¿Qué se pierde si desaparece el INEE? Para mí es una pregunta sencilla de responder. Sin embargo, es motivo de múltiples debates y comentarios en los que la mayoría de los análisis han sido superficiales. A lo que nos enfrentamos es a desaparecer a un organismo constitucional autónomo, con base en percepciones y juicios sin fundamento, y sin haber hecho una revisión de sus aportaciones al Sistema Educativo Nacional, lo que debilita la discusión política que hoy, más que nunca, es imprescindible.

Palabras en ocasión de la despedida a Gilberto como miembro de la Junta de Gobierno del INEE. El término de la participación del compañero Gilberto Guevara Niebla en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es el cierre de un capítulo muy importante para este organismo autónomo. Por ello, despedirle es algo que me deja con sentimiento de tristeza, pero también con una gran certeza: desde su nueva trinchera, Gilberto continuará trabajando por lo que se ha convertido en la misión de su vida: la educación de los niños y jóvenes de México.

Hace cinco años escribí una nota con motivo de los primeros diez años del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). En ese momento me preguntaba lo mismo que ahora formulo: ¿Y hacia adelante, qué? Entonces señalaba que una situación ideal para el INEE sería la de un Instituto con autonomía, con recursos suficientes y reconocimiento sobre su seriedad y compromiso. Por lo que sin duda me complació que en 2013, en el marco de la reforma educativa, se le confiriese el carácter de organismo constitucional autónomo.

Hemos transitado de un sistema educativo que privilegiaba la universalización de la educación y la enseñanza (lo que hizo el Estado mexicano de manera destacada en el siglo XX), hacia uno que da prioridad a la calidad y pertinencia de la educación y el aprendizaje. Las demandas que se imponen hoy sobre nuestro sistema educativo han cambiado; y también hemos sido testigos –en las últimas décadas del siglo XX y lo que llevamos del XXI– de la profesionalización paulatina del ejercicio docente. Era necesario reformar el antiguo marco del estatuto profesional de los docentes que, en la práctica, aseguraba un sistema de accesos y promociones diferencial, donde se naturalizaron los tratos desiguales a los que –por definición– debían ser tratados como iguales por derecho. Esto es, se requería liberar a los maestros de la discrecionalidad y algunas prácticas de corrupción con que se había conducido, por “usos y costumbres” a lo largo de las décadas, el ejercicio docente en México.

He sido testigo y actor toda la (corta) vida del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: inicié mi trabajo en esta institución como miembro de su primer Consejo Técnico, y luego como presidenta de dicho Consejo.