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Coordinación del sistema de educación superior ¿Podemos aprender de la experiencia?

Uno de los temas centrales en el debate sobre la próxima Ley General de Educación Superior es el del diseño de un nuevo y mejor mecanismo de coordinación de los subsistemas e instituciones de educación superior del país. Por subsistemas se entiende, hasta ahora, la división entre instituciones universitarias, instituciones tecnológicas y escuelas normales y otras dedicadas a la formación docente. Es decir, tres subsistemas como parte integrante del sistema nacional. El subsistema universitario está integrado por universidades públicas autónomas o descentralizadas, incluso el sistema de universidades interculturales, así como las universidades y otras instituciones de educación superior del sector privado. El tecnológico se forma con el Politécnico Nacional, las más de doscientas sedes del Tecnológico Nacional de México (institutos tecnológicos federales y descentralizados), así como las universidades tecnológicas y politécnicas. Por último, el subsistema de formación de docentes lo conforman las escuelas normales (públicas y particulares) y las unidades de la Universidad Peagógica que brindan servicios de formación de profesores para la enseñanza básica y normal. Gosso modo, así es como está configurado el sistema.

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¿Qué es el SIPINNA y cuál es su importancia?

En su habitual conferencia de prensa, el 22 de junio el presidente de la República expresó su desacuerdo con el número y las funciones de los organismos públicos que no están bajo control directo de la administración pública federal. Señaló que estos fueron creados por los gobiernos anteriores para “comprar conciencias y voluntades” y que han resultado foco de corrupción. A modo de ejemplo, apuntó sobre el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes señalando: “Me enteré de otro grupo, otro organismo, para la defensa del niño y de la niña; bueno y entonces ¿para qué está el DIF?” (Conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 22 de junio 2020, minutos 44-45).

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¿Qué pasa con los fideicomisos del sector científico?

Como se recordará, hace un mes y días, el presidente de la República mandó a publicar en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos” (DOF, 2 de abril de 2020). No obstante el título general de la disposición, el mandato se enfocaba a un tipo específico de esta clase de instrumentos financieros: los de carácter federal que no hubieran sido creados por ley, que no contaran con estructura orgánica, que no implicaran obligaciones de orden laboral o de pensiones, o bien que se relacionaran directamente con temas relacionados con la emergencia sanitaria. El resto, según el decreto, deberían cancelarse y los fondos remanentes ser depositados en la Tesorería a través de la Secretaría de Hacienda.

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¿Cómo salvar el ciclo escolar? Las propuestas de ANUIES

El pasado 19 de abril se llevó a cabo una reunión virtual entre los directivos de la Anuies, encabezados por el secretario general ejecutivo Jaime Valls, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez y un número de rectores y titulares de universidades y otras instituciones de educación superior del país.

En esta reunión se trataron varios temas: los avances en la elaboración de la Ley General de Educación Superior que debe ser expedida este año; las medidas y acciones que ha emprendido la SEP para auspiciar la continuidad y término del periodo escolar en el ámbito de su competencia (escuelas normales y subsistema tecnológico), así como un conjunto de recomendaciones sistematizadas por la Anuies a través de las cuales, se indicó, las instituciones públicas y particulares de educación superior pueden facilitar el cierre del ciclo correspondiente al semestre en curso con el doble objetivo de mantener, en la medida de lo posible, continuidad de los programas y realizar las evaluaciones que permitan el egreso de los estudiantes. Al último tema se refiere esta columna.

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¿Cómo impacta a la actividad científica la cancelación de los fideicomisos federales?

Escribo esta colaboración el día anterior al cumplimiento del plazo establecido por el presidente de la República para la extinción de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril, los fideicomisos que se afectarían son los de carácter “público federal”, que no cuentan con estructura orgánica. De mandato se salvan los fideicomisos constituidos por ley o decreto legislativo, y aquellos “que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.” (Artículo 5).

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Las universidades ante la pandemia: el caso de la BUAP

Ante el implacable crecimiento de la pandemia del coronavirus, las universidades públicas del país no sólo están preocupadas por la continuidad del ciclo escolar y el cumplimiento de trámites administrativos. Varias de ellas, con los recursos a su alcance, están coadyuvando con las autoridades sanitarias para la atención de las personas afectadas. Aquellas que tienen hospitales están sumando sus instalaciones y personal a la infraestructura de las entidades federativas correspondientes. En otros casos, los cuerpos académicos de investigación especializados procuran coordinarse para integrar proyectos de estudio y desarrollo de utilidad frente a la contingencia.

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Autonomía y leyes orgánicas universitarias: casos prácticos

En otras colaboraciones me he referido al problema del procedimiento para reformar las leyes orgánicas de las universidades autónomas por ley en términos del dilema del candado y la llave: ¿cómo evitar que las instancias facultadas para iniciar reformas legales presenten motu proprio iniciativas de reforma que afectan las materias garantizadas por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?, que es el tema del candado, y ¿cómo hacer posible que las universidades autónomas reformen sus propias leyes orgánicas sin transgredir el procedimiento autorizado en las normas constitucionales de la federación y los estados?, que es el tema de la llave.

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Por una universidad con perspectiva de género

En los últimos meses la problemática de la violencia de género, en sus distintas vertientes, ha sido objeto de expresión y protesta en varias universidades del país. De especial visibilidad el caso de la UNAM porque la movilización de las estudiantes ha implicado la suspensión de actividades en varios de los planteles de la institución. El pasado 12 de febrero el Consejo Universitario aprobó reformas al Estatuto General de la Universidad para establecer que la violencia de género se considere una falta “especialmente grave de responsabilidad”. Se autorizó también la ampliación del número de vocales permanentes en el Tribunal Universitario para garantizar la paridad y promover un mejor tratamiento de los casos que se denuncien ante ese órgano.

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¿Qué pasa en la UNAM?

En los últimos meses han ocurrido en la Universidad Nacional una serie de paros, toma de instalaciones y suspensión de actividades en varias de las entidades de la institución, principalmente en las escuelas del bachillerato. Al momento de escribir esta colaboración se mantienen en suspensión cuatro planteles de la UNAM: las preparatorias Tres, Siete y Nueve, así como la Facultad de Filosofía y Letras.

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