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El (recorte al) gasto federal y el derecho a la educación

El presupuesto de egresos de la federación es una herramienta para lograr los objetivos y metas de los programas sectoriales, del plan nacional de desarrollo, de las funciones y atribuciones de los distintos órganos de la administración pública. Sin embargo, más allá de lo anterior, el presupuesto es también un indicador de la medida en la que el gobierno asume las responsabilidades del Estado, derivadas de los fines establecidos en la legislación de cada materia en particular, así como de los derechos humanos de los ciudadanos, en general.

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Reforma educativa, profesionalización docente y derecho a la educación (de buena calidad): ¿es posible una relación entre ellas?

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La vorágine de los hechos recientes –la radicalización de la resistencia magisterial, la represión gubernamental que implicó la pérdida de vidas de civiles y el inicio forzado de negociaciones entre un sector del magisterio y el gobierno federal– obliga a hacer una pausa y dar un paso atrás para recuperar la perspectiva necesaria que permita entender lo que sucede e intentar descifrar el rumbo que tomarán los acontecimientos y si ése es el adecuado para lo que queremos como Nación. Para ello es necesario puntualizar algunos elementos de carácter general.

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Más y mejor escolaridad para los mexicanos

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

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El derecho a la educación media superior de buena calidad de los jóvenes de sectores populares urbanos y rurales

México es el país de las desigualdades como dijo A. Humboldt (1804) y nos recordó Felipe Martínez Rizo (2002). Siendo obligatoria desde 1877, la educación primaria tuvo "cobertura universal" hasta un siglo después, prevaleciendo serias desigualdades de la población para permanecer y culminar ese ciclo educativo. En 1993 se declaró la obligatoriedad de la educación secundaria, comprometiéndose el Estado a expandir la cobertura de ese nivel, lo que hizo de modo lento y diferencial, afectando todavía a un sector de población que no tiene pleno acceso ni las oportunidades para culminar dicho ciclo escolar.

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