¿Tomar en cuenta al maestro es tomar en cuenta a sus captores?

                 
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Luis Alberto Barquera

Finalmente se cumplió el plazo y ya entró a la Cámara de Diputados la iniciativa para derogar la reforma educativa de 2013, con la idea de que se va a poner punto final a la falta de respeto a los maestros, se abrirá el sistema educativo a su participación y el INEE desaparecerá debido a que es inútil para mejorar los aprendizajes de los alumnos.

Ya no se ofenderá más a los maestros. Es cierto que la reforma educativa de 2013 incluyó en su narrativa la denostación de los maestros, cosa que ha hecho muchísimo daño y he señalado en otro momento. Ahora, en aras de los nuevos equilibrios que requiere el nuevo momento político de México, se les ofende regresándolos al estatus de clientelas. En aras de evitar las ofensas al magisterio, se está procediendo a su recaptura. Estamos frente a un nuevo pacto cupular entre la autoridad educativa y el sindicato, que perjudicará en su dignidad y en su vida profesional a los maestros. Ojalá no, pero eso parece. Si regresamos a la vieja carrera magisterial y si el ingreso lo determina la secta sindical correspondiente, estaremos regresando a una situación en la que el maestro estará sometido a las posibilidades que puede brindar la corrupción, no la formación, léase la intermediación del líder de la sección o el compadre o simplemente el sometimiento o la entrega de favores.  Si algo tuvo de bueno la reforma del 2013 fue mantener fuera del otorgamiento de plazas a los líderes del SNTE o la CNTE y ponernos en el camino, aunque hay mucho que corregir, de un verdadero servicio profesional docente.

La nueva reforma es participativa. Morena está rehaciendo un acuerdo de gobernabilidad, de viabilidad burocrática en los estados de la república y de reproducción electoral. El PRI y el PAN desaparecieron como entidades que encarnaron la autoridad educativa; ahora la autoridad educativa estará a cargo de Morena. Obviamente se requiere un nuevo pacto que permita lidiar con un sindicato enorme y con múltiples capacidades para la desestabilización, pero ¿no hay otra salida que regresar a las viejas prácticas del control corporativo al estilo de Elba Esther y sus secuaces? ¿Los aparatos del sistema educativo en las entidades de la república seguirán atentas más a la reproducción burocrática del control político, que a la determinación de impulsar políticas que aseguren permanencia y aprendizaje en la escuela? Al fin y al cabo, el presidente López Obrador le debe al voto magisterial una buena porción de su aplastante triunfo electoral, ¿esto justifica que con la “nueva” reforma se reconstruyan las condiciones para reabrir la participación de las cúpulas, no de los maestros, en las decisiones que afectan a los niños? ¿El premio es reincorporarlas a la autoridad educativa? Son preguntas. Pensar que tomar en cuenta al maestro es tomar en cuenta a sus captores, no es tomar en cuenta al maestro, eso es regresarlo a las garras de sus secuestradores. Lo que menos necesitamos es que el nuevo partido dominante esté tomado decisiones educativas con criterios políticos y que se regrese al escenario en el que las decisiones acaben siendo tomadas por la “mafia del poder” en los sindicatos. Por eso preocupa que lo que venga en lugar de un INEE no incluya una institución dotada de autonomía suficiente para evaluar si el sistema educativo está funcionando con criterios de calidad y equidad educativa.

El INEE no sirvió para mejorar la calidad de la educación en México. Es muy difícil mejorar si no se combaten las condiciones de inequidad del sistema educativo y las políticas que las reproducen. La base de las desigualdades educativas, se encuentra en las desigualdades sociales. Partamos del hecho de que, de acuerdo con el PNUD y UNICEF (2015), respecto al gasto federal en desarrollo humano, el 10% de la población de niñas, niños y adolescentes con mayores ingresos capta $11,615 pesos mensuales, mientras que el 10% con menores ingresos recibe sólo $334 pesos al mes, es decir, casi 35 veces menos que el primer grupo. Sin embargo, pese a esta situación, no se modifican las políticas, única forma de hacer contrapeso a la injusta distribución antes mencionada.

Un estudio de ODISEA, A. C. en 34 municipios veracruzanos considerados indígenas (70% y más de población indígena), donde el 86.1% de las personas, casi nueve de cada diez, vive en condición de pobreza en esos municipios (CONEVAL, “Medición de la pobreza municipal 2010-2015”), muestra que en estas demarcaciones casi siete de cada diez niños y niñas de 6º. grado de primaria (68.9%) se ubican en el Nivel 1 de la prueba Planea (2015)[1] en Lenguaje y Comunicación,  en tanto que cerca de la mitad de los que habitan en municipios no indígenas se ubican en este mismo nivel (45%). Aunque la proporción de alumnos en este nivel es preocupante, tanto en municipios indígenas como en no indígenas, la brecha se separa a ambos grupos es de 23.9 puntos porcentuales. En algunos municipios, como Tehuipango y Mixtla de Altamirano, donde hablan lengua indígena el 99.5% y el 97.1% y reconocen su pertenencia indígena el 98.0% y el 97.9%, respectivamente, se ubican en ese nivel prácticamente la totalidad de niñas y niños: 92.0% en el caso del primero y 98.8% en el caso del segundo. Esto se debe a la presencia de maestros que no hablan la lengua de los alumnos de las comunidades donde viven y a su deficiente formación inicial, así como falta de materiales adecuados y pertinentes, entre otras cosas que sí puede corregir la autoridad educativa para mejorar los aprendizajes de estos niños y niñas pero no lo hace o lo hace insuficientemente o mal y sin los recursos necesarios.

 

El INEE ha hecho propuestas puntuales de política a través de sus Directrices, pero la SEP las ha ignorado y por lo tanto, por lo menos hasta la administración anterior, las cosas no han cambiado. Y, en cuanto al gasto, éste continúa siendo inequitativo e inercial, y los recortes permanecen.  De acuerdo con la Cuenta Pública 2017, algunos programas supuestamente muy importantes sufrieron reducciones cuantiosas, por ejemplo: Desarrollo profesional docente: -65.3%; Fortalecimiento de la calidad educativa: -27.4% e Inclusión y calidad educativa: -55.5% Hoy menos que nunca necesitamos una evaluación que esté en manos de la propia autoridad educativa como juez y parte. Que quede claro: el INEE hizo lo que le correspondía, mientras que la SEP boicoteó la reforma educativa, por ejemplo, no invirtiendo suficientes recursos humanos y financieros en la formación de los maestros destinados a las localidades más pobres de México. No hay proporción entre los errores de una y otra parte.

La nueva reforma educativa parece anunciar el regreso a los tiempos anteriores al 2013. Ojalá no, pero así parece.

El INEE es un chivo expiatorio. Los errores de implementación de la SEP, los recortes presupuestales, intereses corporativos y electorales y, en general, la inequidad del sistema educativo, ponen hoy en la picota a la institución más sana del sistema educativo, con todo y los errores que se han señalado sobre el desempeño de esta institución, en particular no haber insistido con pericia y con más fuerza en los cambios programáticos y presupuestales que requiere el sistema educativo y no acusar a la SEP de sus errores en la implementación de la reforma del 2013. En una lógica de política pública, de lo que se trataba era de fortalecerlo y mejorarlo, no de eliminarlo.

Con la desaparición del INEE se elimina un organismo autónomo que, más allá de errores, constituía un poder en desarrollo basado en la evaluación del sistema educativo desde una perspectiva de derechos, que hacía contrapeso a la SEP y el SNTE. Si en alguna época de nuestra triste historia se colocó con seriedad el tema de la calidad y la equidad educativa ha sido en los tiempos del INEE, sobre todo con las Directrices que emitió a partir de la reforma del 2013. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora parece que regresamos a un poder dual basado en negociaciones y prebendas, sin contrapeso alguno, que mina la autoridad educativa y pasa por encima del interés superior del niño que, desde el punto de vista del derecho a la educación, no es otro que el de aprender y de desarrollar su máximo potencial, y también, aunque muchos no lo crean, de los legítimos intereses de los maestros, que no son otros que un ingreso al sistema educativo basado en reglas claras, formación profesional y acompañamiento a su esfuerzo, y salario digno.

@LuisBarquera

[1] El Nivel I representa un logro insuficiente de los aprendizajes clave del currículum en esa prueba, lo que refleja carencias fundamentales que dificultarán el aprendizaje futuro y su participación en la sociedad del conocimiento.

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