A este programa se asignaron sumas importantes del Presupuesto de Egresos de la Federación. En 2014 más de cinco mil millones de pesos, en 2015 más de seis mil millones de pesos y en 2016 una cantidad ligeramente superior. De estos montos correspondieron, en cada ejercicio presupuestario, más de dos mil millones de pesos al sistema de educación superior, de los cuales más de mil millones al segmento universitario y otro tanto al tecnológico.

Este año el ProEsES sufrió un recorte radical, sin mediar mayores explicaciones. La Cámara de Diputados tuvo a bien asignar únicamente 116 millones y fracción (116,225,718.99) al referido programa. De este monto, en números redondos, setenta y dos millones para universidades públicas estatales, veintiocho millones para tecnológicas y politécnicas, y diecisiete millones para los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa. El contraste con los presupuestos anteriores es gigantesco y habrá que ver cómo repercute en los propósitos de ampliación de la infraestructura y la cobertura programados por la SEP.

Además de este dato, que pone de relieve a insuficiente atención que se está prestando al cierre del sexenio a las condiciones materiales de la educación media superior y superior, la evaluación de su operación centralizada, según lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también deja mucho que desear.
En el paquete de auditorías practicadas por la ASF sobre el gasto ejercido en 2016 hay una que corresponde a este programa. Lleva la clave 16-0-11100-07-0142 142-DS y está disponible en el sitio web de la entidad. El informe es fundamentalmente crítico y resalta insuficiencias por falta de atención a la metodología programática de la administración pública federal, problemas relacionados con la coordinación operativa del programa, déficit en materia de diagnóstico e información, ausencia de controles y de mecanismos de supervisión sobre el ejercicio del gasto en las instituciones beneficiadas, entre otros.

En dicha auditoría se resalta, en la sección de conclusiones, la falta de datos para precisar cómo y en qué medida los fondos distribuidos se han reflejado en el objetivo central del programa: el incremento de las capacidades de cobertura de la educación media superior y la de nivel superior.
Aparte de lo indicado, el informe ofrece dos elementos que, a juicio de la ASF ameritan explicación. Primero, que en 2016 ocurrieron subejercicios presupuestales. Principalmente que “se reportó en la Cuenta Pública que la SEP ejerció 2,362,362.6 miles de pesos, monto inferior en 37.2 por ciento respecto de lo aprobado en el PEF (3,760,915.5 miles de pesos)”. Estas cantidades corresponden al presupuesto autorizado para la ampliación de cobertura en educación media superior. Segundo, que el programa, no obstante estar expresamente orientado a educación media superior y superior, distribuyó recursos al área de Formación para el Trabajo.

Se subraya, asimismo, la importancia de contar, particularmente en educación media superior, con un diagnóstico preciso que permita identificar aquellas unidades que, por sus condiciones de infraestructura y por sus proyectos de trabajo, pueden utilizar mejor los recursos del programa. La ASF indica, en tal sentido, que la SEP debe contar con “un diagnóstico general de necesidades para focalizar la entrega de los apoyos para infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las instituciones de educación media superior y, con base en ello, establecer un programa de trabajo para elaborar un diagnóstico.”

Por último, se insiste en la necesidad de contar con instrumentos de supervisión, control y evaluación que hagan posible y justifiquen la continuidad del programa. En 2016, identifica la ASF, hace el señalamiento de que la ejecución del programa “no incluyó mecanismos periódicos de supervisión y evaluación; no aseguró la coordinación de actividades entre dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y tampoco previó la temporalidad del otorgamiento de los recursos para garantizar la entrega de forma no regularizable.”

En los últimos años el complemento al subsidio ordinario que reciben las instituciones públicas de educación media superior y superior, es decir los llamados “fondos extraordinarios” han sido un instrumento de gran importancia para atender objetivos específicos de desarrollo y para enfrentar los problemas más acuciantes. Es preocupante que su monto se esté recortando drásticamente y que se encuentren fallas en su operación.