El lunes de esta semana se dieron a conocer los resultados generales de la primera Evaluación del Desempeño Docente, correspondiente al ciclo escolar 2015-2016. Las cifras dadas a conocer por la SEP indican, en resumen, que “15.3 por ciento de los participantes obtuvo resultados insuficientes; 36.2 por ciento resultados suficientes; 40.5 por ciento resultados buenos; y 8.0 por ciento resultados destacados o incluso excelentes.”
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Escribo estas líneas a pocas horas de haberse dado a conocer los resultados de la evaluación al desempeño docente. Da la impresión de que en los próximos días escucharemos distintos mensajes en los medios de comunicación. Unos tratarán de promover una visión pesimista de las cosas mientras que otros, sobre todo los oficiales, pecarán de optimistas. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, tituló así su comunicado: “A partir de ahora, el mérito es el único criterio para determinar el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento en el Servicio Profesional Docente” (SEP Comunicado, 29/02/16)
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Hemos transitado de un sistema educativo que privilegiaba la universalización de la educación y la enseñanza (lo que hizo el Estado mexicano de manera destacada en el siglo XX), hacia uno que da prioridad a la calidad y pertinencia de la educación y el aprendizaje. Las demandas que se imponen hoy sobre nuestro sistema educativo han cambiado; y también hemos sido testigos –en las últimas décadas del siglo XX y lo que llevamos del XXI– de la profesionalización paulatina del ejercicio docente. Era necesario reformar el antiguo marco del estatuto profesional de los docentes que, en la práctica, aseguraba un sistema de accesos y promociones diferencial, donde se naturalizaron los tratos desiguales a los que –por definición– debían ser tratados como iguales por derecho. Esto es, se requería liberar a los maestros de la discrecionalidad y algunas prácticas de corrupción con que se había conducido, por “usos y costumbres” a lo largo de las décadas, el ejercicio docente en México.
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Tenemos pocos años de conocer los resultados de las evaluaciones educativas. Éstas pueden ser aplicadas a docentes o a alumnos.
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Resulta difícil oír las cosas que dice el señor Trump sobre México y los mexicanos y no caer presa de unas ganas irresistibles de abrazar la bandera nacional y salir en su defensa. Es entendible, en casi todos los casos y con muchísima frecuencia ocurre que el ataque de un tercero a la identidad nacional termine detonando reacciones de airada reivindicación de esa identidad lastimada.
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Autores neoinstitucionalistas arguyen que para asegurar el predominio político, el control de los símbolos es tan importante como el de los otros recursos del poder. Por símbolos entienden el material gráfico, pero más que nada los mensajes cifrados en ritos, ceremonias y el lenguaje, incluido el corporal: énfasis y ademanes.
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En su edición bisiesta, Reforma publicó un anuncio de fuentes oficiales de la SEP: “El esfuerzo de los maestros se verá reflejado en sus ingresos. Más de 10 mil profesores que obtuvieron resultados destacados o de excelencia en la Evaluación de Desempeño Docente recibirán un incremento de 35 por ciento a su sueldo base. Además, tendrán un acceso preferencial a créditos de vivienda y personal del ISSSTE”.
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La reforma tuvo, como eje fundamental en su diseño, un supuesto: la fuente, si no única, sí la más importante de los problemas educativos en México, era el magisterio. Al ser concebidos como causa, la acusación simplificadora fue inmediata: los profesores y las maestras en el país, desde preescolar al nivel medio superior, estaban mal preparados. Inculpados sin miramientos, ni matiz, como un gremio repleto de flojos, violentos, ignorantes y desobligados, el (también) único remedio era evaluarlos: “el corazón de la reforma es la evaluación”. Ha sido de tal manera central este prejuicio, que ha generado lo propio e inevitable: perjuicios. Sobre todo, la estigmatización de las y los docentes y, derivado de ello, su ubicación en el proceso como objetos, cosas a reformar, y no como sujetos, socios indispensables, en la transformación que sin duda requiere el acceso al conocimiento en el país.
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La reforma educativa tiene siete prioridades y la tercera es el desarrollo profesional docente. El objetivo de esta prioridad es formar y seleccionar a los mejores maestros, al tiempo que les brindamos certeza laboral, incentivos salariales y oportunidades de desarrollo. De esta manera, nuestro sistema educativo podrá transitar de uno opaco, arbitrario e injusto a uno que privilegia la dedicación personal y el esfuerzo profesional.
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El reciente anuncio sobre la reducción del techo financiero del gasto educativo junto con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto educativo ejercido en 2014, son un recordatorio para no perder de vista la importancia de construir mecanismos sociales para vigilar que el dinero público no se desvíe de sus objetivos fundamentales. El aparato burocrático es un devorador de recursos que fácilmente puede perder el rumbo y alejarse de lo esencial: garantizar que nuestras jóvenes generaciones encuentren oportunidades vitales en las escuelas.
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