Presupuesto al normalismo: que sea otro error de dedo

El 19 de diciembre pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, mejor conocida como El Mexe, en el estado de Hidalgo.  La reapertura de la institución mencionada está por demás cargada de simbolismo: dos actores principales del régimen pasado, como Jesús Murillo Karam (responsable de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa) y Miguel Ángel Osorio Chong (mano derecha del presidente Peña Nieto), se encargaron de afectar significativamente la matrícula de la normal rural hasta finalmente, en el año 2008, clausurarla, coronando así un largo proceso por el que fueron reducidas, prácticamente a la mitad, las escuelas normales rurales del país (Coll, 2015, p. 90).

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Los desafíos educativos para la Cuarta Transformación

En días pasados, causó revuelo en la opinión pública el hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador firmara el documento “Decreto por el que se reforman los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual será enviado al poder legislativo para su posible aprobación. La mayoría de los debates propiciados en torno a este hecho se centraron en dos temas: las propuestas para realizar modificaciones a la evaluación docente y la intención de desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La discusión se ha alejado así de situaciones problemáticas educativas que incluso no son inherentes sólo a la Reforma de 2013. Así pues, vale la pena revisar los principales desafíos que, en términos educativos, deberá enfrentar la nueva administración del gobierno federal.

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Descarga administrativa: quimera de las escuelas mexicanas

Desde hace algunos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado el Sistema Básico de Mejora (SBM), buscando orientar así a las escuelas hacia la atención de prioridades educativas esenciales, tales como la mejora del aprendizaje de sus alumnos o la normalización del funcionamiento de los centros escolares. Para lograr esto, dentro del SBM se contemplan cuatro condiciones, entre las que destaca la Descarga administrativa, la cual deberá ser entendida como la simplificación de los procesos administrativos de los centros escolares, con el propósito no sólo de reducirlos, sino de orientarlos predominantemente hacia una pertinencia académica. Así pues, se busca que la labor de las escuelas prioricen lo académico por sobre lo administrativo. 

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La lucha normalista por la Educación Especial

La naturaleza discriminatoria de nuestro sistema educativo tiene, entre múltiples expresiones, la segregación de las personas con discapacidad. Basta echar un vistazo a datos estadísticos para justificar la aseveración anterior: por un lado, el analfabetismo entre personas con discapacidad es de 22.6%, cuatro veces mayor que el del total de la población (5.5%) (INEE, 2017b, p. 82); por otra parte, en cuanto a la escolaridad de las personas con discapacidad de 15 o más años de edad, en 2016, era de 5.5 años, mientras que la de las personas sin discapacidad, era de 9.6 años (INEE, 2017b, p. 128). Si bien sería injusto para la escuela achacarle la responsabilidad absoluta de lo anterior y pretender aminorar la influencia de condiciones sociales, económicas y culturales, es digno de análisis el estado que guarda la educación nacional en relación a la atención a grupos en condición de vulnerabilidad y, en particular, de las personas con algún tipo de discapacidad.

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Foros de Consulta Educativa: Que no haya sentencia antes del juicio

En octubre de 2015, el entonces Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, respondió a través de los medios de comunicación a las exigencias de la disidencia magisterial para debatir acerca de la continuidad de la Reforma Educativa: “nosotros abiertos al diálogo, pero a un diálogo sobre cómo implementar la Reforma Educativa, no sobre cómo evitar la Reforma Educativa”. Las palabras anteriores, que condicionaban un debate a la aceptación de una conclusión, dejaban entrever la naturaleza terriblemente autoritaria y vertical que caracterizó a la construcción de las modificaciones legales en materia educativa surgidas en septiembre de 2013.

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Evaluación docente sí, pero no así

Durante las últimas semanas, ha causado revuelo el hecho de que en el Congreso de la Unión se hayan logrado puntos de acuerdo buscando frenar la aplicación de la evaluación docente. Ante la negatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para acatar tal recomendación, argumentando el respeto a los mandatos constitucionales aún vigentes, la polémica se ha polarizado, al grado de haber surgido expresiones que amenazan con destruir por completo no sólo la evaluación docente, sino las modificaciones legales que nacieron a partir de la Reforma Educativa. Este juego de fuerzas entre grupos políticos e instituciones, así como el cruce de declaraciones y acusaciones entre personajes, hacen que pasen a segundo plano de la polémica asuntos que deberían ser medulares en la discusión: ¿por qué no se quiere la evaluación docente vigente? ¿qué es lo que causa rechazo? ¿hacia qué tipo de evaluación se debe transitar? ¿qué se debe corregir entonce

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¿Tienen futuro los clubes de autonomía curricular?

Es engañosa la idea de autonomía curricular que se implementará en las escuelas mexicanas. Si bien se trata de los primeros pasos en este tema, los centros escolares mexicanos apenas podrán generar espacios curriculares (denominados clubes) que deberán circunscribirse a los ámbitos de Autonomía curricular que se establecen en el documento Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. Así pues, el colectivo escolar sólo tendrá la oportunidad de generar espacios adicionales en la oferta curricular, sin tocar las asignaturas y contenidos que se establecen en los programas oficiales. De este modo, a diferencia de otros países, en los que incluso se puede diferir el curso de alguna asignatura o redoblar el tiempo lectivo para otra, en México las asignaturas son intocables. Autonomía, en el caso mexicano, significó únicamente agregar espacios curriculares complementarios.

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Asistir a la escuela: sueño imposible de millones de mexicanos

De manera contradictoria, la educación obligatoria dista de ser universal. Si bien es un mandato constitucional que todo mexicano curse desde la educación preescolar hasta la educación media superior, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE,2018a, p. 282), para el ciclo escolar 2016-2017 existían más de tres millones de niños y jóvenes que no estaban matriculados en su nivel correspondiente dentro de los que comprende el tramo educativo obligatorio. Así pues, por diversas razones, había una gran cantidad de niños y jóvenes que no tenían las posibilidades de ejercer su derecho a la educación. La presencia y ausencia de alumnos en la escuela se resume en la siguiente proporción: por cada alumno fuera de la escuela (3,325,310 en total) existen diez dentro de ella (30,112,010 en total) (INEE,2018a, p. 282).

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La agonía del partido que nunca fue de los maestros

Se estima que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene aproximadamente 1,619,990 agremiados y está dividido en 61 secciones sindicales, con presencia en las 32 entidades federativas del país. La compleja estructura del SNTE lo posiciona como el sindicato más grande de América Latina, teniendo una influencia que se extiende por toda la geografía nacional y que sobrepasa los ámbitos meramente laborales. La participación política del sindicato ha sido constante desde su creación, pero no es sino hasta 2005, tras diferencias entre la entonces dirigente del SNTE y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual se adhería el sindicato, que surge “el partido de los maestros”: Nueva Alianza. No obstante que “el artículo 41 constitucional señala que queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa” (Hernández, 2011, p. 405), la injerencia de miembros de comités sindicales en las tareas partidistas turquesa es una realidad.  

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