Reforma educativa, profesionalización docente y derecho a la educación (de buena calidad): ¿es posible una relación entre ellas?
La vorágine de los hechos recientes –la radicalización de la resistencia magisterial, la represión gubernamental que implicó la pérdida de vidas de civiles y el inicio forzado de negociaciones entre un sector del magisterio y el gobierno federal– obliga a hacer una pausa y dar un paso atrás para recuperar la perspectiva necesaria que permita entender lo que sucede e intentar descifrar el rumbo que tomarán los acontecimientos y si ése es el adecuado para lo que queremos como Nación. Para ello es necesario puntualizar algunos elementos de carácter general.
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Más y mejor escolaridad para los mexicanos
El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.
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El derecho a la educación media superior de buena calidad de los jóvenes de sectores populares urbanos y rurales
México es el país de las desigualdades como dijo A. Humboldt (1804) y nos recordó Felipe Martínez Rizo (2002). Siendo obligatoria desde 1877, la educación primaria tuvo “cobertura universal” hasta un siglo después, prevaleciendo serias desigualdades de la población para permanecer y culminar ese ciclo educativo. En 1993 se declaró la obligatoriedad de la educación secundaria, comprometiéndose el Estado a expandir la cobertura de ese nivel, lo que hizo de modo lento y diferencial, afectando todavía a un sector de población que no tiene pleno acceso ni las oportunidades para culminar dicho ciclo escolar.
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