No soy muy dado a ser uno de los abajo firmantes. Me parece difícil suscribir todas las palabras de algún manifiesto, aunque esté de acuerdo con su espíritu. Pero el jueves hice una excepción. Signé —con firmeza— una petición del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, de Oaxaca, al gobernadorAlejandro Murat Hinojosa.
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El pasado 31 de octubre, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, acudió a la Comisión de Educación del Senado para explicar, conforme a lo mandata el artículo 93 constitucional, detalles de lo reportado por el gobierno federal en el informe de labores que se presentó el 1 de septiembre. Un ejercicio que debiera representar un espacio mínimo para la rendición de cuentas, en el que los representantes de los estados fueran capaces de entablar diálogos críticos y constructivos sobre los principales avances y retos de la política educativa. Sin embargo, en las4 horas y 33 minutosque duró la comparecencia del secretario Nuño fueron escasos los cuestionamientos que buscaron entender a cabalidad el estado que guarda hoy la reforma educativa y los demás aspectos de la política en esta materia.
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Reconocer a un@ director@ o supervisor@ escolar como un líder capaz de transformar una comunidad educativa, sólo será posible si él mismo asume su compromiso como agente de cambio y desarrolla un liderazgo efectivo junto a su comunidad.
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En un diálogo que sostuve recientemente con maestros supervisores, les hacía ver que México debería imitar a países como Finlandia donde el grupo magisterial es objeto de distinción y privilegios. Nuestros maestros, también deberían ser objeto de un trato similar, la sociedad entera debería inclinarse ante ellos, pagarles mejores salarios y darles todos los medios para su superación profesional.
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El pasado martes 7, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dio a conocer el Informe Nacional de Resultados del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía 2016. Lo coordinó la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA), la misma que organiza el de Tendencias en Ciencias y Matemáticas, el TIMSS. El objetivo de la prueba de educación cívica es establecer qué tan preparados están los jóvenes para ser ciudadanos del siglo XXI.
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En la actualidad la mayoría de los países en Latinoamérica posee numerosos inmigrantes, entendiéndose como el desplazamiento de los sujetos a través de una frontera internacional o dentro de su país, es decir, fuera del lugar de residencia, teniendo esto implicaciones frente al status económico, identitario, cultural, social e incluso familiar, que en muchos contextos los pondrá en desventaja. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define migración como “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006).
Continua LeyendoEl miércoles 8, el secretario de Educación Pública,Aurelio Nuño, compareció ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Estos ritos ya no son como antaño, foros para el lucimiento de altos funcionarios; hasta parecía que iban de día de campo. Hoy, hay altercados —y hasta diatribas— que les quitan lo aburrido, incluso, parece que nos acercamos a un régimen de debate parlamentario civilizado.
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El componente de la reforma de la educación relativo a la formación ciudadana se topa de manera persistente con el problema de la corrupción gubernamental, fenómeno que pone a prueba de manera cotidiana la coherencia entre los objetivos de cambio en la formación de los ciudadanos, por un lado, y por el otro, la inconsistencia del aparato gubernamental en sus responsabilidades relativas al uso del dinero que la sociedad le entrega para las necesidades del Estado.
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El Estado contemporáneo enfrenta un dilema básico: instrumentar soluciones que respondan a las demandas sociales de acceso y participación en la distribución de recursos, y al mismo tiempo cumplir con metas de crecimiento económico y satisfacción de compromisos de eficacia y transparencia en la gestión. Buena parte de la discusión académica en torno a las condiciones de gobernabilidad aborda tal dilema, el cual se expresa, entre otros aspectos, en un continuo debate acerca de las condiciones y prácticas democráticas.
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Pese a que en sus constantes discursos y entrevistas a los medios de comunicación, Aurelio Nuño – aún Secretario de Educación en nuestro país –, ha declarado que las escuelas de los diferentes niveles que integran el Sistema Educativo Mexicano (SEM), se encuentran en condiciones para que los alumnos y profesores regresen a sus clases después de los estragos que dejaron los pasados sismos, del 7 y 19 de septiembre en varias entidades del país. Los hechos, las evidencias, vaya, las cosas en este sentido, no son como este funcionario las pinta; y es que son varias las quejas de maestros, padres de familia e, incluso, de los propios estudiantes, que a diario observamos en diversos espacios – redes sociales por ejemplo – o bien, de las que cotidianamente somos testigos dado nuestro diario andar por esas instituciones educativas.
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