El coordinador nacional del Servicio Profesional Docente (SPD), Ramiro Álvarez Retana, ignora que la prudencia es buena consejera mientras la adulación ofende: “El día de hoy (12 de julio) deberá quedar inscrito con letras de oro en la historia de la educación pública en México, porque miles de maestros y aspirantes a serlo confirmaron su disposición por incorporarse al servicio de la educación básica en el marco de la reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto”.

Así lo dijo, tal cual, al iniciar las evaluaciones para ingresar a (o consolidar un sitio en) el magisterio nacional bajo las reglas de la nueva ley del SPD. Ese día, 128 mil personas se presentaron al examen para obtener 12 mil plazas en la educación primaria, y 57 mil horas-semana-mes. Álvarez Retana anunció que este es el primer paso pues, en el transcurso del año, se pondrán 25 mil plazas a concurso para 194 mil sustentantes. En total, 13% lograrán su cometido. No más.

Hay un cambio, y de fondo, en el proceso para obtener un contrato. Ya no se comprarán ni se podrán heredar las plazas: el acceso al magisterio requiere aprobar una serie de exámenes que, al parecer, permiten distinguir a quienes están preparados para ingresar al sistema o los que merecen, ya, ocupar un trabajo estable. Se trata de un proceder mucho mejor que la compra-venta de cargos, o la distribución hereditaria, que coordinaron durante décadas, impunemente, la SEP y el SNTE, y la SEP en los estados con el SNTE en todas sus presentaciones.

Pero no olvidemos que en comparación con el conjunto de valoraciones y experiencias obtenidas, durante años, en la formación sólida en las buenas escuelas Normales, los instrumentos de opción múltiple son muy limitados. Hay que recordarlo para evitar la generalización establecida en el imaginario colectivo por los medios: no todas las plazas, ni todo el tiempo, se vendieron o heredaron. Muchas las ocupan personas con formación pedagógica al más alto nivel.

Establecido el examen como requisito legal ineludible, hay que tener cuidado en cómo interpretar que decenas de miles de profesores y candidatos, se inscriban y lo respondan. En primer lugar, no significa que la reforma ya sea exitosa. Es preciso no confundir los medios con los fines: se extendió, durante muchos años, que la única (o mayor) causa del desastre educativo nacional era la ignorancia e incapacidad de los profesores y las maestras. Ergo, si se les examinaba y “salían bien”, la educación pública mejoraría automáticamente.

Falso: el examen es un medio, un instrumento, pero el fin es otro: que los grupos atendidos por los profesores que “aprueban” el examen, logren generar aprendizajes incomparables con la situación previa. La prueba de fuego es que si hay una sola causa del problema educativo, la mala preparación del magisterio, al enmendarse por la exigencia de las evaluaciones, el efecto se modificará de inmediato.

Creo que no será así de sencillo. La reforma (hasta hoy administrativa) será en efecto educativa cuando crezca en serio la proporción de alumnos que, al terminar los 9 años del ciclo básico, sepan leer y escribir con fluidez, argumentar con orden y establecer relaciones lógicas coherentes sobre las que descansa el cálculo. Por lo menos, que ya es más.

Al ver la enorme fila y los pocos espacios, hay cosas claras: enorme desempleo y miles de profesores en condiciones laborales precarias que buscan seguridad en su trabajo. Aprestar el oro por suponer impacto directo y simple sobre el aprendizaje relevante, merced al puro examen no sólo es apresurado. Es ingenuo o servil. ¿Y la desigualdad; las escuelas destrozadas y un currículum destructor del saber, tóxico a la inteligencia? Tenemos memoria: ¿cuánto oro educativo apresurado se convirtió en oropel? Toneladas. ¿Otra vez?

mgil@colmex.mx  

Profesor de Estudios Sociológicos de El Colegio de México

Publicado en El Universal