Desde el principio de la discusión de la reforma educativa en el año 2012 (antes, durante y después de la toma de posesión federal) y sobre todo con la aparición de las leyes educativas secundarias en septiembre de 2013 (en particular la ley docente) el centro del debate fue la evaluación docente para efectos de la permanencia.
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En este país hemos aprendido que para sacar adelante proyectos educativos, antes deben de pasar por una serie de filtros y negociaciones con las instancias instancias y agencias interesadas, metidas o comprometidas con los contenidos y también con las formas de dichos proyectos.
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Hasta el cansancio, sin pausa, el gobierno ha dicho que su reforma educativa era impostergable porque urgía “recuperar, para el Estado, la rectoría de la educación”. Es falso el enunciado pues el mando nunca se lo arrebataron: los distintos gobiernos, desde hace décadas, acordaron compartirlo con la estructura dirigente, corrupta y antidemocrática, del SNTE (anexos, similares y conexos), porque vieron en esas camarillas, como en un espejo, su propia cara. Eran, por catadura ética y cinismo, idénticos. De manera impune y, sobre todo, sin que les importara un comino, pactaron, a cambio de favores políticos y económicos recíprocos, soterrar la educación. La SEP no fue “colonizada”: junto con el sindicato, eso sí, colonizaron el espacio educativo del país para ponerlo al servicio de sus intereses de corto plazo y precarias ideas.
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Tal vez hoy como nunca en México pudiera pulsarse la máxima de Antonio Gramsci de que “la política es educación y la educación es política”, aunque no en el sentido elevado en que el filósofo italiano lo planteó. Sirvan de ejemplo cuatro viñetas de la política educativa que se concatenan de manera compleja.
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El 7 de julio de 2016, dos semanas después del enfrentamiento de Nochixtlán, punto crítico de las protestas magisteriales contra la Reforma Educativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitió un comunicado en el que fijaba su postura acerca de la implementación de la misma. En el escrito, expresaba algunos resolutivos entre los que destacaban la eliminación de cualquier rasgo punitivo de la evaluación docente, así como la diversificación y contextualización de sus instrumentos, su realización dentro de la jornada laboral y, en general, el replanteamiento de todo el proceso, para redundar en una evaluación más realista y cercana a la experiencia cotidiana. Se expresaban también otras exigencias tales como la transformación de las condiciones de infraestructura de los planteles educativos y el fortalecimiento de las Escuelas Normales, entre otras. El documento, que fue firmado por Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General Sindical, y 55 secretarios generales seccionales, reconocía entonces fallas graves no sólo de la aplicación de la Reforma Educativa, sino del funcionamiento en general del sistema educativo, y urgía a las autoridades a tomar las medidas correspondientes para su solución.
Continua LeyendoEn tiempo de campañas políticas como el que actualmente vivimos, la educación o juega un papel protagónico y está en el centro de las discusiones como fue a partir de la propuesta del 12 de mayo o de plano, queda en un espacio sesgado al cual los políticos con aspiraciones sólo se refieren a ella con demagogia para hacer creer que ello les interesa.
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El derecho a aprender exige que la transformación educativa sea un proceso continuo, permanente, de acercamientos sucesivos. Como ocurre con todos los derechos, su comprensión y promoción son históricamente situadas: apenas se avanza un poco en su ejercicio, diversos actores descubren que las garantías vigentes al momento son inadecuadas por insuficientes. Siempre hay que ir por más.
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La reforma derivada del Pacto por México y plasmada en la reforma al artículo tercero constitucional y normativa secundaria, tenía un enfoque eminentemente político (recuperar la rectoría del Estado en materia educativa) e implantar procedimientos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la plaza docente. En la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), puesta en vigor el 11 de septiembre de 2013, estableció las reglas para la evaluación docente y sus consecuencias de orden laboral (véase).
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El reinado de tantos años de la agenda centrada en la calidad educativa (evaluación, transparencia y uso de evidencia en la formulación e instrumentación de la política educativa, entre otros) ha entrado en posición defensiva. Ello, a raíz de los pronunciamientos del candidato puntero a la presidencia en materia educativa, cuyo foco ha estado en el combate a la exclusión social y no en la calidad de los aprendizajes.
Continua LeyendoLa Sociedad de Educación Comparada e Internacional (CIES) celebró su Conferencia 62 en la Ciudad de México en marzo pasado. En estos congresos, aunque en esencia sean académicos, se discuten asuntos de política educativa de importancia global y sus repercusiones locales. Las diferentes actividades facultan a los participantes a entender que, por muy particulares y específicos que parezcan ciertos fenómenos, siempre hay un parangón en otra parte del mundo.
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