Se dice que un Estado constitucional y democrático se distingue de otras formas de organización sociopolítica por el reconocimiento formal de los derechos humanos y por su garantía práctica. El reconocimiento de los derechos humanos en 2011, y posteriormente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus correspondientes leyes estatales, así como la reforma al artículo 3º y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), sin duda son pasos relevantes para que el constitucionalismo de los derechos sea un rasgo distintivo del Estado mexicano.
Sin embargo, esos son avances apenas iniciales. La sola ley sin políticas públicas y mecanismos de garantía que conviertan a los derechos en realidad, hacen que el constitucionalismo no pase de ser una buena idea. En este sentido proponemos dos cosas.
La primera destaca la importancia de saber dónde estamos parados. El Semáforo Municipal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, en términos prácticos, ayuda a determinar cuántos y cuáles derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones y cuál es la agenda pendiente en todos los estados y municipios del país.
Baste decir que Veracruz, de acuerdo con el Semáforo, ocupa el lugar 29 de la república por su proporción de niñas, niños y adolescentes (NNA) en pobreza, con un porcentaje de 65.9% (1,690,000, sólo después del Estado de México y Chiapas). Una situación similar se presenta en un número importante de los 41 indicadores de este instrumento, por lo que se ubica este estado de la república en el lugar 29 en garantía de derechos de NNA, sólo mejor que Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Si colocamos la lupa en el nivel municipal, podremos encontrar que en Mixtla de Altamirano 97.0% de la población vive en pobreza (lugar 2,453; el cuarto municipio más pobre de la república).
La pobreza limita los demás derechos. En palabras de Pedro Salazar y Miguel Carbonell, “En la pobreza no hay libertad, ni autonomía, ni participación.” Para esos autores, desde la perspectiva del constitucionalismo contemporáneo, diga lo que diga la Constitución, la pobreza sigue indicando que la nuestra es una sociedad indecente.
La segunda se refiera a utilizar el conocimiento que existe para producir políticas públicas y mecanismos de garantía, por ejemplo, ante una situación como esta, donde la pobreza está en el centro de las desigualdades educativas y limita la efectividad de los demás derechos para una enorme proporción de NNA.
Esta es la razón por la que el pasado 2 de agosto se presentó la cuarta edición del Semáforo, como parte del Comunicado 1 del Observatorio de la efectividad de los derechos de NNA en Veracruz, teniendo en perspectiva las Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes y las Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas, que ha emitido el INEE en cumplimiento al inciso c) de la fracción IX del Artículo 3° constitucional.
Estas directrices son un ejemplo de propuesta de política que necesitamos en todos los órdenes: sustentada en evidencia y orientada estratégicamente a producir trasformaciones, en este caso, al interior del propio sector educativo. No hay mejor ejemplo de lo que se debe de hacer en la línea de redefinir la política y desarrollar mecanismos de garantía en el tema.
Como se sabe, el derecho a la educación se entiende como un derecho habilitante (o un derecho “llave” o key right), porque fortalece el ejercicio de otros derechos, como el derecho la vida, la salud, la nutrición, la participación y la justicia, entre otros.
De acuerdo con el Informe 2014, del INEE, “Muchos de los problemas que causa la inequidad en educación —sin duda los más importantes— no son educativos ni dependen de las políticas del sector. Encuentran sus raíces en la pobreza de la población y sus efectos.” El combate a la inequidad educativa, como señala el INEE, “necesariamente requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza —el hambre, el trabajo infantil, la lejanía, la inseguridad— que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”
No obstante los avances en cobertura en todos los niveles educativos, todavía hay miles de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela o no aprenden en ella, debido a problemas de salud, condiciones precarias de la vivienda, discriminación, pobreza, violencia y escuelas en malas condiciones de infraestructura o maestros desatendidos en su formación o que sufren las mismas carencias que sus alumnos. En la medida que el problema se ha dejado crecer, los malos resultados educativos se extienden más allá de los sectores con mayor pobreza. El derecho a la educación no consiste solamente en asistir a la escuela, sino en que ésta sea de calidad para que el aprendizaje resulte pertinente y útil para los estudiantes y la sociedad.
En esta perspectiva los resultados que ofrece el Semáforo son elocuentes y las Directrices del INEE cobran relevancia. No es posible garantizar el derecho a la educación pasando por alto violaciones a otros derechos, como los derechos a la salud, a la vivienda y sus servicios, al desarrollo social, a la protección y la participación. Y recíprocamente, estos derechos no podrán garantirse a plenitud sin una educación sólida, que permita a NNA asumirse como sujetos de derechos. Acceder a todos los derechos es fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida y reducir las desigualdades sociales y educativas.
Sin embargo, aunque la SEP respondió a las Directrices, queda pendiente saber cómo las incorporará a su planeación y programación educativa. Desgraciadamente esto no ha ocurrido y no hay sanción si esto no sucede. La SEP puede responder que las acepta y decir que las aplicará y luego no pasar nada. Todo depende de la voluntad política de la autoridad educativa. Por eso es tan importante que ciudadanos, académicos y legisladores exijan su aplicación operativa.
También tenemos pendiente que el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) las retome.
Es hora de que prive el dominio de ley y que importe qué leyes tenemos, dotándolas de contenido, para garantizar el acceso a derechos y oportunidades para todos. Este es el caso de las Directrices del INEE, que ofrecen un camino concreto para el cambio de la política educativa, que podría tener efectos multiplicadores más allá del ámbito estrictamente educativo y, por tanto, tendrían que ser retomadas por el SIPINNA para realizar las potencialidades que tienen. Las directrices invitan a desarrollar políticas públicas que alienten la coordinación interinstitucional, en contraposición a una cultura administrativa que privilegia una visión unilateral del trabajo sectorial, e impidan la reproducción de relaciones de desigualdad, que excluyen, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes jornaleros e indígenas de sus derechos.
Tenemos leyes, como la ley general y las leyes de protección a NNA, y nuevas instituciones como el SIPINNA, directrices precisas del INEE para mejorar la educación y muchos otros derechos, pero falta efectividad y voluntad política para cumplirlas e implementarlas cabalmente. Por ejemplo, el SIPINNA nacional tiene pendiente sesionar desde el año pasado.
NO HAY MARCO NORMATIVO NI DIRECTRICES DE POLÍTICA QUE, POR MEJOR DISEÑADOS QUE ESTÉN, RESISTAN LA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA, por lo que exigimos a las autoridades federales y del estado de Veracruz:
- Responder puntualmente a la información que ofrece el Semáforo y a la Agenda en favor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Ofrecer respuestas programáticas y operativas inmediatas para la plena aplicación de las directrices del INEE y hacer efectivo el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes con mayores desventajas.
- Articular a la implementación de las directrices del INEE, acciones interinstitucionales que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes.
- Colocar en el centro del esfuerzo de los sistemas federal y estatal de protección, el seguimiento a la aplicación de estas directrices y su articulación con acciones interinstitucionales que hagan efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La ley, aunque es un instrumento probado de justicia, no tiene sentido alguno si la autoridad no asume sus obligaciones constitucionales, sobre todo si los derechos no son justiciables ante tribunales y vinculantes para los poderes públicos, mientras permanecen abusos u omisiones.
Tampoco podemos avanzar si no hay ciudadanos comprometidos con su aplicación.
Por eso entregaremos el Comunicado 1 del Observatorio de la efectividad de los derechos de NNA en Veracruz al gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, y a legisladores federales y del Congreso de esta entidad, para que definan las políticas que necesitamos y los recursos necesarios para su adecuada implementación.
ODISEA, A. C., dará seguimiento puntual a la implementación de las directrices en Veracruz y el resto de los estados de la república.
