Los encabezados de periódicos, las notas en la prensa y los medios que tratan asuntos de la educación están cargados de diatribas contra la Reforma Educativa, broncas sindicales y expectativas sobre el nuevo gobierno. De esas fuentes abrevamos quienes nos dedicamos al análisis periodístico de la educación. El panorama, por lo general, se mira espinoso.
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La naturaleza discriminatoria de nuestro sistema educativo tiene, entre múltiples expresiones, la segregación de las personas con discapacidad. Basta echar un vistazo a datos estadísticos para justificar la aseveración anterior: por un lado, el analfabetismo entre personas con discapacidad es de 22.6%, cuatro veces mayor que el del total de la población (5.5%) (INEE, 2017b, p. 82); por otra parte, en cuanto a la escolaridad de las personas con discapacidad de 15 o más años de edad, en 2016, era de 5.5 años, mientras que la de las personas sin discapacidad, era de 9.6 años (INEE, 2017b, p. 128). Si bien sería injusto para la escuela achacarle la responsabilidad absoluta de lo anterior y pretender aminorar la influencia de condiciones sociales, económicas y culturales, es digno de análisis el estado que guarda la educación nacional en relación a la atención a grupos en condición de vulnerabilidad y, en particular, de las personas con algún tipo de discapacidad.
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Los y las docentes son los principales protagonistas de los actos, los hechos, los resultados y los avances educativos; no hay más. En este sentido desde hace muchos años se ha abierto un fuerte debate en torno a discutir si la carrera docente es un oficio o una profesión. Tratando de seguir la historia y la genealogía de la profesión, ésta inició como un oficio que requería una serie de habilidades básicas y especificas cuya tarea central era la de garantizar la transmisión de conocimientos y el acceso de los escolares a los mismos lo más fiel posible a la visión del que trasmitía.
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En México la evaluación de los componentes del sistema nacional educativo entró al escenario de las políticas educativas a partir de los años setenta del siglo pasado, de la mano de la implantación de nuevos enfoques e instrumentos para la planeación y control del sector.
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El Senado de la República aprobó el Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva en pleno uso de su exclusiva facultad constitucional y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de octubre. Éste es uno de los ocho convenios sobre los derechos fundamentales en el trabajo garantes de los derechos de los seres humanos en el trabajo, en un mundo del trabajo en constante evolución y el único que México no había ratificado; además es complementario al 87 que trata sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
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Hacia el Siglo XXI la exigencia en la preparación de cualquier profesión tiende a la alta, es decir, cada vez mas se requiere de niveles de desempeño mas altos y de especialidades mas diversificadas en el ámbito profesional.
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La reforma educativa marcó la administración de Enrique Peña Nieto. Diversas disposiciones se elevaron a rango Constitucional con el objetivo de elevar la calidad del servicio educativo que brinda el Estado en sus niveles obligatorios, es decir, básico y medio superior. Las manifestaciones de descontento con el nuevo andamiaje jurídico y los procesos que se implementarían, fueron patentes en toda la República. Si bien el sector con mayor propensión a la movilización fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), particularmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las manifestaciones tuvieron lugar en todos los estados.
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Una revista nacional (Nexos) publicó un análisis de la reforma educativa impulsada por el PRI 2012-2018. Como respuesta al análisis de la revista intervino Aurelio Nuño Mayer, ex titular de la SEP y defensor acérrimo de la reforma educativa. Como respuesta a Nuño quiero intervenir yo. Solamente me referiré a un párrafo porque el resto del texto de Nuño no tiene desperdicio (para ser descalificado). Sólo un párrafo y por ese párrafo el lector juzgará si tiene sentido analizar el resto (y no, no tiene sentido).
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Las personas con vocación política nunca se jubilan, al menos por su propia voluntad. Viven su vida en medio de la pasión que excita la búsqueda del poder o de recuperarlo en caso de haberlo perdido. Parece que proceden bajo un arrebato constante para estar en la brega partidista o del funcionariado o de las instituciones (aparatos) del Estado que les permite disfrutar de mieses y, en contrapartida, sufrir derrotas. Su existencia es una brega constante dictada por el afán de poder.
Continua LeyendoAunque la inflación y la precarización de los salarios no son fenómenos que afecten de manera exclusiva al magisterio, es importante señalar que en los últimos años el crecimiento del salario de los maestros mexicanos ha venido perdiendo fuerza. De 2013 a 2017, los aumentos salariales conseguidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), han entrado en un declive permanente: 3.9%. 3.5%, 3.4%, 3.15% y 3.08%. En 2017, el aumento salarial, de por sí el peor en muchos años, se combinó con la inflación más alta en México en más de quince años (6.77%). La combinación anterior, evidentemente, golpeó con fuerza el poder adquisitivo de los profesores, de la misma manera que el de la población en general.
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