Publica SEP código de conducta para sus funcionarios

• Verónica Garduño
• 26 enero, 2016
• Destacada, Política Educativa
• Código de Conducta SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el Código de Conducta para sus funcionarios quienes deben conducirse bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

La Secretaría señala que sus funcionarios tienen el compromiso de ser un modelo en el entorno familiar, laboral y social, ya que es responsabilidad de los que integran esta institución, contribuir a lograr una educación de calidad.

El Código de Conducta de la SEP se emite en cumplimiento y apego al código de Ética de la Administración Pública Federal y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético.

Dicho Código de Conducta se elaboró en concordancia con el Código de Ética de la Administración Pública Federal.

Las y los funcionarios de la SEP deberán desempeñar su actuación con imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación y ética, así como conducirse con equidad en el ámbito profesional e institucional; garantizar el derecho de acceso a la información, salvaguardando la protección de los datos personales.

Además, deberán desarrollar las funciones encomendadas con eficiencia y eficacia asumiendo las consecuencias que se deriven del ejercicio de la función pública, atendiendo los requerimientos de la sociedad; dar un trato digno, cordial y tolerante a los compañeros de trabajo y ciudadanos en general, así como el reconocimiento a su valor intrínseco como persona.

Brindarán un trato digno, igualitario y tolerante, reconociendo los derechos y cualidades inherentes a la persona; prestar el servicio público con un trato igualitario frente a la colectividad educativa, sin distinción, exclusión, restricción, preferencia o cualquier otro motivo.

Garantizarán que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos o comisiones gubernamentales.