Norma Rondero López
En los últimos meses hemos podido atestiguar el agravado clima de inseguridad en las instalaciones de importantes instituciones de educación superior. Destaca el caso de la agresión en el CCH de la UNAM por el impacto de un acto en el que se involucra a integrantes del alumnado y por el fatal resultado del ataque. Sin embargo, el problema de la (in) seguridad en las instalaciones de las universidades es un asunto que ya desborda los mecanismos de atención con los que cuentan nuestras instituciones.
No sólo se trata de ver si hay capacidad, voluntad o recursos -materiales, humanos y legales- para atender la problemática, más bien es necesario reconocer que la problemática que viven las y los universitarios no puede ser única y exclusivamente responsabilidad de las instituciones. El problema rebasa las puertas de las universidades, y se asocia con las condiciones generales del contexto nacional y mundial, la población toda que vive o cuando menos conoce (vía redes sociales) la violencia en expresiones no imaginadas.
Ante esta situación estamos llamados a concebir mecanismos de atención más creativos, eficientes y legítimos. Pero ¿son las instituciones capaces de resolver la problemática por sí solas? No, imposible. La inseguridad de las y los integrantes de las comunidades universitarias, es un tema que debe convocar no sólo a directivos de los planteles y a sus órganos colegiados, sindicatos, profesores; llama también a las madres y los padres de familia, pero sobre todo debe convocar a las autoridades locales y federales.
¿Qué sí podemos hacer ahora en las universidades? Primero, conocer nuestros límites. La atención a la salud y al bienestar de las comunidades universitarias debe ser integral y al alcance de las políticas y recursos institucionales. Todas las instituciones tienen personal e instalaciones para el desarrollo de actividades deportivas y culturales, ofrecen talleres artísticos, cuentan con defensorías universitarias para la atención a actos de violencia, existen oficinas de orientación profesional y cuentan con instalaciones para el servicio médico con programas de atención a la salud basados en la prevención. Todas estas instancias, los posibles programas, el necesario despliegue de esfuerzos institucionales pueden dirigirse a construir alternativas integrales para que, las personas que forman parte de las comunidades universitarias tengan opciones. La prevención, la atención temprana, la diversificación de la oferta de actividades y servicios podrían configurar programas con objetivos y metas claros para colectividades complejas y diversas.
Suena ingenuo para los niveles de inseguridad y violencia que viven las comunidades universitarias en la actualidad, pero es a lo que mínimamente debemos comprometernos en lo inmediato. La solución directa a los actos violentos y a la inseguridad pasa por otros ámbitos: el de la colaboración con distintas instancias de gobierno. La facilidad para adquirir drogas (“legales” o ilegales) dentro de los campus universitarios no es un secreto; la existencia del llamado bloque negro destruyendo las instalaciones o infiltrado en nuestras aulas, tampoco lo es; la violencia de género (todos los géneros) se vive en todos los espacios de la vida de las y los jóvenes. Pero también es cierto que la insuficiencia de herramientas legales y la presencia de grupos que se oponen a instrumentar protocolos más contundentes[1] contribuye a complejizar la problemática.
Entonces ¿Cómo responder a la demanda por garantizar seguridad en las instalaciones universitarias y sus alrededores? ¿Cómo rebatir las quejas de otros sectores que consideran la implementación de acciones directas como un acto de autoritarismo en las IES?
La propuesta inicial de involucrar a todas las personas que forman parte de las
comunidades universitarias, y sus familias, para generar programas integrales que contribuyan a la prevención de actos violentos y al cuidado del bienestar de esa comunidad debe, necesaria e ineludiblemente, contar con el apoyo de instancias de gobierno para poder atender con los medios adecuados y los recursos suficientes. ¿Estamos en condiciones de abrir el diálogo y resolver, en el ámbito de nuestras competencias, los problemas de seguridad y violencia en nuestras instituciones? ¿Las personas que integramos esa comunidad universitaria -a veces diluida en intereses de grupos y otras evasivas cuando no se sienten interpeladas- estamos dispuestas a contribuir al debate y a la generación de propuestas viables en nuestros ámbitos de incidencia institucional?
[1] Véase, por ejemplo: Garnica, A. (2025), “Sistema de gestión para la seguridad y convivencia en instituciones de educación superior”, México, ANUIES.
