La visibilización de tensiones entre continuidad y transformación de la UPN por las políticas de la emergencia sanitaria

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Miguel Angel Vértiz Galván

El decreto para la extinción de los fideicomisos sin estructura, surge en el contexto de la emergencia sanitaria que le da la oportunidad al gobierno federal de asirse de hasta 110 mil millones de pesos adicionales para las políticas contingentes que se desprenden de la pandemia actual. Aunque aún no está todo escrito para el fideicomiso de la Universidad Pedagógica Nacional, dada la defensa de algunos actores políticos para los fideicomisos destinados a la investigación científica y  el desarrollo tecnológico, en un gobierno que ha basado su legitimidad en la transformación de la vida pública y el combate a la corrupción, esta acción visibiliza las tensiones entre la continuidad de esquemas que, si bien han sido alternativas para financiar acciones en beneficio público, representan la tradición de burócratas opacos y discrecionales de lo que se ha llamado el régimen anterior, versus acciones congruentes con el discurso de la transformación de la vida pública que elimine los espacios que posibilitan la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.  Aclarando que no intento ejercer una defensa de las actuales decisiones de gobierno, sino partir de la racionalidad de su legitimidad dentro del debate público, para destacar la necesaria complementariedad de la desaparición de estos fideicomisos con el impulso inmediato de un proyecto de transformación, para no concluir apresuradamente que la medida es una irreflexiva búsqueda de recursos adicionales que descuida el funcionamiento de valiosos servicios y bienes públicos, como la investigación y el desarrollo tecnológico, en el caso del fideicomiso de la Universidad Pedagógica Nacional.

La naturaleza de los riesgos de corrupción que implica la continuidad de los fideicomisos como el fondo para la investigación y el desarrollo tecnológico de la UPN, se debe en particular en que no son programas presupuestales, y por tanto no son sujetos obligados de evaluaciones institucionales por el CONEVAL, la SHCP, la SFP y la ASF, y al parecer el fondo para la investigación científica y desarrollo tecnológico de la UPN no pasaría una auditoría de desempeño, en virtud de que los resultados a partir de su creación han sido fluctuantes y no directamente imputables a los recursos inyectados, por poner un ejemplo, entre 2012 y 2018, los títulos publicados con el sello de la UPN cada año osciló sobre los 30, productividad que pasó a sólo 7 títulos para el 2019, sin que representara una aparente reducción del fondo, y lo más importante sin ninguna consecuencia. Pero no sólo son los resultados, aunque es un argumento importante, a ello hay que sumar la deficiente normatividad que posibilita practicas opacas en la administración de los recursos, que lejos de contribuir a su propósito declarado, generan incertidumbre hacia los investigadores y docentes que han enfrentado la poca o nula información sobre los recursos para sus proyectos de investigación, la contrafinalidad al constituir una burocracia que legitima su trabajo generando más obstáculos de los necesarios para el ejercicio de recursos en actividades legítimas, o rezagos que muchas veces terminan en el subejercicio de recursos provenientes de fondos CONACYT y PRODEP.

Todo esto son buenas razones para eliminar este fideicomiso para la investigación y desarrollo tecnológico de la UPN, pero ¿por qué se permitió su funcionamiento inalterado y se mantuvo a la misma obscura burocracia que administró su operación durante el llamado régimen anterior, durante el tiempo que lleva este gobierno?  En el contexto de la reciente reforma educativa y la nueva ley general de educación, el Estado debe fortalecer a la UPN, cuyas unidades son administradas por los gobiernos estatales con recursos del FONE, de los cuales la gran mayoría de los estados destinan sólo lo suficiente para la nómina y los gastos de operación, en este escenario el fideicomiso del fondo para la investigación y el desarrollo tecnológico de la UPN, constituye prácticamente la única fuente de financiamiento para los proyectos de investigación y otras acciones de carácter nacional y regional entre unidades UPN, si bien de forma limitada y dependiente del voluntarismo de la rectoría en turno, y con las mismas restricciones burocráticas, de incertidumbre y opacidad descritas, su extinción va en el sentido contrario al fortalecimiento prometido por la reforma educativa.  Pero no sería prudente anticipar que no hay un plan de fortalecimiento que compense el efecto negativo de la extinción de este fideicomiso, por el contrario, la promesa de un congreso nacional para la refundación de la UPN se ha establecido desde la campaña del actual gobierno, y se anunció para el mes de mayo de 2019 con la designación de la actual rectora, sin embargo no se ha concretado por las misma tensiones de continuidad que habían mantenido intacta la opaca operación del fideicomiso de la UPN y su burocracia, y precisamente las tensiones entre continuidad y transformación han sido las protagonistas de un proceso de refundación prometido que no termina de iniciar, donde el principal argumento en favor de la continuidad ha sido la preocupación por una propuesta inviable para este gobierno, sin embargo, en favor de la transformación, debe señalarse que la construcción democrática de una agenda para el futuro de la UPN, integrará una visión de largo plazo, y tocará al gobierno actual decidir que le corresponderá avanzar en el tiempo que tiene y que asuntos de esa agenda rebasan sus posibilidades.

Las tensiones entre los actores que se encuentran cómodos en la continuidad y aquellos que esperan el cumplimiento de la promesa de la transformación de la UPN, que se visibilizan ante los efectos de la cancelación de los fideicomisos sin estructura, deberán encontrarse en un foro democrático, que apremia frente al debilitamiento institucional que supone la extinción del mecanismo que sostenía con fragilidad la unidad de la UPN.  La recuperación de la normalidad en el sistema educativo nacional al concluir la fase crítica de la pandemia, tendrá que acompañarse de la construcción de esta agenda de transformación, si es que la desaparición del fideicomiso de la UPN no se trata de una acción desarticulada e irreflexiva, y si efectivamente se pretende una transformación verdadera, deberá contemplar:

  1. La definición de una figura jurídica que permita el ejercicio de recursos para la investigación educativa coordinada regional y nacionalmente, dentro de los programas presupuestales, y por lo tanto sujeta a evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
  2. El reconocimiento de que la actual rectoría es transicional, por lo que su principal tarea no es la de servir en condiciones idénticas al llamado régimen anterior, sino fomentar la transformación ordenada, con especial interés en el combate a la corrupción de la burocracia heredada.
  3. La definición de un mecanismo para la construcción de acuerdos, que asegure un proceso democrático que recupere la naturaleza regional y local como base para la construcción de una nueva identidad nacional, alejada del centralismo que representa la continuidad.

La reflexión final es que la contingencia sanitaria, con todo lo perjudicial que puede ser, se presenta como un nodo en la tensión entre continuidad y transformación, que al presionar con la eliminación del fideicomiso de la UPN, crea una situación de potencial debilitamiento institucional, que impone la necesaria inclinación de la balanza en favor de la transformación para cumplir con el mandato constitucional de fortalecer a la UPN.  Pero sólo la historia por venir esclarecerá si las aspiraciones de una UPN fortalecida por un proceso democrático de refundación, concuerdan con la agenda de la cuarta transformación.

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