La burocracia, sus camarillas y el desmantelamiento de la ciencia y la tecnología

Margarita Sánchez Pacheco**

En los últimos meses se ha escuchado cada vez más la voz de investigadores y estudiantes de posgrado de todo el país, que se han manifestado en contra de los recortes presupuestarios impuestos a ciencia y tecnología. De acuerdo con datos del Banco Mundial, de 1996 a 2014, México elevó su gasto [sic] en ciencia y tecnología tan sólo en 0.28% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir que, en casi dos décadas, pasó del 0.26% al 0.54%[1], muy por debajo del 1% que recomienda la OCDE y que prometió el Lic. Enrique Peña Nieto, actual Presidente de la República. Para este 2017, el presupuesto destinado al ramo 38: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sufrió una reducción del 21% respecto a 2016, lo que nos ha alejado aún más del objetivo anteriormente descrito  y también nos ha colocado en una situación incierta a cientos de centros de investigación pero mayormente a quienes trabajan en ellos. CONACyT (cuyo presupuesto corresponde aproximadamente al 30% del asignado al Ramo 38 y representa una de las más importantes fuentes de financiamiento para los proyectos de investigación en México), ha reconocido que para 2017 ejercerá 27% menos del presupuesto que tuvo en 2016.[2]

Para dimensionar la magnitud del recorte, es importante resaltar que dentro del ramo 38 se encuentran los presupuestos para centros de investigación, universidades, hospitales, institutos y secretarías, direcciones de educación, entre otras destinadas al desarrollo de investigación[3], por lo que el recorte ya ha afectado a instituciones como el Instituto Mora, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), entre muchas otras.

Los estudiantes de posgrados inscritos en programas que se encuentran inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) también han resentido el recorte presupuestario en diversas formas. La primera significó el cambio en la medida de referencia para el cálculo de las becas, que pasaron de ser calculadas con base en Salarios Mínimos al régimen de Unidad de Medida y Actualización (UMA), disminuyendo de manera importante la capacidad adquisitiva de los becarios. Después comenzaron los rechazos a las solicitudes de asignación de becas para los estudiantes de nuevo ingreso, augurando que se dé una inminente disminución de la matrícula de los mismos.

Además, estos rechazos nos llevan a una problemática mucho más álgida, los estudiantes que no cuenten con una beca de manutención, en la mayoría de las ocasiones, no podrán tener acceso a realizar estudios de posgrado y especialización. Esto profundiza el proceso de exclusión de la educación en investigación avanzada, ya que sólo podrán tener acceso aquellos que puedan pagar sus estudios. En otras palabras, no serán los que hayan desarrollado las mejores aptitudes para la investigación a lo largo de su trayectoria escolar quienes ocupen un lugar dentro de las instituciones dedicadas al desarrollo científico, sino aquellos que tengan la suerte de contar con las condiciones económicas para hacerlo.

Desde otro ángulo, esta situación nos permite prever que en nuestro país, de la misma manera en que ha sucedido y lastimado tanto en otros países como Colombia y Chile, los consorcios bancarios comenzarán a incorporar dentro de su cartera de servicios créditos educacionales, llevando a cabo una clara elitización de los posgrados y de los espacios destinados al desarrollo de ciencia y tecnología.

Aunado a las implicaciones individuales que esto conlleva —y que sin duda son importantes—, el recorte al presupuesto en ciencia y tecnología y la distribución de los recursos en este ramo tiene consecuencias de alcance social, pues repercute en la forma de hacer ciencia y en la orientación que se le da a su producción.

Detrás de este desmantelamiento a la producción científica y de la pauperización de quienes se dedican a ella, subyace un proceso de burocratización de los centros de investigación y los procedimientos para que puedan realizar su labor. De acuerdo con Max Weber, la burocratización constituye una de las bases de la dominación en las sociedades modernas capitalistas, al operar como principio organizador de la sociedad en sus distintas instituciones. Así, se avanza hacia la denominada “objetividad racional” que orienta las prácticas sociales hacia la conformación de profesionales especializados, legitimados por el proceso burocrático. En este tránsito de profesionalización juegan un papel fundamental el sistema de exámenes y los cuerpos de funcionarios dentro de las instituciones.

El sistema de exámenes (cada vez más estandarizado) y el establecimiento de requerimientos y filtros arbitrarios funciona como mecanismo a través del cual son legitimados los procesos de selección/exclusión de los centros de formación e investigación. Al mismo tiempo, permiten la regulación de los métodos que se reconocen como válidos en la producción del conocimiento, e influyen en la selección de las áreas que resultan prioritarias de acuerdo a intereses establecidos por los grupos de poder, abonando así a la formación de lo que puede llamarse una “casta intelectual”.

Por su parte, los funcionarios públicos involucrados en las instituciones ejercen un control sobre los procesos que deben seguir los aspirantes a ocupar un lugar dentro de la estructura de las instituciones científicas, funcionando como una camarilla que genera las condiciones para la reproducción de los intereses de los grupos dominantes, a través del establecimiento de reglas y requerimientos que aparentemente se encuentran en consonancia con las necesidades de la reproducción del campo científico, pero que en el fondo legitiman el sentido empresarial de la producción del conocimiento, de manera que la “casta” que ejerce el dominio prevalece, al tiempo que promueve la generalización de un ideal educativo que permite la legitimidad del sistema social imperante.

Estas consideraciones de la teoría social weberiana, nos permiten analizar lo que ha venido ocurriendo con las orientaciones impuestas al campo del desarrollo de ciencia y tecnología en México, especialmente en el terreno de los estudios de posgrado. Conviene hacer énfasis en que esta racionalidad burocrática constituye una forma de dominio que emplea procedimientos de selección, credencialización, certificaciones y exámenes como filtros e instrumentos para la legitimación del ejercicio del poder y para la exclusión de amplios sectores de la sociedad. La racionalidad burocrática nada tiene que ver con los procesos científicos o de formación pedagógica, ni siquiera con los métodos de producción de conocimiento en su sentido más amplio; obedece a las necesidades de control y exclusión. Así, ésta no sólo ha impactado en el recorte a ciencia y tecnología, sino en cómo se legitima la distribución de los recursos destinados a este ramo y la designación de las prioridades en materia de producción del conocimiento.

Para el caso particular de las acciones de CONACyT, durante este año se ha  presentado un doble proceso de burocratización: por un lado, en los procesos de producción del conocimiento, lo que significa un empobrecimiento del quehacer de investigación y su instrumentalización. Y por otro, en la pauperización del trabajo científico y, por ende, de quienes se dedican a él, a través de los recortes al presupuesto y la reducción de las becas.

Ante las movilizaciones, protestas, cartas y exigencias de buena parte de la comunidad científica y estudiantil, muchos de los funcionarios universitarios que deberían abogar por el cuidado de las condiciones de trabajo de sus estudiantes, han mantenido una postura apática —por decir lo menos. Estas reacciones son clásicas de las castas burocráticas que detentan el control de los recursos y su distribución, y se reproducen en todos los niveles del aparato burocrático, desde las universidades, hasta los centros de investigación, pasando por CONACyT y sus funcionarios. Tan sólo durante el reciente Foro La unam y los retos de la nación: ciencia, tecnología e innovación, el Dr. Enrique Cabrero, Director de CONACyT, negó que quienes se han movilizado y exigido un diálogo público con CONACyT sean estudiantes. Trató de eludir su responsabilidad de rendir cuentas a la comunidad estudiantil y científica del país, argumentado que quienes se han manifestado son líderes sindicales. Este tipo de respuestas evasivas se han venido repitiendo una y otra vez pese a que los estudiantes han entregado oficios firmados en más de una ocasión pidiendo una audiencia pública con él. Este manejo de simulación y tergiversación da cuenta del juego político y de la intensión de desmantelar los sectores que no son prioritarios para la élite que ejerce la dominación.

Desde otra perspectiva, la implementación de exámenes y pruebas especializadas, de requerimientos desvinculados de aquellos que conciernen a la producción del conocimiento, la demanda de certificaciones y alta productividad, ha insertado a quienes se dedican al trabajo científico en dinámicas de competitividad exacerbada que tienden a aislarlos, obstaculizando la formación de una comunidad. Estas circunstancias han generado dificultades para la organización y el encuentro entre científicos, estudiantes y la sociedad, colocándoles en condiciones de vulnerabilidad e incapacidad para responder a sus necesidades compartidas.

En los últimos meses, debido a las movilizaciones y el intercambio de información a través de las plataformas digitales, la comunidad científica ha sido capaz de comenzar a revertir este proceso de atomización, tomando conciencia del nivel de aislamiento y fragmentación al que han sido sometidos como comunidad, creando canales de solidaridad y puntos de encuentro. Las movilizaciones a las puertas de CONACyT por parte de estudiantes de las diferentes universidades y centros de investigación, la reciente marcha por la ciencia, las voces que se hacen escuchar desde diferentes rincones del país en defensa del desarrollo científico y tecnológico, y de condiciones dignas para quienes se dedican a ésta, dan motivos para creer que esto apenas comienza, que son “más de 100 estudiantes nerviosos” y que aún existe la esperanza de generar un cambio en el rumbo del desarrollo de la ciencia en este país.

*Agradezco a las y los compañeros del Posgrado en Ciencias Sociales por su compromiso, trabajo y solidaridad para con estas letras y en la defensa del desarrollo de la ciencia y la educación pública.

**Doctorado en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco, x+Ciencia

[1] Banco Mundial http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=MX consultada el 26 de abril de 2017.

[2] Datos tomados de Susana Quintanilla “Becas Nacionales: Cuántas, cómo y para qué”, en Educación futura,  5 de abril de 2017, http://www.educacionfutura.org/becas-nacionales-cuantas-como-y-para-que/ y Equipo de Investigación +xCiencia.

[3] Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, Anexo 12, p. 60.

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