Invertir en la formación docente

• David Calderón
• 13 noviembre, 2014
• Opinión
• Ley General del Servicio Profesional Docente, NORMALES, Presupuesto 2015, TALIS

En el gran marco de las 10 propuestas para un mejor presupuesto, nos concentramos en un planteamiento sencillo pero de alto impacto: incrementar la inversión en desarrollo profesional docente, para pasar de la actual cifra, aproximadamente 239 pesos por maestro, para llegar al menos a 1000 pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.

El gasto educativo es, en nuestro país, uno de los bloques masivos en cada ejercicio anual. Representa alrededor de 6 puntos del Producto Interno Bruto, y ronda el 23 por ciento del total del gasto gubernamental programable. Es notable cómo, en las partidas de la función educación, la tajada principal se la llevan los servicios personales. En resumen, gastamos como país mucho en educación, en proporción semejante o superior a lo que hacen países desarrollados, y en los rangos que se recomiendan en el monitoreo de compromisos internacionales. Lo malo es que se trata, en su mayoría, de un gasto en sueldos y salarios que hasta ahora no sirve para honrar el mérito docente y favorecer la formación de la nueva generación.

Se ha distribuido en forma opaca e injusta, generando gran inequidad entre los propios maestros; ha servido para tender y mantener extensas redes clientelares, de control territorial y de compromiso electoral; ha servido para financiar cúpulas sindicales y pagar favores de los funcionarios. No hay todavía un clara correlación entre la distribución de los fondos, por un lado, y la intensidad y equidad en el logro educativo, por el otro. Como han mostrado los resultados de pruebas estandarizadas, las evaluaciones cualitativas y el reciente Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos en Educación Básica, tenemos escuelas pobre para pobres, modalidades subfinanciadas –como los cursos comunitarios, la primaria indígena o la telesecundaria- o arreglos abusivos, aparentemente legitimados sólo por la impune costumbre -suspensión de clases sin sanciones, comisionados sindicales con goce de sueldo, plazas de maestro destinadas a pagar tareas administrativas en las secretarías de educación o en otras dependencias, jubilaciones a medio ciclo escolar, fragmentación de plazas- mientras que los resultados educativos muestran tasas alarmantes de abandono escolar –sólo la mitad de cada generación inicia en tiempo y forma el bachillerato- y perspectivas dolorosas de bajo logro de aprendizaje.

Después de años de ensayo en la política pública –resistiendo al doblez, el cinismo, la superficialidad y la mediocridad- la propuesta de maestros responsables, funcionarios visionarios, académicos rigurosos y activistas de sociedad civil perseverantes catalizó, al inicio de este sexenio, en un profundo cambio normativo. Se reformó la Constitución Política, y con base en ese renovado Artículo Tercero se promulgó una Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), y se armonizaron las leyes estatales de educación.

Nuestra propuesta parte de una necesidad concreta y reconocida. Con la reforma al Tercero Constitucional, es responsabilidad del Estado la idoneidad de maestros y directivos, de modo que ésta garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Derivado de ello, la Ley del Servicio Profesional Docente marca la obligación para los maestros de evaluarse –saliendo del esquema “voluntario” y gradualmente distorsionado del Programa de Carrera Magisterial- y la correspondiente responsabilidad por parte del Estado de ofrecer las oportunidades para que docentes y directivos puedan reforzar las habilidades necesarias, según lo que resulte de dichas evaluaciones, basadas por primera vez en un perfil común y conocido, con instrumentos aprobados por un órgano constitucional autónomo, el nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Cuando se conversa con colegas de otros países, estas noticias sobre México son recibidas con sorpresa elogiosa: en la Ley Fundamental se asume que el sistema escolar debe explícitamente servir al derecho a aprender (como en los más avanzados textos internacionales, como la última revisión de Educación Para Todos, coordinada por la UNESCO) y ser juzgado en su efectividad y calidad por los avances en esa dirección; derivado de ello, en la normativa secundaria se planta un mandato de evaluación sistemática, objetiva e imparcial; como corresponde a una evaluación para mejorar, no simplemente sumativa sino también formativa, los resultados deberán informar procesos de reforzamiento específico para las áreas de oportunidad que se capten en la evaluación. Siendo deber de los profesores participar en la evaluación, es deber del Estado hacer accesible una oferta suficiente y pertinente de formación.

Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de los cursos son juzgados de baja relevancia, y los maestros reportan como obstáculo el costo, como se hace evidente en las respuestas de los maestros de México en la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus sigla en inglés) de 2013. 56% de los maestros reporta que no se ofrece Desarrollo Profesional relevante; 54% afirma que no participan en actividades de desarrollo profesional por el costo elevado; 44% del total de la muestra sostiene que tienen que pagar por cuenta propia una parte o la totalidad de su desarrollo profesional docente.

La “actualización” de los maestros y su progresión en grados académicos puede ser aparente y no sustanciosa, plagada de simulación y oferta no controlada con criterios relevantes, sino que, a juzgar por los resultados del Concurso de Plazas, tampoco la educación inicial está cumpliendo para favorecer las habilidades y conocimientos necesarios. En su más reciente edición, de este verano pasado, se identifica al 68% de los sustentantes en el nivel de logro “no idóneo”; resulta que después de al menos cuatro años de estudios de nivel licenciatura, las notas y el diploma no implican como tal el cumplimiento del perfil para el tipo de docencia que contempla la reforma.

Hay indicios de la mala calidad de la formación inicial de los maestros de educación básica, incluso antes de que se gradúen. Claro, no por las calificaciones de sus boletas, sino por las evaluaciones externas realizadas a normalistas. El siguiente cuadro plantea que un poco menos de la mitad de dichos estudiantes tienen un nivel insatisfactorio en su formación profesional, ya en el octavo semestre, y ello según el mismo plan de estudios anterior a la reforma normativa en Educación 2013-2014.

Resultados del Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Primaria, alumnos de Escuelas Normales

En agudo contraste con la realidad detectada que venimos describiendo, la asignación presupuestal federal destinada a formación continua ha sido insuficiente para atender el grave problema de desarrollo profesional de los maestros de educación básica.La inversión en la formación continua de los maestros ha sido fluctuante, sin visión estratégica; más grave aún, este rubro presupuestal ha venido cayendo en su monto, en forma alarmante:

 Presupuesto autorizado para formación continua en 2000-2014

Tomando como base el presupuesto asignado a formación continua de 2014, para la propuesta 10 de las 10 propuestas para un mejor presupuesto, estimamos que el gasto anual por maestro es de $239. El cálculo se hace de la siguiente forma:

A) Presupuesto de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) en 2013: 447,069,968 pesos.

B) Número de personas con función docente, según datos del CEMABE: 1,195,731.

C) Gasto anual por maestro en desarrollo profesional docente 2013 (A/B: 374 pesos).

D) Presupuesto aprobado para desarrollo profesional docente para 2014: 286,354,036 pesos (incluye su P001 y G001; si sólo se considera capacitación es 203,658,574).

E) Gasto anual por maestro en desarrollo profesional docente en 2014 (D/B): 239 pesos.

Dicha tendencia continúa. El proyecto de PEF para 2015 asigna los mismos recursos que en 2014 como puede observarse en el cuadro siguiente:

La asignación pues, está quedando dramáticamente corta ante la necesidad presente y el mandato vigente. En el Artículo 8 de la Ley General del Servicio Profesional Docente la obligación del Estado es muy clara:

VIII. Ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar, para la formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión que se encuentren en servicio;

IX. Ofrecer al Personal Docente y al Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión programas de desarrollo de capacidades para la evaluación interna a que se refiere esta Ley;

Es necesario cambiar el modelo de acumulación de puntos por uno de aseguramiento y enriquecimiento del perfil. Los niños lo merecen, los maestros lo aprovecharían y los mexicanos tenemos dinero para implementarlo.

¿Tenemos en verdad ese dinero? Sí, se trata de una reasignación, si lo vemos detenidamente. Como hemos señalado en el Abusómetro, el desvío de fondos educativos es enorme, estimado en 35 mil millones de pesos, sólo para las irregularidades que corresponden a personal pagado con fondos federales, alrededor del 80% de la nómina magisterial total. Con una fracción de ese dinero, que se entrega sin justificación educativa, se podría ofrecer al menos un curso sólido y asesoría para cada maestro del país. Los 1,195 millones que proponemos (1000 pesos por cada maestro identificado frente a grupo por el Censo) cubrirían de forma muy sólida la necesidad de los docentes que requieren un reforzamiento urgente para su labor de conducir el aprendizaje.

Decidamos si queremos continuar pagando a quien suplanta a un maestro frente a grupo, o destinar el dinero de los mexicanos a consolidar a los maestros que sí quieren serlo. Por ello hicimos la propuesta 10: incrementar la inversión en la formación continua docente, pasando de 239 a, por lo menos, mil pesos por maestro.