Dice el refrán que las “comparaciones son odiosas” y esto quizás sea verdad para las personas, pero en el ámbito de las políticas públicas no aplica igual este proverbio. Sin una comparación internacional de las acciones que propone el gobierno para tratar de solucionar los problemas sociales, es muy difícil establecer una valoración justa de su efectividad.
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La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que la “educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas”.
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Las relaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobernadores de Oaxaca parecen surgir de un cuento tenebroso. Algunos aplauden la “visión” del novel gobernador, Alejandro Murat, por haberse reunido, a escasos días de iniciar su gobierno, con la Comisión Política de la Sección 22 y lograr acuerdos con los maestros disidentes. Éstos se comprometieron, según el boletín del gobierno local, a respetar el calendario escolar, normalizar la prestación de los servicios de educación y que los egresados de las normales participen en la evaluación para el ingreso.
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México no parece estar bien equipado para prosperar en un mundo marcado por cambios tecnológicos vertiginosos, así como por la importancia creciente del conocimiento científico y de las habilidades de razonamiento complejo para el crecimiento económico de los países, así como para el desarrollo y bienestar de las personas. Así lo sugieren, en todo caso, los resultados obtenidos por los alumnos mexicanos de 15 años que participaron en PISA 2015.
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Ahora que finalmente nuestro país cuenta con una serie de documentos que pretenden establecer el rumbo de la educación para los próximos años (Los Fines de la Educación en el Siglo XXI, El Modelo Educativo 2016 y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria) saltan a la vista múltiples interrogantes que van más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con las propuestas, enfoques y énfasis de lo que el propio gobierno, a través del Secretario de Educación Pública, ha definido como “el planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa”.
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¿Existe algo más allá de los resultados publicados de PISA? No pareciera. Desde el 2000, cuando las evaluaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) irrumpieron en la escena educativa, México ha mostrado sus debilidades en este terreno (cabús de la Organización), sin haber logrado más que los lamentos de prensa correspondientes. Hacen nota un par de días y esperan 3 años a la siguiente evaluación.
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Una vez más nuestro país sale mal librado de un reporte internacional, en este caso la publicación de los resultados de la prueba PISA, dicha prueba se aplica a jóvenes de 15 años un año después de que egresan de la escuela secundaria. La prueba es por competencias, estandarizada y se aplica de manera estratificada cada 3 años. Este es un ejercicio de verdadera evaluación, que el gobierno federal no quiere abrirse para practicarla.
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En mi entrega de la semana pasada sostuve que a los programas universitarios de tutoría los circunscribe una problemática institucional compleja. Invitaba, por lo tanto, a reflexionar en dos direcciones: En primer lugar, si las estrategias para apoyar académica y personalmente a los estudiantes podían dar resultados cuando hacemos poco en nuestras instituciones para combatir dos vicios como el abuso de poder y el hostigamiento sexual.
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En la víspera del año nuevo cabe traer a cuenta algunos de los retos que habrán de enfrentarse en materia educativa. Un aspecto central es el financiamiento a la educación, ya que involucra el cumplimiento del derecho a la educación (gratuidad, obligatoriedad, exigibilidad y justiciabilidad). El presupuesto destinado a educación en 2017 será de 31 mil 600 millones de pesos menos de lo que se contó en este año,
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El primero de julio de 2015 Moody´s comunicó un descenso en la calificación crediticia de Laureate Education. Según el reporte, la transnacional de educación superior con fines de lucro disminuyó del nivel B2 al B3. Las obligaciones de deuda con esa calificación corresponden, según la escala Moody´s, a lo que popularmente se conoce como “bonos chatarra” (junk bonds), o en forma más técnica, a “obligaciones de alto riesgo crediticio.”
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