Cuando en enero escuchábamos de una epidemia en China, jamás imaginamos que en pocas semanas nos alcanzaría. Sin duda, esta emergencia nos llegó por sorpresa, y nadie pudimos prepararnos ni capacitarnos para enfrentar los retos del encierro, del cierre de escuelas, trabajos y actividades económicas
Continua LeyendoAnte el cuestionamiento de cómo enfrentar los retos educativos derivados de las condiciones de distanciamiento social por la pandemia, sobresale una pregunta: ¿qué debemos priorizar y qué es necesario asegurar en los espacios educativos durante y después del distanciamiento social?
La pregunta es relevante dada la diversidad de contextos y condiciones desde donde se gesta el aprendizaje y la enseñanza, y dada la especificidad de nuestros estudiantes, antes, durante y después de la pandemia.
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La experiencia de los estudiantes universitarios en la segunda mitad del semestre de primavera 2020 ha sido difícil. Ante la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud y la orden de suspender actividades por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, las Instituciones de Educación Superior (IES) se vieron obligadas a trasladar su docencia de forma abrupta y emergente de lo presencial a una modalidad que se ha venido llamando “virtual” de manera amplia. Esto significó que profesores e instituciones tuvieron aproximadamente una semana para “migrar” los cursos. Esto a su vez representó que los estudiantes tuvieron unos cuantos días para prepararse en vistas a una modalidad educativa que no tenían contemplada y una rutina de trabajo mayormente desconocida.
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Resumen: Como madre e investigadora educativa, he descubierto que mi hijo y mis hijas han logrado múltiples aprendizajes “in-esperados” y esperanzadores durante el confinamiento en casa: creación artística que alimenta el espíritu, acciones para la sobrevivencia ante la crisis socio-ecológica, empatía y cuidado, generación de preguntas y alternativas para el mundo que estamos viviendo. Valoramos y extrañamos la escuela, pero para el mundo post-Covid19 creemos –como familia– que esta tendrá que replantearse, y los fines de la educación también deben repensarse.
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No haremos alusión al período de incertidumbre en el que nos encontramos, sea desde el punto de vista político, económico o sanitario. Son cuestiones de las que se dice mucho en la actualidad, hasta una saturación desinformante. Es por lo que iremos directamente al tema que nos convoca: el artículo 1091 de la Ley Nacional de Educación 26.206/2006 y las modificaciones que se pretenden acerca del mismo.
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Se esparce la noticia entre las escuelas privadas sobre la Ley de Educación del Estado de Puebla. Se habla de un control de colegios privados, de un espíritu intervencionista, de la apropiación estatal de los bienes propiedad del sector privado, y de la posible promoción de un juicio de amparo. Desglosaré algunos aspectos.
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Las autoridades mexicanas informan diariamente a la ciudadanía que conviene seguir las medidas de Sana Distancia y ¡Quédate en Casa!, en tanto no se levante la alerta sanitaria, de manera oficial, para evitar la escalada de contagio por coronavirus en la población y procurar la buena salud y el bienestar de la ciudadanía. Las autoridades mexicanas previenen y alertan a la población de los riesgos de realizar reuniones presenciales por la posibilidad de contraer coronavirus y además, acentúan que no hay necesidad de exponerse o exponer a los familiares con los que se comparte la estancia en el hogar, que poseen buena salud o en estado de apoyo, al virus.
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Desde la década de los noventa del siglo pasado, cada una de las IES públicas se fueron sumando a la política gubernamental de otorgar ingresos económicos adicionales a un sector de los académicos de tiempo completo, sin pasar por una negociación contractual con sus sindicatos respectivos.
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En noviembre del 2017, en un artículo titulado “Etnicidad: inclusión y equidad”, publicado en Educación Futura, se dio a conocer una primera aproximación al conocimiento de las características de un segmento de la población estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas: alumnos que proceden de una comunidad indígena y/o hablan una lengua indígena.
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Once universidades públicas estatales se encuentran en una situación (muy) complicada en materia financiera y el gobierno federal al parecer no va a recurrir a su rescate financiero, antes prefieren pagar el costo político de esa medida -como se afirma en un comunicado de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) el pasado 14 de mayo-. La afirmación anterior se desprende de una reunión virtual que sostuvo el Subdirector de Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro con 62 secretarios generales de universidades públicas.
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