Brújula

• David Calderón
• 27 febrero, 2019
• Opinión
• DAVID CALDERÓN

Los cambios a la Constitución en materia educativa marcan rumbo, son brújula. No basta con que cambie el marco normativo, pues la transformación de fondo pasa en el aula y en el patio, en las familias y en las comunidades, pero sin claridad en las reglas no hay tino en el rumbo. Sin brújula nos perdemos.

Los cambios propuestos al texto vigente del 3º constitucional, ¿son o no son un avance para el derecho a la educación de las niñas y los niños? Veamos los aciertos, las propuestas de mejora y los posibles retrocesos.

En la iniciativa que envió el titular del Ejecutivo el 12 de diciembre de 2018 hay elementos valiosos y destaco tres: 1. La mención explícita a niñas, niños y jóvenes; 2. la intención de plasmar una visión de la educación nacional como componente del bienestar señalando un compromiso profundo con la equidad; 3. el reconocimiento al papel clave de maestras y maestros como agentes de cambio social, y el reconocimiento a su derecho a recibir formación continua.

Para tener un artículo 3º que ponga al centro a niños, niñas y jóvenes proponemos: 1. Usar el fraseo del artículo 4º de la propia Constitución, para reiterar el interés superior de la niñez. 2. Puntualizar que la educación será equitativa e inclusiva, sin etiquetar las variadas condiciones de exclusión. Si no, se corre el riesgo de omitir a un grupo o condición; es mejor adicionar al texto que “el Estado aplicará una política adecuada a la diversidad de las personas y de la sociedad, orientada a eliminar todas la barreras al aprendizaje y la participación”. Ese es el rumbo histórico que esta generación de gobernantes, legisladores y activistas le puede dejar a la educación nacional: las verdaderas equidad e inclusión, lo que conlleva la interculturalidad.

Finalmente, ¿en qué no puede haber retroceso a los derechos en el artículo 3º?

Primero, en que se elimine, en lugar de precisar, las referencias al aprendizaje. El acceso y la permanencia no agotan el derecho a la educación, pues se puede estar incluidos en la escuela pero excluidos del aprendizaje. Debe asegurarse que cada niña, niño y joven aprenda lo que necesita para cada etapa, incluyendo desarrollar conocimientos, actitudes y valores; aprendizaje de lo socioemocional y lo ético, además de lo cognitivo. No orientar la formación inicial y continua de los maestros para que propicien que sus alumnos logren esos aprendizajes, es dejar el derecho a la educación sin efectividad.

Segundo, al borrar por completo la actual fracción III, es decir, al eliminar la evaluación que condiciona la permanencia de los docentes en servicio, se borra de un tirón el anclaje constitucional para los concursos de ingreso y promoción. No se pueden perder los derechos profesionales al ingresar a la carrera docente a través de un mecanismo universal, justo, imparcial, público y transparente, como tampoco perder la aspiración a ampliar ingresos, reconocimiento y responsabilidades en promociones a través de concursos, y no por puntajes de un escalafón mecánico, sesgado a lo urbano, y menos con el dominio de las dirigencias sindicales. La profesión magisterial debe ser un encargo que la patria confiere a las personas con más vocación y competencia para superar el contexto de sus alumnos, y hacerlos orgullosos de su identidad y conscientes de sus posibilidades.

Tercero, la modificación a la fracción IX del artículo propuesta en la iniciativa acaba con el Sistema Nacional de Evaluación y sustituye a un órgano constitucional autónomo por un desconcentrado de la SEP, con un consejo que el secretario del ramo puede nombrar y remover a voluntad. Es importante que el Centro sea un órgano cuyo consejo tenga personas probadas en conocimiento teórico y en compromiso real con la educación, propuestos en ternas por el presidente y que el Senado defina a los consejeros, una vez examinados sus antecedentes y escuchados sus proyectos. Así la continuidad de sus trabajos llegará más allá del sexenio y todos en el país podremos confiar en que los datos son rigurosos, pero también que los consejeros son cercanos y en contacto permanente con las familias, las escuelas y los maestros de todo el país.

Las niñas y los niños no firman decretos ni queman camiones, no pueden ofrecer dinero o votos, no reparten cargos ni pueden inhibir a sus competidores. Todas y todos tendremos que dar la cara a las generaciones futuras, y responder con verdad si contribuimos a los arreglos, a los intercambios de amenazas o al reparto de beneficios entre los adultos, o si efectivamente nos comprometimos con niñas y niños.