Concluyamos la etapa de los programas de pago por mérito a los académicos

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Jesús Francisco Galaz Fontes

Durante la década de 1980 los ingresos reales de los académicos se vieron reducidos drásticamente. En ese contexto los programas de pago por mérito (PPM), primero el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y luego los programas de incentivos institucionales financiados por la federación, representaron una tabla de salvación para un sector de los académicos de tiempo completo, así como para las autoridades institucionales y federales encargadas de la educación superior. Algunas voces plantearon la posibilidad de que tales programas podrían, a la larga, resultar contraproducentes para la profesión académica y, consecuentemente, para la educación superior pública, pero como se trataba de salir de una difícil situación de contención salarial de la manera más rápida y barata posible y, al mismo tiempo, con cierta legitimidad, se otorgaron remuneraciones adicionales solamente a aquellos académicos que estuvieran realizando un trabajo de “calidad,” particularmente en investigación. Desde sus inicios se explicitó que estos programas se mantendrían en tanto hubiera recursos financieros disponibles, pero a pesar de ello se han convertido en un eje organizador central del trabajo académico.

De entonces a la fecha los PPM se han complejizado y, luego de varias décadas, una parte de la comunidad académica, en especial los jóvenes con doctorado, los percibe como normales y considera válido que una proporción importante de sus remuneraciones sea resultado de tal dinámica evaluativa de su trabajo. Los reglamentos del SNI y de los programas de incentivos son “bestsellers.” Los académicos podrán ignorar el plan de desarrollo institucional de su lugar de trabajo, pero no pueden hacer a un lado el reglamento del SNI o del programa de incentivos correspondiente, ya que desconocer sus detalles puede representar una diferencia considerable en sus ingresos.

Más allá de logros innegables, existe evidencia que los PPM han promovido consecuencias indeseables para el desarrollo sustentable de la profesión académica y en detrimento de la calidad que tanto pregonan buscar. Entre esas consecuencias negativas están la simulación en la generación de productos y actividades, la creciente necesidad de limitar la valoración del trabajo al conteo de los productos generados, la pérdida de autonomía a la luz de las presiones por satisfacer criterios impuestos desde instancias externas a las institucionales, el desplazamiento de la docencia a un lugar secundario respecto de la investigación, el desarraigo institucional de los académicos, el adelgazamiento de la vida colegiada, el debilitamiento de la cultura académica, el fortalecimiento de una cultura organizacional autoritaria y feudal y, algo fundamental, el desdibujamiento de la carrera académica. Para muchos académicos sus instituciones se han reducido a espacios laborales en los cuales desarrollan una carrera teniendo como referente principal el SNI y los diversos programas de incentivos a los que están sujetos.

Los PPM, junto con otros programas federales que comparten la perspectiva de condicionar el financiamiento al logro de indicadores, también han impactado el trabajo de las autoridades universitarias. No se trata ya, esencialmente, de coordinar, regular y fomentar colegiadamente la vida académica de sus instituciones (incluyendo particularmente la carrera del personal académico), sino que ahora les es crítico impulsar, inclusive mediante medios cuestionables, que los académicos tengan el mejor desempeño en tales programas, ya que de ello depende en buena parte el financiamiento de las IES que dirigen. Y en el afán por obtener los máximos logros, las autoridades universitarias no se han preocupado por, colaborativamente con sus académicos, construir alternativas a dichos programas. Así y de manera paradójica, el fortalecimiento de los PPM y los indicadores de la educación superior mexicana ha estado acompañado de un debilitamiento de las IES como tales que, a la vuelta de la esquina, está trabajando en contra de un desarrollo sustentable y socialmente pertinente.

¿Tiene sentido mantener los PPM en un sistema de educación superior donde un buen número de las más importantes instituciones son autónomas y/o cuentan con un sistema escalafonario que, supuestamente, debería reflejar el mérito y ser el eje de las carreras de sus académicos? Los costos directos, indirectos y a futuro de los PPM son tales que es tiempo de construir formas alternativas de estructurar y modular la carrera académica de modo que ésta atraiga, retenga y promueva el desarrollo de un personal bien formado, competente, comprometido, y suficiente en número para enfrentar los retos contemporáneos y futuros de la educación superior mexicana.

En días pasados el Subsecretario de Educación Superior, el Dr. Luciano Concheiro, declaró a La Jornada de Oriente que “no hay nada en el horizonte contra el Sistema Nacional de Investigadores y el sistema de estímulos,” pero pregunta “¿queremos o no tener la discusión a fondo?” (Aurelio Fernández y Alejandra López, junio 18). Ojalá y sus declaraciones sean señal de que la etapa de los PPM a los académicos será pronto superada mediante un amplio diálogo con los actores involucrados, con un mínimo de centralismo y considerando el perfil de cada IES.

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