Quizá porque el culto a los símbolos de la nación ha caído en desuso y ha dejado de formar parte de las estrategias de promoción del Estado y de las fuerzas que integran el tablero político del país. Tal vez porque el cúmulo de noticias sobre los problemas, riesgos y amenazas que enmarcan nuestra coyuntura ocupa el centro de la atención pública.
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Hoy, 9 de marzo, acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por este motivo se han desarrollado numerosos actos reivindicativos alrededor del mundo. En 50 países de todo el mundo; Europa (España, Bélgica, Polonia, Ucrania), América (México, Argentina) o en Asia (Turquía, Japón) han llevado a cabo paros laborales, ceses del consumo, dejación de los cuidados domésticos durante un tiempo simbólico para salir a la calle mostrando de un modo explícito qué ocurriría si se parara la labor llevada a cabo por las mujeres, es decir la mitad de la humanidad. Todo ello bajo el lema: Si se paran las mujeres, se para el mundo.
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Escribo estas líneas apenas observar un video de solo dos minutos y 20 segundos en el cual la reportera, sarcástica sin piedad, exhibe las inadmisibles ignorancias de un grupo de maestras a las cuales entrevista con preguntas que cualquier ciudadano medianamente instruido tendría que conocer: la capital de los Estados de México o Chiapas, el nombre del primer presidente mexicano, una división matemática o el pretérito del verbo amar. Las respuestas fueron, en todos los casos, desacertadas, algunas grotescamente.
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No una, sino diez ocasiones se ha reformado el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917 a 2016. Estas reformas han dado lugar a la estructura y dimensión de la educación obligatoria actual, a partir de cinco hitos fundamentales: 1) la definición de sus principios históricos fundacionales: educación pública, gratuita y laica, así como de su orientación democrática y hacia la convivencia humana; 2) el crecimiento de la escolarización obligatoria que ahora cubre desde la educación preescolar, hasta la media superior; 3) la distribución de la función social educativa, que establece el marco legal de atribuciones entre los diferentes órdenes de gobierno; 4) el reconocimiento del enfoque de derechos que pone mayor énfasis en la atención de los grupos más vulnerables, y 5) la incorporación de una característica más a la educación obligatoria con la reforma de 2013: el ser de “calidad” ―definiéndola como el máximo logro de aprendizaje de los alumnos―, asignando al Estado la obligación de garantizarla.
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La solidaridad es un objeto poco frecuente en la investigación educativa. No tiene el atractivo de otros asuntos de filosofía o política de la educación. Sin embargo, su análisis y promoción es fundamental para una educación democrática. El estudio de la práctica docente corre por otro carril. Hay incontables proyectos que la tratan, desde diversas configuraciones teóricas y empíricas, ya para cuestiones pedagógicas en general, ya para un campo particular.
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A partir de la reforma de 2013 se han abierto gran cantidad de espacios en los medios de comunicación dedicados a la educación. Muchas columnas se han referido a la evaluación docente, sus críticas y oposiciones, al nuevo modelo educativo, a la evaluación de los aprendizajes o a la autonomía del INEE. Sin embargo, desde mi punto de vista hay un tema urgente que no ha estado presente en la agenda del debate público: la Educación Media Superior (EMS) en México.
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Uno de los argumentos que de manera permanente se han esgrimido sobre la necesidad de la evaluación como punto de soporte de la Reforma Educativa, tiene que ver con la necesidad de conocer cuáles son las áreas de mejora para poder emprender en consecuencia acciones que permitan generar acciones del Estado Mexicano para su solución.
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En la historia de México han ocurrido diversos proyectos para ofrecer educación a la población indígena. En la primera mitad del siglo XX predominó una visión de corte integracionista, presente en las variadas iniciativas de castellanización y de incorporación de los niños y niñas indígenas al currículum oficial de la educación básica.
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El modelo educativo 2016 incluye la participación de los padres de familia en la escuela para la formación integral de los alumnos. También especifica su competencia y declara que son los docentes quienes ejecutan el proceso de enseñanza y ayudan a detonar el aprendizaje en la división de responsabilidades; indicando que se deben compartir las atribuciones para cada actor del sistema, de modo que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones que corresponden a cada uno.
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A diferencia de las demás entidades federativas, que se encargan de la escala educativa completa (básica, media superior y superior autónoma), el gobierno federal nunca ha permitido o facilitado a la ciudad llegar a ese punto. Y ahora sucede que hasta lo poco que ha podido crear –los niveles superiores de educación– es objeto de hostigamiento. No sólo por momentos la Secretaría de Educación Pública (SEP) se suma a la campaña de descalificación, busca aplicar la reforma educativa en la media superior y superior, sino que, ahora, parece optar por el acoso financiero. Ha decidido suspender a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) casi todo el subsidio que ya le había otorgado la Cámara de Diputados. Una medida extralegal y agresiva contra una universidad pública y autónoma, y un despojo a la Ciudad de México.
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