La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) difundió en sus redes sociales fotografías y capturas de pantalla de docentes que, presuntamente, incurrieron en conductas indebidas durante la aplicación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes del proceso de Promoción Horizontal 2026, una decisión que ha generado cuestionamientos por una posible vulneración a la privacidad, la presunción de inocencia y la protección de datos personales.
En la publicación oficial, la USICAMM informó que detectó “conductas indebidas” durante la evaluación y que las personas involucradas fueron dadas de baja del proceso. Como parte de las evidencias, difundió imágenes en las que aparecen participantes frente a sus equipos de cómputo, así como capturas del monitoreo realizado durante la aplicación del examen.
La decisión provocó críticas entre integrantes del magisterio, quienes señalaron que, aun cuando la autoridad tenga facultades para cancelar la participación de quienes incumplan las reglas del proceso, la difusión pública de imágenes de los sustentantes podría vulnerar derechos fundamentales, particularmente el derecho a la intimidad, la protección de datos personales y la presunción de inocencia.
Los cuestionamientos también apuntan a que las publicaciones no informan si existe una resolución definitiva sobre cada caso ni si las personas señaladas tuvieron oportunidad de ejercer su derecho de audiencia antes de ser exhibidas en plataformas digitales.
La USICAMM sostuvo que las bajas obedecieron a la identificación de irregularidades durante la aplicación del instrumento y reiteró que los procesos de promoción deben desarrollarse con apego a los principios de legalidad, equidad y transparencia.
No obstante, docentes recordaron que la propia autoridad educativa ha defendido en otras ocasiones la necesidad de resguardar la información personal de quienes participan en los procesos de admisión y promoción. En 2024, tras un acceso ilegal a la plataforma Proyecto Venus, la Secretaría de Educación Pública aseguró que los datos personales de los participantes se encontraban protegidos conforme a la legislación en la materia.
La polémica también reavivó el debate sobre los mecanismos de vigilancia utilizados durante las evaluaciones en línea y los límites que deben observar las autoridades al hacer públicas evidencias de presuntas irregularidades.
