es claro que esa prórroga no es más que la tapadera para intentar “recomponer” las cosas mal hechas.
¡¡Ya que se vaya!!!